Argentina

La Justicia Entrerriana prohibió FUMIGAR alrededor de las ESCUELAS y los productores agropecuarios indignados amenazan con cortes de rutas si no levantan la restricción.

El Gobierno avanza hacia la modificación de la Ley de Semillas con un proyecto elaborado a puertas cerradas que es cuestionado por referentes del sector, académicos y por casi 300 organizaciones sociales y de productores. La iniciativa, que privilegia los intereses de las grandes empresas, pone en riesgo la producción y el acceso a alimentos variados y de calidad.

Un análisis de Proyecto Económico revela una monumental transferencia fiscal a los grandes productores y un negocio garantizado a las grandes semilleras al asegurarles el monopolio. Advierten que impactará sobre los precios.

Ante el avance de la aprobación de una nueva Ley de Semillas, organizaciones campesinas, sociales y académicas se expresan para demostrar su rechazo.

El oficialismo dio el primer paso para avanzar en la aprobación de una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que aumentará el control y el cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas, y buscará tratar la iniciativa, exigida en todo el mundo por la multinacionales semilleras, el próximo 21 de noviembre en el recinto.

A menudo nos parece que consumir soja es cosa de vegetarianos. Sin embargo, prácticamente todos los días consumimos productos que contienen soja o en cuyo proceso de producción la soja ha sido un ingrediente fundamental. Así, la soja es uno de los piensos más extendidos en la industria cárnica, mientras que muchos ultraprocesados utilizan derivados de la soja en su composición.

Más de 300 organizaciones campesinas, de agricultura familiar, de soberanía alimentaria, sindicales y de derechos humanos firmaron en apenas unas horas el rechazo al plenario convocado por la Comisión de Agricultura de Diputados para tratar una nueva Ley de Semillas.

Pese al ocultamiento y silencio que rodearon al tema, la Confederación Mapuche de Neuquén y organismos de derechos humanos, presentaron este martes una denuncia ante la Justicia para investigar las responsabilidades penales de los funcionarios públicos y los empresarios de YPF y la estadounidense Schlumberger por el derrame de hidrocarburos en Vaca Muerta.