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Por todos lados escuchamos noticias preocupantes sobre los distintos aspectos de la crisis: las finanzas, el clima, la salud, la escasez de alimentos y agua. Frente a ello, los gobiernos y empresas que propiciaron la crisis insisten en que la solución no está en cambiar radicalmente los modos de producción y consumo ni terminar con el acaparamiento de tierras, la injusticia social, o con la relación explotadora y contaminante con el ambiente y la naturaleza. Que lo necesario es promover remedios tecnológicos nuevos.

Hace dos semanas denunció en Página/12 los efectos devastadores del compuesto herbicida sobre los embriones humanos. Esperaba una reacción, “pero no tan violenta”: fue amenazado, le armaron una campaña de desprestigio y hasta afirmaron que sus investigaciones no existían. Carrasco contesta y renueva sus cargos contra las multinacionales químicas.

Los expertos han alertado por años que el aumento de criaderos industriales en gran escala en América del Norte ha creado las condiciones perfectas para el surgimiento y dispersión de nuevas formas de influenza altamente virulentas... ¿Podría haber una situación más ideal para el surgimiento de una pandemia de influenza que un área rural pobre, llena de criaderos industriales propiedad de empresas transnacionales a los que les importa un bledo el bienestar de la población local?

La nueva epidemia de influenza porcina que día a día amenaza con expandirse a más regiones del mundo, no es un fenómeno aislado. Es parte de la crisis generalizada, y tiene sus raíces en el sistema de cría industrial de animales, dominado por grandes empresas trasnacionales.

Del 13 al 17 de abril, la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) hizo públicas 12 solicitudes de Monsanto para la liberación experimental de maíz transgénico en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, pese a que el marco legal de bioseguridad en México está incompleto y plagado de irregularidades.

La primera reunión del G8 sobre agricultura que terminó ayer en Cison di Valmarino produjo una declaración final que no solamente admite sus propios fallos en el pasado, sino que prevé un futuro lleno de contradicciones. El G8 no podrá nunca aliviar el hambre en el mundo tomando decisiones a puerta cerrada, en ausencia de los actores principales del debate mundial sobre agricultura- los millones de campesinos y familias de agricultores, hombres y mujeres, que alimentan al mundo.

El 18 de febrero de 2009, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una flamante Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, que entre otros puntos importantes, declara al país “libre de cultivos y semillas transgénicas”. Sin embargo, a pesar de una amplia oposición popular, la legislación dejó una puerta abierta para la aprobación de cultivos transgénicos en casos “excepcionales”.

La asociación de ‘minería’ con ‘desarrollo’ constituye, qué duda cabe, uno de los ‘argumentos’ predilectos del discurso oficial minero, esto es, el discurso que sostienen los cómplices y partícipes del gran negociado minero: entre otros, mercaderes del conocimiento que circulan impunemente entre lo público y lo privado, funcionarios ‘desprevenidos’ y/o inescrupulosos, y comerciantes diversos del rubro.

"Este año, hasta 100 acciones tales como manifestaciones, teatros callejeros, video proyecciones, acciones directas, conferencias, muestras de arte, mercados de alimentos locales, publicaciones, intercambios..., están siendo organizados por el movimiento internacional de agricultores Vía Campesina, sus amigos y aliados".

El Grupo Semillas ha preparado un artículo en el que se evidencia la importancia de la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional el Estatuto de Desarrollo Rural. Haber ganado la batalla frente a esta regresiva ley, es el fruto del trabajo y de las reivindicaciones de millones de hombres y mujeres del campo ligados ancestralmente a la tierra; vinculados a sus culturas indígenas, afrocolombianas y campesinas; convencidos del derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos.

Asambleas y activistas socio ambientales de todo el país se reunirán en la capital de la minería contaminante, San Juan, para “decirle basta al modelo de saqueo vigente” y hacer visible otro modelo basado en una concepción de bienes comunes.