Guatemala

Representantes de las comunidades afectadas por la contaminación del río La Pasión que afecto directamente a todas las especies de animales que habitaban en sus aguas exigen en la ciudad capital que el Estado asuma con madurez y responsabilidad la investigación y aplicación de sanciones drásticas a las empresa de Palma Africana por los daños irreversibles que sufre el ecosistema petenero, por el Ecocidio en el río La Pasión y la salud de miles de habitantes.

Con la participación de 650 integrantes de 88 delegaciones de Pueblos, Autoridades Ancestrales, Comunidades en Resistencia, Campesinos, Mujeres, Estudiantes, Jóvenes, Sindicalistas, Profesionales y Académicos, Artistas, ONGs, Defensores de Derechos Humanos de las cuatro esquinas de nuestra Guatemala, nos hemos reencontrado en la Segunda Asamblea Social y Popular en estas jornadas luminosas de despertar ciudadano y popular para reafirmar nuestra indignación ante la corrupción e impunidad, pero también para reafirmar nuestra voluntad de continuar tejiendo relaciones y articulaciones para que nuestra voz sea escuchada.

"Alerta roja institucional fue declarada el 11 de junio, en el municipio de Sayaxché, Petén. La causa del desastre ecológico, confirmada por el Ministerio Público, fue el vertido del agroquímico Malation a los afluentes del río La Pasión, responsabilidad de la empresa Reforestadora de Palmas de Petén (REPSA)."

“El Estado ha colapsado. Todas sus instituciones más importantes están corrompidas. Así no podemos vivir. Necesitamos una nueva casa para todos. Vamos construir una nueva Guatemala a través de un proceso constituyente popular plurinacional”, plateó Telma Cabrera, indígena mam, Presidenta del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), ante una multitud de indignados movilizados del campo a la ciudad exigiendo la renuncia del Gobierno y la refundación del Estado.

Progreso VII Derivada (también conocida como El Tambor) es parte de una serie de planes por explotar varias regiones en municipios que se sitúan al nororiente del departamento central de Guatemala. El proyecto minero se halla entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, cuya entrada se encuentra en un área que entre los vecinos se conoce como La Puya.

La empresa española, Hidralia Energía, está detrás de la criminalización de la población guatemalteca que defiende sus tierras y sustento de la construcción de una mega-represa que atenta contra los derechos humanos y ambientales.

Durante el pasado mes de marzo se realizó en Guatemala una gira de presentaciones del informe de investigación “La hidroeléctrica Xalalá en territorio indígena maya q’eqchi’ de Guatemala. ¿Qué pasará con nuestra tierra y agua sagradas? Un análisis antropológico-jurídico de los derechos humanos amenazados”.

Organizaciones de la sociedad civil latinoamericana le solicitaron al presidente de Guatemala no oponerse a enlistar al Paraquat y sus formulaciones en la categoría de extremadamente peligrosa.