Argentina

El 4 de noviembre comenzó en la ciudad de Monte Quemado, ubicada 300 km al norte de la capital de Santiago del Estero, el Juicio Oral y Público por el asesinato del joven campesino Cristian Ferreyra. Se trata de un acontecimiento histórico en la lucha de las comunidades campesinas e indígenas contra el avance de los agro-negocios, pues serán juzgados los autores materiales del crimen (sicarios) y el autor intelectual y principal beneficiario, el empresario sojero Jorge Antonio Ciccioli. Desde el IIEP hacemos propia la invitación del MOCASE-VC a convertir este proceso en una campaña nacional para discutir la tenencia de la tierra en nuestro país, su función social, su carácter estratégico, y el fundamental problema de la producción de alimentos para la población.

El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (CELMA) acompañando a la Red de Medicxs de Pueblos Fumigados, Cátedra Salud y Ambiente y Programa Saludable de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Rosario, Cátedra Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, Cepronat de Santa Fe, Foro Ecologista de Paraná (RENACE), Acción por la Biodiversidad (RENACE), Red Salud Popular Ramón Carrillo del Chaco, Bios de la Provincia de Buenos Aires (RENACE), la Red de Abogadxs de Pueblos Fumigados, el colectivo Paren de Fumigar de Mar del Plata, Foro por el Ambiente y la Salud de Vicente López, Asamblea Unidos por el Rio y el Foro Ambiental de General Viamonte realizó en el día de la fecha, una presentación ante el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y las mesas de entradas de las Comisiones de Agricultura, Comercio, Salud Publica y Ambiente, alertando y advirtiendo las groseras omisiones de trámite parlamentario del proyecto de ley nacional sobre agrotóxicos que obtuviera despacho favorable de las Comisiones de Agricultura y Comercio el 4 de Noviembre de 2014 y que se encuentra en el orden del día para la sesión del Miércoles 12 de Noviembre de 2014 a fin de ser tratado sobre tablas por el plenario de diputados.

En documentos confidenciales se fijaron requisitos que el Gobierno luego impulsó en la normativa; la petrolera local asegura que no otorgó derechos exclusivos. El gigante petrolero norteamericano Chevron condicionó la firma del acuerdo con YPF para invertir en el yacimiento Vaca Muerta a la reforma de leyes federales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas.

Unas 120 mil misioneros participaron de manera voluntaria de una consulta popular convocada por organizaciones sociales: el 96 por ciento votó por el rechazo a nuevas represas en su territorio. “El pueblo dijo basta de represas en esta región. La democracia participativa y de base dio una muestra más frente al autoritarismo de funcionarios y empresas”, afirmó Raúl Aramendy, de la Mesa Provincial No a las Represas.

En nombre de las necesidades energéticas nacionales, grandes negocios planificados desde el Estado Nacional han hecho que el paulatino desembarco en Vaca Muerta por parte de las mayores empresas de la industria petrolera se tornen una realidad que altera las economías, sociedad y culturas de la provincia. Mientras el discurso oficial que infla a Vaca Muerta choca con las elevadas demandas corporativas, crece la especulación inmobiliaria. Detrás de ese espectáculo, el avance de la frontera hidrocarburífera llega, literalmente, hasta el patio de las casas de algunos vecinos.

Por razones agronómicas, económicas, antropológicas e históricas, la agricultura familiar no puede coexistir con el agronegocio, dice la autora, que propone un debate de si es posible una resistencia encabezada por el Estado.

La modificación de la ley // Los cuestionamiento de las organizaciones sociales // La privatización de las semillas // El rol del Instituto Nacional de Semillas // El impacto de la ley en las agriculturas familiares y pueblos originarios // El modelo al que beneficiaria la ley // Conversación con Carlos Vicente, miembro de la fundación Grain.

Entrevista a Tamara Perelmuter. Consultada por la nueva ley de semillas que impulsa el oficialismo, la politóloga advierte que su sanción profundizará la expropiación y la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre en Argentina. Además, fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley, considerándolos delitos penales.