Chile

El retiro inmediato del Proyecto CPTPP del Senado, haciendo uso de la facultad presidencial conferida por el Artículo 132 del Reglamento del Senado, es la vía ineludible que señalamos, para no actuar como un cómplice pasivo de un senado que mayoritariamente legisla a espaldas de las demandas populares y en favor de los grandes grupos económicos. 

Organizaciones comunitarias y sociales han estado denunciando durante años a lo largo de Chile los graves impactos causados en sus territorios por centenares de proyectos, presentados como fuentes de energía “verde”, “limpia” o “renovable” para una supuesta transición energética justa que no toma en cuenta los derechos, necesidades e intereses de la mayoría de la población.

La plataforma chilena contra los TLC denunció en un comunicado público la capitulación del gobierno de Gabriel Boric respecto a su rechazo al TPP11. Alertan sobre las consecuencias negativas en materia de acceso a medicamentos, alimentos, pérdida de soberanía, riesgo de demandas internacionales y severos impactos sobre los territorios en caso de aprobarse el acuerdo.

Francisca Rodríguez, responsable de agricultura sostenible de Anamuri, recordó a IPS que la campaña mundial de recuperación de semillas nativas lanzada por la organización internacional Vía Campesina en 2002 en Roma apunta a su rescate para liberarlas de la prisión que significa su patentación.

Está comprobado que el extractivismo genera grandes impactos medioambientales, fenómeno que en América Latina durante los últimos años ha sido ampliamente analizado por distintos movimientos socioambientales e intelectuales Latinoamericanos, así como denunciado por diversas comunidades que han dado cuenta de los impactos negativos a nivel social, cultural, económicos y ambientales, tal como señala el Informe “Utilidad Privada, Despojo Público”. En el presente análisis ahondaremos específicamente en el caso del proyecto minero Vizcachitas, ubicado en el Valle de Putaendo, comuna del mismo nombre, Región de Valparaíso, y que pretende extraer cobre y molibdeno, y cuya implementación está justificada en la concepción constitucional de utilidad pública de este tipo de extracciones.

La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay tienen el agrado de presentar los Resúmenes Ejecutivos de las investigaciones sobre Transición Justa y Democratización de la Energía en el marco del proyecto “Democratización de la Energía y Transición Justa en América Latina y el Caribe” realizadas en Brasil, Chile y Honduras. Estas publicaciones así como el proyecto fue posible gracias al apoyo de Sage Fund “Strengthening Accountability in the Global Economy”.

La propuesta de Constitución Política de la República de Chile de 2022 es un texto de carácter jurídico de dicho país que fue elaborado por la Convención Constitucional entre el 4 de julio de 2021 y la misma fecha de 2022. El 14 de mayo de 2022 se presentó el primer borrador, mientras que el 4 de julio del mismo año se hizo entrega del texto final y oficial. La propuesta fue sometida a un plebiscito ratificatorio el 4 de septiembre de 2022, siendo rechazada por el 61.86 % de los electores.

“Debemos elegir entre un sistema cuyos abusos e injusticias de casi 50 años condujo al alzamiento social de octubre de 2019, o abrir el camino a la Carta Magna que ha sido construida por una decisión popular”, insta a los pueblos chilenos la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), quienes tuvieron un papel crucial en la redacción de los artículos sobre derechos indígenas y campesinos, soberanía alimentaria, derechos de la naturaleza, de las mujeres y de las generaciones futuras.