Bolivia ante un nuevo ciclo de concentración de tierras

El viraje político de Rodrigo Paz en Bolivia busca avanzar integralmente en todos los frentes bajo un mismo eje ordenador: la liberalización. Este proceso se observó en la eliminación del subsidio al pan de batalla, a los combustibles y las pretensiones del Decreto Supremo N° 5503 que, pese a ser abrogado por las protestas sociales, continúa procesando sus ejes principales a través de otros instrumentos normativos. Esto confluye con la defensa de intereses de clase que resultan beneficiados con las propuestas de eliminar el impuesto a las grandes fortunas, liberar las exportaciones y la conversión de pequeña a mediana propiedad agraria; despojando al Estado de la capacidad equilibrar el mercado, corregir inequidades o democratizar derechos.  

Bolivia, enfrentó dos ciclos de despojo y concentración de tierras. El primero fue durante los gobiernos de Melgarejo y Frías entre 1864 y 1876, mismo que sentó las bases del despojo y el latifundio desconociendo de manera explícita la preexistencia jurídica de las comunidades indígenas o ayllus. El historiador Ramiro Barrenechea, relató lo siguiente: “Cuando Bolivia se constituye en 1825, se encontraban registradas 11.000 comunidades; en 1953, cuando se produce la Reforma Agraria sólo quedaban 3.783”. Eso explica la resistencia indígena contra la desposesión y la destrucción de sus formas de vida comunitaria en las naciones aymara, quechua y guaraní, la organización de los primeros sindicatos campesinos, el Primer Congreso Nacional Indigenal y el levantamiento de Ayopaya, que propiciaron las condiciones materiales para la Revolución de 1952. 

El segundo ciclo es expuesto por la investigadora Ximena Soruco; quien reveló que durante la vigencia de la Reforma Agraria (1952 -1993), la dictadura de Banzer entregó el 42% del total de tierras distribuidas y el gobierno de Jaime Paz (padre de Rodrigo Paz) dotó el 18%. Ambos beneficiaron, principalmente, a grandes propietarios, transformando drácticamente la estructura agraria en el departamento de Santa Cruz en favor de la gran propiedad; mientras que el campesinado y los pequeños propietarios sólo recibieron el 8% de la tierra distribuida. 

Por eso, las memorias del proceso de titulación de tierras señalan que al cierre del proceso administrativo de la Reforma Agraria, primó la propiedad empresarial y la mediana propiedad, con el 68%de la superficie titulada a su favor. La propiedad comunitaria y de pequeños propietarios quedó con el 30% de la superficie titulada, mientras que el 2% restante correspondía a otras categorías no especificadas. 

Ante ese nuevo ciclo de concentración de la tierra, emergen las confederaciones campesinas y organizaciones indígenas de tierras bajas que interrumpen ese patrón de expansión territorial latifundista al exigir territorialidad colectiva. Sus movilizaciones por el reconocimiento de sus territorios ancestrales contribuyeron en 1996 a consolidar la Ley INRA, abriendo paso a la titulación colectiva y el establecimiento de límites a la acumulación improductiva de tierras. Dichas medias se reforzaron con la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria de 2006 y la nueva Constitución, que incorporó la revisión y fortalecimiento de la Función Económica Social (FES), facilitando la reversión de latifundios improductivos y priorizó la titulación colectiva de la tierra, además de reforzar la protección jurídica a pequeña propiedad a través de la indivisibilidad e inembargabilidad y la titulación de tierra a mujeres. Así el Estado regula el mercado de tierras evitando la acumulación superficies mayores a 5.000 has. 

Con dichos ajustes se profundizó y protegió el carácter progresista y comunitario de la Ley INRA, logrando que al 94% del saneamiento se observe una diversificación de la estructura de la propiedad rural:  

Además entre 2005 y 2019 se pasó de 15,3% a 46% de los títulos agrarios a nombre de mujeres. 

Sin embargo, la distribución y la estructura de la tierra es sólo una parte del problema. El siguiente conflicto es el valor de la tierra en base a la capacidad productiva del suelo. Ahí los resabios de la dictadura han logrado, incluso al día de hoy condicionar el aprovechamiento de los suelos más productivos de Bolivia  en manos de las propiedades empresariales y medianas, cuyo principal uso está destinado a la agroindustria a través de cultivos de soya, caña y sorgo. A esto se suma que la capacidad financiera de los pequeños productores es bastante restringida en términos de acceso a créditos debido a la  inembargabilidad de la pequeña propiedad, llevándolos a caer en el condicionamiento de las casas comerciales para acceder a créditos por grano e insumos y en la agroindustria para garantizar compradores de sus productos, conduciéndolos a una doble asfixia financiera  y de mercado.  

Por esto, se observa que el gobierno de Rodrigo Paz asuma una política de fortalecimiento de las exportaciones de la agroindustria y creación de nuevos regímenes tributarios, con serios riesgos para el pequeño productor a través de tres medidas:  

En la libre importación de soya, la iniciativa no coincide con una insatisfacción de la demanda; de hecho el Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO) informó que Bolivia produce un 80% adicional a la demanda nacional.

Entonces, sin escasez o encarecimiento, ¿a quién beneficia la medida? Efectivamente, a la agroindustria. Las plantas industriales de procesamiento de grano de soya tienen una capacidad productiva ociosa de 40%, esta podría ser sería cubierta con soya más barata proveniente de países limítrofes cuyos costos de producción son menores pues cuentan condiciones de acceso a maquinaria, insumos y tecnología a diferencia de los pequeños productores bolivianos.  

Por ejemplo, en las pequeñas propiedades existentes en los suelos más ricos del el país, la producción de soya es de 1,5 a 2 ton/ha; mientras que en Argentina 3 a 3,5 ton/ha. Esa capacidad productiva, se encuentra con un mercado internacional regulado por la oferta y demanda; y por tanto, sólo con el anuncio de liberar la importación de grano de soya, éste pasó de cotizarse de 450 $us/ton a 390 $us/ton. Es decir que la sola expectativa de abrir el mercado, impactó en los precios y tiende a ampliar su efecto pues la soya argentina ronda entre 280$us/ton a 300$us/ton. Así, resulta evidente que los pequeños productores no tendrán posibilidad alguna de competir, mientras la agroindustria se fortalecerá en nombre de la internación de divisas.   

La segunda medida objeto de observación es la creación del nuevo Régimen Tributario Siete-RG; propuesta que ya había sido planteada en el Decreto Supremo N° 5503, pero que fue objeto de abrogación debido a las protestas masivas que reclamaban en ese tema una eliminación velada del Régimen simplificado, mismo que hoy promueve facilidades al eximir a las pequeñas unidades económicas del pago de impuestos.  

La susceptibilidad deviene de las declaraciones del Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien plantea la medida como un incentivo a la formalización de los pequeños productores, pues quienes logren facturar tendrán una mayor ventaja al convertirse en sujetos de crédito fiscal. Así, toda persona o pequeña empresa cuyas ventas no superen 400.000 Bs/año (33.333 Bs./mes) puede acogerse a la facturación.  

Si bien la iniciativa se asienta en el criterio del impulso a la formalidad, choca con una realidad nacional con complejas limitaciones en términos de acceso a tecnología e infraestructura en telecomunicaciones que dificultan su implementación. Dichas limitaciones se convierten en desigualdad de acceso al mercado y finalmente en pobreza.  

La tercera medida observada es el proyecto de Ley de conversión de Pequeña Propiedad Agraria a Mediana, cuyo efecto final puede derivar en una expoliación masiva por asfixia y una reconcentración de las tierras más productivas del país en pocas manos.  

Como mencionamos antes, las pequeñas propiedades en áreas con mayor productividad de suelo, principalmente destinadas a la producción de granos, están impedidas de acceder a créditos bancarios por el candado constitucional de la indivisibilidad e inembargabilidad. Ante esa fragilidad, han suscrito contratos de compra/venta con casas comerciales para acceder a granos e insumos, y ante diferentes imprevistos (climáticos, productivos u otros), muchos de ellos perdieron la producción y por ende no pudieron cumplir con los pagos correspondientes, derivando en la ejecución de los contratos.  

Con ello, se infiere que los principales beneficiados de la Ley, serían aquellos que lograrán regularizar en un solo documento jurídico aquello que ya fue despojado individualmente. El economista Stasiek Czaplicki concluyó en una reciente publicación que la norma “busca derribar las barreras legales que protegen a la pequeña propiedad rural, y con ello, abrir la puerta a la captura empresarial de tierras hoy fuera de su alcance”, pues con esta norma se busca incorporar a la pequeña propiedad al mercado de la tierra para beneficio empresarial derribando todas las barreras legales que las protegían de actores con poder económico, financiero o político.  

Estas medidas afectarán en gran medida a los pequeños productores y favorecerán a las grandes empresas agroindustriales, además generan las condiciones jurídicas para un nuevo ciclo de acumulación de tierra productivas en pocas manos. Sin embargo, son posibles debido a falencias que debían complementar la política de distribución y regulación del mercado de la tierra, asociadas a mejorar las capacidades de producción de los pequeños propietarios. 

Finalmente, en perspectiva histórica, se puede afirmar que la disputa por la tierra en Bolivia no ha sido únicamente una cuestión jurídica, sino una disputa por el control de la base material de la economía con una fuerte carga ideológica; por eso cada ciclo político ha redefinido quién accede a la tierra y, sobre todo, quién controla los suelos más productivos del país. Si bien la Ley INRA, sus reformas y la Constitución buscaron  regular el mercado de tierras, reconocer territorios colectivos y proteger la pequeña propiedad; las últimas medidas reabren un escenario donde el mercado podría -nuevamente-  convertirse en el principal organizador de la estructura agraria, promoviendo un nuevo ciclo de reconcentración de tierras. Por eso, la discusión sobre la tierra, es en definitiva una discusión sobre el modelo de desarrollo y el tipo de sociedad que decidimos construir. 

Fuente: Diario Red