Huerquen

Pandemia global mediante, en agosto pasado vio la luz un nuevo informe el IPCC donde “los científicos están observando cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y el sistema climático en su conjunto, que no tienen precedentes en miles, sino cientos de miles de años”. Esta nueva señal de alerta fue el puntapié inicial para una extenso diálogo con Walter Pengue, quién integra tanto el IPCC como el IPBES, y es quizá una de las voces más calificadas del país para analizar el berenjenal en el que estamos, así como las posibilidades de salida que, a pesar de todo, tenemos a mano.

En plena crisis económica y con la pobreza en aumento a lo largo y ancho del país, en el contexto de la pandemia, la ciudad de Tandil resuena en medios nacionales en comparaciones con polos de modernidad y con anuncios de inversiones millonarias.

A pocas horas de la presentación formal del Proyecto de ley de Fomento a la Agroecología, conversamos con Miguel Gómez, Secretario de Agricultura Familiar Campesina e Indígena del MAGyP. Un primer y breve diálogo, donde condensa algunos de los ejes del proyecto y algo del derrotero de su construcción. Gómez sostiene el rol protagónico de las agricultoras y agricultores familiares y sus organizaciones en el despliegue territorial que viene teniendo la agroecología en los últimos años, acompasando una demanda creciente de la sociedad; y plantea el desafío de que esta crezca “como política de Estado”, algo que “no termina ni empieza con una ley” pero donde esta viene a constituir “un paso más“.

Bajo el lema “el campo que alimenta y construye soberanía Alimentaria”, este miércoles 9 de junio, por streaming desde un finca recuperada en Mendoza, se oficializó el lanzamiento de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA). La misma está integrada por la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI-ST) y la Federación de Cooperativas Federadas (FeCoFe).

En plena pandemia de coronavirus, donde la destrucción de ambientes naturales y la crisis climática tienen un rol (tristemente) protagónico, el mundo entero cuestiona el modelo agroalimentario hegemónico y se plantea (incluso desde la propia FAO) la necesidad de avanzar hacia otras formas de producción. Sin embargo sectores del agronegocio enquistados en distintas esferas del Estado y sus representaciones, sostienen posiciones en defensa de intereses (mega) corporativos y a contramano del bien común, rechazando el necesario impulso a la agroecología.

El pueblo de Andalgalá en Catamarca vive horas dramáticas. Con el avance del covid fueron impuestas restricciones a la circulación que sirvieron de cobertura para el ingreso de máquinas excavadoras en el lugar donde las mineras Yamana Gold, Glencore y Newmont, con el acompañamiento del poder político y judicial, pretenden avanzar con el Proyecto MARA (Agua Rica), a muy pocos kilometros del pueblo.

Que el agua es la clave para la continuidad de la vida en el planeta es tan conocido como la magnitud de la amenaza que representan para ella procesos productivos y extractivos que acaparan el centro del debate sobre el “desarrollo económico” de nuestro país. Esta disociación que se verifica en muchos otros órdenes, está en la base de la crisis de nuestra forma predominante de estar en el mundo, y que la pandemia no hizo más que manifestar y amplificar.

El 2 de febrero pasado un grupo muy importante de organizaciones de comunidades fumigadas con agrotóxicos de la provincia de Buenos Aires, enviaron una carta al Gobernador Axel Kicillof y al titular de Ministerio de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, donde desgranaron la situación que atraviesan comunidades y territorios respecto a la creciente exposición a los venenos del agro, y enumeraron una serie de reclamos concretos.