Megaproyectos

Una semana escasa después de la elección, un sin número de comunidades, pueblos, organizaciones, figuras académicas y personas individuales le exigen al presidente electo AMLO, que cancele el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, puesto que dicha obra, impugnada desde principios del siglo XXI, es a todas luces un monstruo de devastación y despojo extremos. La extrañeza aumenta desde que el presidente electo, que al principio apareció como crítico de la obra, ahora es impulsor decidido de ésta, tal vez el acaparamiento de tierras más grande en la historia reciente del país.

"A hidrovia Teles Pires-Tapajós servira para atender ao escoamento de grãos do setor do agronegócio. A associação considera os estudos apresentados inválidos, uma vez que foi desrespeitado o direito à consulta prévia, livre e informada que é assegurado pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)".

La Corte Suprema ratificó la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental que se había entregado para la central hidroeléctrica Doña Alicia, que pretende emplazarse en el río Cautín en la Araucanía, acogiendo la reclamación presentada por una comunidad mapuche, quienes alegaron que no fueron considerados en la evaluación ambiental del proyecto.

En nuestro país, tan rico en diversidad cultural, ambiental y agrícola, operan proyectos de muerte ejecutados por empresas nacionales y transnacionales, que con el aval de las instituciones públicas, han generado una devastación ambiental sin precedentes, poniendo en peligro el presente y comprometiendo el futuro de todos en el planeta.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reabrió el caso referido a la concesión otorgada sobre territorios indígenas a favor del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (GCIN).

El COPINH saluda con entusiasmo la carta de 50 parlamentarios y parlamentarias del Parlamento Europeo, máximo ente legislador de la Unión Europea, dirigida al gobierno de facto de JOH e instituciones hondureñas de gobierno para que “se revoquen la concesión, contratos, licencias y otros beneficios otorgados al Proyecto Agua Zarca por la violación al deber de consulta previa, libre e informada” en línea con las recomendaciones del informe del grupo GAIPE.

Las luchas siguen aumentando en la Araucanía: esta vez se trata de un proyecto hidroeléctrico que intervendría la cuenca del Río Allipén en la comuna de Cunco, en la Región de la Araucanía.

¿Puede una obra, por ser pública, imponerse sin el consentimiento de la población o sin que al menos tenga un estudio serio y profundo de sus posibles impactos? ¿puede omitirse la consulta previa? ¿Por qué se deciden grandes proyectos u obras sin que al menos se cuente con estudios profundos, serios e imparciales que puedan proyectar los posibles impactos de estos?