Megaproyectos

La Comarca Indígena Ngäbé Büglé ha estado codiciada por empresas transnacionales y gobiernos, debido al yacimiento minero del Cerro Colorado, una reserva de cobre que se valorizado en casi 150 mil millones de dólares y por proyectos hidroeléctricos. Desarrollo que se contrapone a los intereses de la mayoría y que atenta negativamente a los ecosistemas y a la cultura ancestral.

"Exigimos al gobierno la cancelación del proyecto Barro Blanco y la aprobación de la ley especial que prohíba la minería e hidroeléctricas en la comarca Ngäbe-Buglé, para proteger este importante territorio de la devastación ambiental."

Cerca de 1.500 integrantes del MAB de toda la región Nordeste ocupan y montan un campamento en la mañana de este martes (13/03), en la sede de la Compañía Hidroeléctrica del San Francisco (CHESF), en la ciudad de Recife.

"El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel envió una carta a la presidenta manifestándole su preocupación por el tremendo impacto ambiental y social que causará si se continúa con el emprendimiento de la construcción de la mega represa Garabi–Panambi, sobre el Río Uruguay."

El 14 de marzo se celebrará el Día Internacional de Lucha contra las Represas, por los ríos, el agua y la vida. Uno de los referentes en esta lucha, el brasileño Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por su sigla en portugués), tiene planificadas acciones en varios Estados del país del 12 al 16 de marzo.

Um relatório da Comissão de Especialistas em Aplicação de Convenções e Recomendações da OIT, divulgado no último sábado, 3, confirma que o governo brasileiro deveria ter realizado as oitivas indígenas nas aldeias impactadas por Belo Monte antes de qualquer intervenção que possa afetar seus bens e seus direitos.

El empresa italo-española Endesa-Enel se publicita internacionalmente como productora de «energía verde». Campesinos y pescadores colombianos no lo ven de la misma manera y se oponen a su megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo.

"Para algunos, la apropiación (robo) de tierras ajenas contribuye al “progreso” económico y al mal llamado crecimiento del producto interno bruto. Por lo tanto, si las leyes acaban con comunidades y desintegran familias es aceptable porque contribuye al “desarrollo”. Ese discurso gastado y mal concebido se sigue aplicando en Panamá."