Bolivia

El tronco recto y fuerte del quebracho colorado se tuerce y cae hasta rebotar en el suelo. El estruendo es el último golpe de una secuencia acompasada de otros golpes con los que el hacha va hiriendo la corteza del árbol hasta dejarlo sin sustento.

La Organización Indígena Chiquitana (OICH) exige se declare el Estado de Desastre Nacional ante las políticas del gobierno que generan destrucción y la quema de bosques y la biodiversidad.

Protección forestal no avanza a pesar de compromisos gubernamentales de asegurar 19 millones de hectáreas de bosques bajo manejo integral y sustentable para el 2030.

De manera enfática, dirigentes de la Amazonia rechazaron el reciente decreto 3973, promulgado por el presidente Evo Morales, que autoriza el desmonte en los departamentos de Beni y Santa Cruz para actividades agropecuarias y anunciaron que no permitirán más deforestación.

El presidente Evo Morales promulgó esta mañana en Trinidad, Beni, el Decreto Supremo 3973, que modifica el artículo 5 del Decreto Supremo (DS) 26075 para el desmonte de bosques o "tala controlada" en los departamentos de Beni y Santa Cruz con el fin de beneficiar al sector ganadero.

Representantes de ambos países piden a la gente sumarse a las movilizaciones en rechazo a las hidroeléctricas. Indican que los indígenas son los más afectados.

Estas semanas varias autoridades nacionales se pronunciaron respecto a la sentencia del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) contra el Estado Plurinacional de Bolivia, sobre el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda; la viceministra de Medio Ambiente, Cinthya Silva; el viceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres; el canciller, Diego Pari; además de la diputada Raquel Moye, confirmaron varias de las aseveraciones del TIDN, respecto al avance de cultivos de hoja de coca dentro del parque nacional y daños ambientales, empero también reafirmaron las políticas extractivas del gobierno a nombre de “proyectos de desarrollo”.

El Decreto Supremo 3874, en su artículo único señala “de manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta, destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal - Biodiesel".