Huerquen

A pocas horas de la presentación formal del Proyecto de ley de Fomento a la Agroecología, conversamos con Miguel Gómez, Secretario de Agricultura Familiar Campesina e Indígena del MAGyP. Un primer y breve diálogo, donde condensa algunos de los ejes del proyecto y algo del derrotero de su construcción. Gómez sostiene el rol protagónico de las agricultoras y agricultores familiares y sus organizaciones en el despliegue territorial que viene teniendo la agroecología en los últimos años, acompasando una demanda creciente de la sociedad; y plantea el desafío de que esta crezca “como política de Estado”, algo que “no termina ni empieza con una ley” pero donde esta viene a constituir “un paso más“.

Bajo el lema “el campo que alimenta y construye soberanía Alimentaria”, este miércoles 9 de junio, por streaming desde un finca recuperada en Mendoza, se oficializó el lanzamiento de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA). La misma está integrada por la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI-ST) y la Federación de Cooperativas Federadas (FeCoFe).

En plena pandemia de coronavirus, donde la destrucción de ambientes naturales y la crisis climática tienen un rol (tristemente) protagónico, el mundo entero cuestiona el modelo agroalimentario hegemónico y se plantea (incluso desde la propia FAO) la necesidad de avanzar hacia otras formas de producción. Sin embargo sectores del agronegocio enquistados en distintas esferas del Estado y sus representaciones, sostienen posiciones en defensa de intereses (mega) corporativos y a contramano del bien común, rechazando el necesario impulso a la agroecología.

El pueblo de Andalgalá en Catamarca vive horas dramáticas. Con el avance del covid fueron impuestas restricciones a la circulación que sirvieron de cobertura para el ingreso de máquinas excavadoras en el lugar donde las mineras Yamana Gold, Glencore y Newmont, con el acompañamiento del poder político y judicial, pretenden avanzar con el Proyecto MARA (Agua Rica), a muy pocos kilometros del pueblo.

Que el agua es la clave para la continuidad de la vida en el planeta es tan conocido como la magnitud de la amenaza que representan para ella procesos productivos y extractivos que acaparan el centro del debate sobre el “desarrollo económico” de nuestro país. Esta disociación que se verifica en muchos otros órdenes, está en la base de la crisis de nuestra forma predominante de estar en el mundo, y que la pandemia no hizo más que manifestar y amplificar.

El 2 de febrero pasado un grupo muy importante de organizaciones de comunidades fumigadas con agrotóxicos de la provincia de Buenos Aires, enviaron una carta al Gobernador Axel Kicillof y al titular de Ministerio de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, donde desgranaron la situación que atraviesan comunidades y territorios respecto a la creciente exposición a los venenos del agro, y enumeraron una serie de reclamos concretos.

En las últimas semanas la discusión sobre la presencialidad de las clases en pandemia acapara buena parte del debate público. Los riesgos que entraña para la salud de la comunidad educativa, de estudiantes, docentes y no docentes y sus familias, delimita las posibilidades de su instrumentalización, y su forma concreta dependerá mucho de la presión que ejerza cada sector social y político, como con cada tema durante este largo año pandémico. Tanta preocupación mediatizada por la salud y el aula, contrasta con la situación de miles de escuelas rurales que son forzadas (desde hace años!) a convivir con los agrotóxicos que el modelo productivo dominante libera al ambiente en buena parte del territorio nacional, vulnerando derechos esenciales ante la vista de todos los poderes del Estado, y gestiones de todo tipo y color. 

Para el extractivismo no hubo cuarentena y durante la pandemia millones asistimos casi en directo a la destrucción de importantes áreas naturales: miles de hectáreas de bosque nativo desmontadas en el norte y fuego en casi todo el país. En el Delta del Paraná, como en un morboso espectáculo, las ciudades y pueblos no sólo debieron asistir a las quemas frente a sus ojos sino que fueron obligadas a respirar el humo de las mismas. La contundente impunidad del agronegocio y la especulación inmobiliaria, contrastó con la desidia, timidez y (a esta altura evidente) complicidad de segmentos en todos los poderes del Estado.