Argentina

El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nro 2 de Mar del Plata (Buenos Aires) a cargo del Dr. Néstor Adrián Salas, declaró la admisibilidad de la acción colectiva pluricultural de amparo ambiental interpuesta por más de 40 emprendimientos agroecológicos, organizaciones y asambleas socioambientales y representantes de pueblos originarios de la provincia de Buenos Aires, para detener la liberación del trigo transgénico HB4 de la empresa INDEAR S.A en dicha jurisdicción. 

"Es absolutamente vital la comunicación comunitaria, popular, el periodismo digno —como el que encarna La tinta— para visibilizar públicamente los impactos de esos modelos, que los grandes medios de comunicación esconden bajo la alfombra. Pero es también esencial para despabilar conciencias y para construir colectivamente esas otras narrativas, hoy más necesarias que nunca, materia prima de la historia y mazorca del cambio en nuestra América. Y, para hacerlo, hay que mancharse".

El incendio que se desató días atrás en la zona del Barrio el Mirador, cercano al cruce de la Ruta Nac. 40 y la Ruta 6 que une este sector rionegrino con la localidad de El Maiten (Chubut), en pocos días devoró más de 8 mil has de bosque nativo e implantado. También arrasó con los sectores de pastoreos de animales, generó pérdidas materiales difíciles de reparar y puso en peligro las viviendas de cientos de pobladores mapuche y campesinos. 

En el mes de Noviembre del año 2020, el Juzgado Federal Civil y Comercial Nro 8 de la Ciudad de Buenos  Aires, le reconoció a la empresa Monsanto (firma en manos de Bayer) el derecho de patente sobre la secuencia genética que le da tolerancia a mayor cantidad del herbicida glifosato a los cultivos de Soja (“robusta tolerancia” textual), y también le daría un mayor rinde (+7 %). Según Monsanto, ello es resultado de una tarea inventiva que merece el otorgamiento de un derecho de patente.

Una barrera en la consecución de la soberanías alimentaria y tecnológica

Un país es soberano cuando puede tomar sus propias estrategias de desarrollo, establecer  sus políticas de estado, las cuales deberían perseguir el objetivo de satisfacer todas las necesidades de sus ciudadanos, así como el respeto de TODOS los derechos humanos. Es decidir, por ejemplo,  con autonomía como se manejarán los bienes comunes naturales, así como se distribuirán equitativamente los beneficios generados, no sólo los económicos,  respetando el deseo y cosmovisiones de sus habitantes.

Tal como lo hicieron hace 15 días, desde la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable se apostaron ayer en la esquina de San Martín y 9 de Julio con la intención de juntar firmas que respalden la petición que lleva como lema “Paren de fumigarnos”.

Un nuevo modelo productivo libre de agrotóxicos es urgente. La demora es inadmisible. Es hora de gobernar priorizando y garantizando la salud de la ciudadanía.

En las últimas semanas la discusión sobre la presencialidad de las clases en pandemia acapara buena parte del debate público. Los riesgos que entraña para la salud de la comunidad educativa, de estudiantes, docentes y no docentes y sus familias, delimita las posibilidades de su instrumentalización, y su forma concreta dependerá mucho de la presión que ejerza cada sector social y político, como con cada tema durante este largo año pandémico. Tanta preocupación mediatizada por la salud y el aula, contrasta con la situación de miles de escuelas rurales que son forzadas (desde hace años!) a convivir con los agrotóxicos que el modelo productivo dominante libera al ambiente en buena parte del territorio nacional, vulnerando derechos esenciales ante la vista de todos los poderes del Estado, y gestiones de todo tipo y color.