Minería

Perú llega a 2025 con un serio debilitamiento en las leyes que protegen los recursos naturales, como la llamada ‘ley antiforestal’ o las modificaciones a la ley contra el crimen organizado. 

En Uspallata el Proyecto Minero San Jorge para la extracción de cobre vuelve a intentar. Tras ser frenado hace más de 15 años por las movilizaciones populares, el pasado 10 de enero bajo otro nombre y operado por las empresas  Zonda Metals GmBH de Suiza del Grupo Solway y la Argentina Grupo Alberdi volvió a ingresar un Informe de Impacto Ambiental. 

El sábado 11 de enero de 2025, el gobierno ecuatoriano intentó hacer una consulta para dar paso al proyecto minero Loma Larga en una zona alejada de las poblaciones de influencia directa y con alrededor de 180 policías y militares armados. “Intentaron realizarla de una manera fraudulenta”, asegura Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA).

La División de Recursos Naturales (DRN) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha publicado el resumen ejecutivo del informe «Minería y Género en el Estado Plurinacional de Bolivia: Diagnóstico y Perspectivas», que aborda de manera exhaustiva las brechas de género en el sector minero boliviano.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos elaboró un informe sobre las deudas que tiene la Corte Constitucional por la falta de resolución de 12 casos de violación a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.

El pasado 10 de enero entró en vigor la Ley General de Minería Metálica en El Salvador, luego de ser aprobada el 23 de diciembre de 2024 por la Asamblea Legislativa y ratificada por el presidente Nayib Bukele.

 El proyecto minero-portuario Dominga ha dejado al descubierto una verdad incómoda: la institucionalidad ambiental en Chile no está a la altura de los desafíos que enfrenta el país. Más allá de las promesas de desarrollo económico y la consabida polémica sobre el impacto ecológico, el caso Dominga expone un sistema profundamente defectuoso, incapaz de garantizar procesos transparentes, participativos y coherentes con los compromisos internacionales de Chile en materia de sostenibilidad.