Megaproyectos

La coordinación nacional del Movimiento colombiano Ríos Vivos, tras reunirse en la ciudad de Bogotá durante los días 10 y 11 de agosto de 2019, hace un llamado de unidad a las luchas regionales y nacionales defensoras de los territorios y la vida para avanzar en la transformación de las causas estructurales que han dado origen a la injusticia social y ambiental.

Extractivismo, destrucción de la tierra, profundización del sistema patriarcal, ocultamiento de las culturas originarias, son las políticas enquistadas en el Estado mexicano.

Ejidatarios, colectivos e integrantes de la comunidad wixárika en el Altiplano Wirikuta, en San Luis Potosí, denunciaron que fueron excluidos de una asamblea convocada por la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte, en la que junto con funcionarios del gobierno estatal y municipal se discutirían las amenazas al territorio y a la población de la región como la explotación indiscriminada de peyote, la pobreza y la falta de agua.

Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por una reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado se realizó la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería.

Un contundente rechazo al dragado de los ríos amazónicos acordó una reunión de 35 comunidades y federaciones indígenas de la región Ucayali reunidas del 18 al 20 de julio en Canaán de Cachiyacu.

En una lucha que podría ser la de David contra Goliat, representada por las comunidades indígenas guatemaltecos contra las grandes multinacionales, Guatemala reconoce que la constructora ACS (Florentino Pérez) vulneró los derechos de los pueblos originarios por no haberles consultado.

La proliferación de represas hidroeléctricas es uno de los conflictos ecosociales —o nuevas guerras— que más víctimas está generando alrededor del mundo. En Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador las personas que se oponen a ellas en defensa de los bienes comunes son criminalizadas como “terroristas”, perseguidas e, incluso, asesinadas.

Justiça de Minas Gerais determina reparação de todos os danos, inclusive ambientais e econômicos, e mantém bloqueio de R$ 11 bilhões. Rompimento de barragem deixou 248 mortos e 22 desaparecidos.