Ecoceanos

El parlamentario de la denominada “bancada salmonera”, además de promover un proyecto de ley que busca criminalizar y silenciar a organizaciones defensoras del medioambiente, el debilitamiento del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAPs) y la eliminación de la Ley Lafkenche, enfrenta una serie de denuncias penales por su presunta participación en hechos de corrupción.

En el acto político y cultural realizado este 8 de junio en la plazoleta del Cerro Huelén, en Santiago, para exigir justicia por Julia Chuñil Catricura, a siete meses de su desaparición, el director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, leyó una declaración que advierte de la implementación de una estrategia gubernamental-empresarial para criminalizar y silenciar a quienes defienden la naturaleza en Chile. Ante este escenario, el llamado es a la unidad y lucha por la defensa de la vida y el derecho de la ciudadanía, los pueblos originarios y las comunidades locales a la libre expresión.

Los recientes incidentes, que incluyen dos hundimientos, una colisión y la muerte de un oficial en menos de una semana, son inaceptables y sin precedentes a nivel mundial, evidenciando que los estándares de seguridad marítima y laboral en esta megaindustria en la Patagonia chilena son más propios de un país tercermundista.

Para las organizaciones ciudadanas el real objetivo del proyecto de ley impulsado por la «bancada salmonera», que se tramita en el Senado, es ser una ley mordaza de represión a la resistencia socioambiental.

Las balsas-jaulas salmoneras emiten toneladas de fecas, alimento, antibióticos, antiparasitarios y diversos químicos generando crisis ambientales y sanitarias en Chiloé, que impactan el medio ambiente, la biodiversidad, la salud y bienestar de las comunidades del archipiélago.

La Agencia de Farmacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA en siglas inglesas), suspendió la entrada de todo el salmón fresco y congelado que la multinacional noruega Marine Harvest produce en Chile, luego del hallazgo el 5 de junio pasado de un cargamento contaminado con el quimico cancerígeno Cristal Violeta, en una partida de salmón de esta compañía nórdica.

"La revelación acerca del dinero que Corpesca, la mayor compañía pesquera chilena, transfirió a la diputada Marta Isasi, quién voto a favor de la Ley Longueira que privatizó las cuotas pesqueras en favor de siete familias de industriales, está generando la transversal demanda de revisar y revertir esta normativa, pero también la necesidad de que parlamentarios informen acerca del financiamiento que reciben de empresarios."

Mientras el Subsecretario de Pesca reconoce que las empresas están entregando datos falsos acerca de la cantidad de piojos de mar en sus centros de cultivo, la Superintendencia de Medio Ambiente reveló compañías mantienen centros salmoneros ilegales que no tienen permisos sectoriales y en lugares donde no están autorizados.