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Resuena en los medios de comunicación la alternativa del hidrógeno verde como una oportunidad para Chile, pero poco y nada se plantea sobre que es una oportunidad para profundizar el modelo extractivista que nos ha empujado a la crisis climática y la serie de vulneraciones que comunidades han enfrentado por años.

Organizaciones comunitarias y sociales han estado denunciando durante años a lo largo de Chile los graves impactos causados en sus territorios por centenares de proyectos, presentados como fuentes de energía “verde”, “limpia” o “renovable” para una supuesta transición energética justa que no toma en cuenta los derechos, necesidades e intereses de la mayoría de la población.

Está comprobado que el extractivismo genera grandes impactos medioambientales, fenómeno que en América Latina durante los últimos años ha sido ampliamente analizado por distintos movimientos socioambientales e intelectuales Latinoamericanos, así como denunciado por diversas comunidades que han dado cuenta de los impactos negativos a nivel social, cultural, económicos y ambientales, tal como señala el Informe “Utilidad Privada, Despojo Público”. En el presente análisis ahondaremos específicamente en el caso del proyecto minero Vizcachitas, ubicado en el Valle de Putaendo, comuna del mismo nombre, Región de Valparaíso, y que pretende extraer cobre y molibdeno, y cuya implementación está justificada en la concepción constitucional de utilidad pública de este tipo de extracciones.

La propuesta de Nueva Constitución para Chile refleja las preocupaciones por la emergencia climática y presenta lecciones indispensables para países de la región y el mundo. Celebramos que incluya el derecho a vivir en un ambiente sano y que sea la primera Constitución en el mundo en reconocer la crisis climática y ecológica.

¡Continuamos desmenuzando la propuesta de nueva Constitución!

Si no somos capaces de proteger el medioambiente ante la intervención humana, será la naturaleza la que se encargue de hacerlo. No obstante, esto no quiere ser comprendido por el gobierno y una parte del empresariado, que fragilizan y sobrecargan la de por sí ya débil institucionalidad ambiental chilena, para, en contextos de pandemia, viabilizar proyectos resistidos por las comunidades que habitan los territorios y por todas aquellas personas que creen en la importancia de los derechos humanos, indisolublemente ligados a los de la naturaleza.

Ante la aprobación de la conciliación entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y Compañía Minera Nevada SpA (filial de la transnacional Barrick Gold) en juicio de reparación de daño ambiental por destrucción de vegas altoandinas y llaretas madrepóricas en la zona de construcción del proyecto minero binacional Pascua Lama, como comunidad organizada del Valle del Huasco, de manera enérgica y con preocupación, declaramos lo siguiente a la opinión pública:

Frente a la innegable crisis climática y las falsas soluciones levantadas por instancias coaptadas por el sector empresarial transnacional apoyado por los Estados, del 26 al 28 de septiembre se realizó en Santiago de Chile el Encuentro Regional: Crisis climática, transición energética y extractivismo minero en América Latina. Organizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina junto a War on Want y Mining Watch Canada.