Extractivismo

"Además de la explotación de oro, plata, bronce, zinc y otros minerales del subsuelo guatemalteco, el interés por el petróleo constituye otra de las tramas de las grandes empresas nacionales y transnacionales."

"El gobierno peruano ha lanzado un nuevo paquetazo contra los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, insistiendo en buscar un crecimiento económico basado en las actividades extractivas, un modelo heredado por la dictadura fujimorista, que el gobierno profundiza en lugar de transformar y que pone las inversiones por encima de la vida y de los derechos reconocidos ."

En octubre del año pasado pasó por Córdoba el profesor ecuatoriano y colaborador de movimientos sociales Napoleón Saltos Galarza, quien trabajó en las cátedras de Teoría Política, Sociología Agraria, Ecología y Desarrollo, en la Universidad Central de Ecuador. Dialogó en la UCC (Universidad Católica de Córdoba), en el marco de la charla “Política y Sociedad sobre Modelos de desarrollo y extractivismo en América Latina”.

La Empresa Nacional Minera (Enami EP) y la chilena Codelco recibieron el visto bueno de la autoridad ambiental para retomar las actividades de exploración avanzada en el proyecto cuprífero Llurimagua. Este proyecto minero está ubicado en las parroquias García Moreno y Peñaherrera, en el cantón Cotacachi, en Imbabura, y tiene una superficie de 4 839 hectáreas.

La resistencia antiminera recibe toda la aplastante ofensiva del Estado ecuatoriano. El proyecto Llurimagua, en Intag, Imbabura, está concesionado a las estatales Codelco (de Chile) y Enami (Ecuador). Mientras tanto, el estado de sitio en la zona sigue, hay un dirigente preso acusado de rebelión, otro en la clandestinidad. ¿La nueva matriz productiva se hace a las patadas?

Una herencia de guerras de exterminio de las comunidades indígenas y su continuidad hoy con las transnacionales, especialmente las hidroeléctricas y de la minería, siguen dejando en Guatemala ríos de sangre y angustia, pero no han conseguido acallar las voces de protesta y resistencia.

El intento del gobierno de Rafael Correa de desalojar a la principal organización indígena de su edificio, muestra las contradicciones de la “revolución ciudadana”. Está en juego el proyecto de país, un neodesarrollismo anclado en minería, petróleo y grandes hidroeléctricas encubierto bajo el mantra del Buen Vivir.

La tierra ha sido utilizada para el control político del territorio y de la población. El latifundio no solo ha capturado rentas de algo que no ha producido, sino que ha configurado una sociedad hacendataria, con señores regionales autoritarios que disponen sobre las formas de subsistencia de los habitantes y del trabajo que los campesinos sin tierra emprenden en su búsqueda de un lugar mediante la colonización.