Minería

Hace poco reapareció mediáticamente Barrick Gold, otra vez con pretensiones de operar en la parte alta del Valle del Huasco. Declaraciones del gerente de relaciones comunitarias, Francisco Salas, hablan de una nueva Barrick, para desmarcarse de los “errores” y seguir dando cuenta de la habilidad de la transnacional canadiense para imponer su voluntad.

Tribunales Ambientales deberán determinar el futuro de la minera Collahuasi, que busca extender su operación por 20 años más mientras comunidades aymara acusan que fueron excluidas de la evaluación ambiental. En una causa paralela, comunidades costeras le imputan daño ambiental a la minera en el mar.

Perú llega a 2025 con un serio debilitamiento en las leyes que protegen los recursos naturales, como la llamada ‘ley antiforestal’ o las modificaciones a la ley contra el crimen organizado. 

En Uspallata el Proyecto Minero San Jorge para la extracción de cobre vuelve a intentar. Tras ser frenado hace más de 15 años por las movilizaciones populares, el pasado 10 de enero bajo otro nombre y operado por las empresas  Zonda Metals GmBH de Suiza del Grupo Solway y la Argentina Grupo Alberdi volvió a ingresar un Informe de Impacto Ambiental. 

El sábado 11 de enero de 2025, el gobierno ecuatoriano intentó hacer una consulta para dar paso al proyecto minero Loma Larga en una zona alejada de las poblaciones de influencia directa y con alrededor de 180 policías y militares armados. “Intentaron realizarla de una manera fraudulenta”, asegura Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA).

La División de Recursos Naturales (DRN) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha publicado el resumen ejecutivo del informe «Minería y Género en el Estado Plurinacional de Bolivia: Diagnóstico y Perspectivas», que aborda de manera exhaustiva las brechas de género en el sector minero boliviano.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos elaboró un informe sobre las deudas que tiene la Corte Constitucional por la falta de resolución de 12 casos de violación a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.