Europa

¿Cómo afecta la digitalización a un sistema alimentario justo? En esta publicación, ECVC formula 25 recomendaciones para garantizar que la digitalización en la agricultura no refuerce el poder corporativo ni agrave las desigualdades existentes. Al implementar estas recomendaciones, la digitalización puede impulsar la soberanía y la seguridad alimentarias. También ayudará a abordar las crisis ambientales y sociales, priorizando las necesidades de los pequeños productores de alimentos.

El tratado sobre la Carta de la Energía sigue provocando la ira de los grupos de presión en Europa, que afirman que el acuerdo permite a las empresas disuadir a la Unión Europea (UE) de avanzar en la transición limpia.

En los últimos dos años he tenido la suerte de recorrer muchas ciudades y pueblos de España para presentar algún libro o dar una charla sobre decrecimiento, crisis climática, energética, o más recientemente —ya no tan a gusto— sobre la fatídica dana del 29 de octubre de 2024 que arrasó la periferia valenciana. Y, si hay una pregunta que siempre, siempre, sale, es: vale, esto es muy grave, pero… ¿qué puedo hacer yo?

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha decidido iniciar una guerra comercial y aumentar los aranceles a las importaciones de la Unión Europea y del resto del mundo. La agricultura se verá muy afectada, empezando por los productores de bienes de exportación (vino, queso, aceite, etc.), sin olvidar a lxs campesinxs, que habrán de hacer frente a la competencia que supone que haya más bienes en el mercado interior. En este contexto, hay quienes piensan que la rápida ratificación de nuevos acuerdos de libre comercio es la única solución. Esta propuesta perjudicará a lxs agricultorxs y a nuestras sociedades durante décadas, mantendrá la vulnerabilidad de los mercados europeos y pondrá en riesgo la deseada autonomía estratégica. Si queremos defender nuestra agricultura, nuestra alimentación y los mercados europeos, es vital alejarse del paradigma del libre comercio y fortalecer la soberanía alimentaria.

Un estudio publicado por Seas At Risk, BUND, Ecologistas en Acción y Sciaena, acerca de la economía política del sector pesquero en Europa, revela que el sistema actual favorece la industrialización y la concentración económica en detrimento de prácticas más respetuosas con el medio ambiente y de una distribución más justa de los recursos marinos. Las organizaciones ecologistas subrayan que los aspectos sociales deberían tener mucho más peso para la transición hacia una economía pesquera más justa y sostenible a largo plazo. Para ello, debe reforzarse la implementación de herramientas legislativas ya existentes como el artículo 17 de la Política Pesquera Común.

A propósito del aumento de las tarifas estadounidenses sobre las importaciones provenientes de la Unión Europea, la Confederación Nacional Agracia, CNA de Portugal, reitera la posición crítica que siempre ha mantenido respecto al paradigma del comercio internacional liberalizado, que pone a agricultores y consumidores a merced de los intereses de las grandes corporaciones y de la volatilidad de los mercados y las políticas económicas.

A partir de estudio solicitado por las Direcciones Generales de Alimentación (DGAL) y de Salud de (DGS) de Francia, la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de ese país (ANSES por sus siglas) alertó por el riesgo que implica para la salud el consumo en cantidad de alimentos elaborados a partir de soja, al punto que pidió su retiro de las dietas de los comedores escolares.

En las últimas décadas, grandes empresas agrícolas han visto en el monocultivo de este fruto un negocio jugoso que no para de crecer. En algunas zonas del País Valencià está ganando terreno a los cítricos. Pero el éxito del producto tiene una cara menos amable: la gran cantidad de recursos hídricos que reclama y las emisiones derivadas del transporte internacional del producto.