Argentina

Un informe de Darío Aranda sobre leyes clave del modelo extractivo que están forzando las corporaciones a sancionar antes de fin de año.

“Las semillas son de los pueblos, no de las corporaciones”, “no a la privatización de la vida” fueron alguna de las consignas que se escucharon en el palacio legislativo para repudiar el anteproyecto de la Ley de Semillas y creaciones Fitogenéticas, una normativa que el oficialismo busca modificar para establecer pago de cánones, regalías, y “poder de policía” a las corporaciones que alteran genéticamente las semillas.

Tanto en la pampa húmeda santafesina, como en Córdoba, la tasa de mortalidad por cáncer es significativamente más elevada que en otros departamentos.

En una sala repleta, los movimientos campesinos y sociales llevaron al Congreso de la Nación su voz: La semilla es vida, es cultura y no puede privatizarse. Esta puede ser la síntesis de las razones por las que se oponen al ante-proyecto de Ley de Semillas que se elabora en el Ministerio de Agricultura y beneficiaría a corporaciones como Monsanto. Al mismo tiempo, rechazaron la posibilidad de coexisistencia entre ese modelo del agronegocio y las prácticas de los campesinos.

La querella considera que Ciccioli organizó la logística que permitió el crimen en un campo de Santiago del Estero, aunque no haya sido él quien apretó el gatillo.

La mesa de trabajo integrada por trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, SENASA e INTA, agremiados en ATE plantean en un comunicado su repudio al "proyecto presentado por el INASE de modificación de la ley 20.247 (ley de semillas y creaciones fitogenéticas) porque consideramos que atenta contra la Soberanía Alimentaria de todos los pobladores de nuestro país".

La medida cautelar de nuestro amparo ambiental está siendo violada: Hace un año la jueza del Juzgado Civil, Comercial, Minas y Laboral de Concarán dictó una medida cautelar prohibiendo fumigar con agrotóxicos en el campo de la empresa AgroEmeTres propiedad de los hermanos Ponzio, en el paraje Santa Martina.

La Cámara de Diputados dio media sanción a la "Ley de Agricultura Familiar". Se publicitó como "una reparación histórica". Pero, a último momento, retiraron el artículo referido al presupuesto (1500 millones). Las organizaciones campesinas emitieron un comunicado: "Una ley de agricultura familiar sin presupuesto propio, es sólo una declaración de principios".