Ecuador

"Las servidumbres mineras ubicadas en Tundayme están interpuestas en el territorio colectivo de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) que habita el lugar históricamente. Esta servidumbre al estar en un territorio colectivo debió ser consultada, es decir, el Estado debió realizar la consulta previa, libre e informada como establece el numeral 7, del artículo 57 de la Constitución del Ecuador. Sin embargo, no lo realizó y por ende este proceso de servidumbre es inconstitucional."

El pasado 7 de octubre tuvo lugar la Mesa Nacional de Ley de Tierras. OCARU continúa realizando entrevistas para el #DebateInformado con Milton Yulán (Presidente de la Asociación Tierra y Vida).

“Las movilizaciones son pacíficas y se mantendrán hasta que Petroamazonas E.P. y las subcontratistas CVA, CPP y SEPEGA cancelen sus deudas con los trabajadores y la Comuna”, anunció el portavoz de Edén.

"Nuestro aporte a la discusión actual sobre el tema de la Ley de Tierras, es precisamente articular a nuestras lecturas las visiones de las organizaciones sociales que disputan el sentido del campo".

Como es de su conocimiento el pasado el 30 de septiembre de 2015, en San Marcos de la Parroquia Tundayme, cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe, se desalojaron a 13 familias por parte de miembros de la empresa minera china ECUACORRIENTE y por 135 miembros de la Policía Nacional.

"El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama rechaza esta cobarde agresión y alerta a la opinión pública de que el gobierno de Rafael Correa con total prepotencia trata de imponer a sangre y fuego el mega proyecto de oro Río Blanco de la empresa china Junefield".

El 19 de octubre, se realizaron dos audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; de transcendencia para pueblos indígenas aislados y mujeres defensoras del ambiente, que hace algún tiempo presentaron las denuncias, ante este organismo, por el irrespeto a sus derechos humanos y colectivos.

Amparado en un falso discurso progresista, de izquierda y de redistribución, el gobierno de Rafael Correa ha desmantelado la Constitución de la República del Ecuador –la primera en el mundo que hasta hace poco velaba por los derechos de la naturaleza– al servicio de lo privado, es decir, de unos cuantos intereses nacionales y extranjeros.