Defensa del Territorio

Audiência realizada pelo CNDH e pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados discutiu impactos da Lei 14.701 sobre povos, direitos e territórios indígenas.

Dura condena al extractivismo minero, incendios forestales, deforestación, agronegocio, créditos de carbono, introducción de la palma aceitera y legalización de transgénicos, así como a hidroeléctricas, carreteras y exploraciones petroleras en áreas protegidas.

Ramona Orellano de Bustamante es el nombre de la abuela que hizo historia al resistir un desalojo en el campo que la vio nacer y morir. Su ejemplo, desde Córdoba, fue emblema de la lucha por la tierra frente al avance empresario. El Movimiento Campesino de Córdoba es parte de una causa judicial para que esas hectáreas sean de uso comunitario para la educación rural y la producción de alimentos.

Entre el 14 y 17 de Julio, en la ciudad de Choluteca (Honduras), más de 60 personas provenientes de 20 comunidades locales y representantes de organizaciones sociales nacionales e internacionales, se reunieron en el “Encuentro de comunidades afectadas por proyectos energéticos del sur de Honduras - Sin derechos humanos, no hay soberanía energética”. Los y las participantes analizaron el asedio que el país enfrenta en tribunales internacionales, a causa de las demandas de arbitraje internacional que muchas empresas transnacionales dueñas de estos proyectos energéticos, han interpuesto en contra de Honduras.

Indígenas aguardam avanços na demarcação do território localizado no município de Prado desde 2015, quando relatório de identificação e delimitação foi publicado pela Funai.

La consigna «No al uranio» resuena en todo el territorio, evocando el histórico «Chubutazo» de 2002, cuando la comunidad de Esquel logró detener un proyecto aurífero a cielo abierto.

La actualización de las imágenes de la Franja en Google Maps muestra la profunda destrucción de infraestructuras básicas de un territorio arrasado de forma sistemática.

El tribunal desestimó siete impugnaciones de comunidades indígenas y vecinos de Copiapó que buscaban anular la aprobación del proyecto de Minera Salar Blanco, señalando suficiente respaldo técnico y legal.