Guatemala

"Reconocemos que el migrar no es un delito, es un derecho pero a la vez tenemos claro que la migración forzada no es una decisión individual ni inmadura. Es impuesta, repetimos, como medida de sobrevivencia, por ello las políticas migratorias son expresiones terroristas de los gobiernos y son también políticas racistas, neoliberales, xenófobas, sistemáticas, crueles, de exterminio, despojo, saqueo, destrucción y tortura que criminalizan la movilidad humana".

En el caribe guatemalteco se intensifica la lucha entre el pueblo maya q’eqchi’ y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) por detener el proyecto de extracción Fénix, corazón de la minería de este metal en Guatemala. Mientras tanto, el gobierno de Alejandro Giammattei dio un impulso a los intereses mineros rusos en el país al conceder una nueva licencia de exploración a Mayaniquel S.A, una de las tres subsidiarias rusas que pretenden expandirse en el norte del país, a través de 29 permisos mineros pendientes de ser resueltos.

Tras el estado de sitio declarado en el municipio de El Estor, en Izabal, y la represión destatada contra la comunidad Maya-Q’eqchi’, la Red TICCA de Guatemala rechazó las vulneraciones a los derechos humanos hacia este pueblo.

Al calor del sol abrazador del área sur del municipio de El Estor, Izabal, varios hombres maya Q’eqchi’ de voz firme, con botas de hule y rostros cubiertos, apelaban a la Constitución Política de la República de Guatemala para frenar a las fuerzas de seguridad del Estado que una vez más pretendían desalojarlos de sus hogares. El aparato estatal, nuevamente puso la mirada sobre la comunidad y giró la orden para que Palestina Chinebal desaparezca.

El domingo 24 de octubre, tras dos días de brutal represión por parte de Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército contra la población Q’eqchi’ que se opone de manera pacífica a la operación ilegal de la empresa suiza rusa minera Solway, el Estado guatemalteco decretó de Estado de sitio en el municipio de El Estor, departamento de Izabal. El mismo domingo, la policía allanó las instalaciones de la Defensoría Q’eqchi’ y de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, imponiendo la censura y vulnerando el derecho a la información de los medios no oficialistas.

"El evento celebrado el jueves 21 de octubre en Tocoa, Colón, contó con la participación de defensoras y defensores de los bienes comunes provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes analizaron la realidad que vive la ciudadanía de los países que integran el CA-4 y el impacto de la continuidad del modelo económico extractivo en un ambiente donde cada día se sienten más los efectos del cambio climático".

La palma aceitera no es un cultivo tradicional en Guatemala. Cuando las empresas palmícolas llegaron al Municipio de Ixcán, en el departamento de Quiché, o a las llamadas tierras bajas del Norte, no vinieron desalojando a la gente para sembrar palma, sino que lo hicieron de una manera más estratégica. Nosotros decimos que lo que hacen es un despojo sistemático.

Desde REDSAG entendemos que la Soberanía Alimentaria más que un concepto, es una propuesta de vida que valora e integra todos los conocimientos y mantiene armonía con la naturaleza; es una postura política frente a un sistema que ha excluido a las y los campesinos y ha concentrado los recursos para la producción de alimentos.