Perú

Miles de hombres y mujeres continúan en las calles defendiendo sus derechos. El gobierno impuesto tras la destitución de Pedro Castillo tiene una política unidireccional: la represión masiva a las protestas.

Organizaciones civiles y asociaciones de víctimas del derrame de crudo que asoló la costa central peruana el año pasado temen que la compañía petrolera responsable del incidente consiga esquivar buena parte de las sanciones derivadas de la catástrofe.

Las manifestaciones por un cambio social en Perú se originaron lejos de la centralidad limeña, sobre todo en los departamentos del sur. Son los pueblos indígenas y campesinos, discriminados por el Estado, los protagonistas de una revuelta reprimida en forma brutal por el Gobierno de Dina Boluarte. En las calles se pide su renuncia y el urgente llamado a elecciones.

Casi cincuenta días de gobierno y sesenta asesinatos. Desde el 7 de diciembre pasado, los pueblos en Perú desconocen por ilegítimo el gobierno de Dina Boluarte y lo califican como una dictadura racista que dispara a matar contra indígenas, contra los pueblos del sur, contra niñxs y jóvenes. “Somos los Aimara, los Quechua y los que nos identificamos con ese Perú profundo quienes estamos en las calles exigiendo el alto a la represión, que pare esta masacre y una salida democrática”, afirmó la activista trans afro andina Gahela Tseneg Cari Contreras.

Indígenas de Loreto y Ucayali confirmaron movilizaciones para este 4 de enero, fecha en que también se prevé el reinicio de protestas en el interior del país ante crisis política.

Ante la situación crítica que está atravesando el pueblo peruano, sobre todo el sector campesino e indígena del país, La Vía Campesina se solidariza plenamente con el sentir de la población que en estos momentos está siendo criminalizada y perdiendo la vida en las calles del país.

Denuncia fue presentada por líderes indígenas de Aidesep y Feconau, quienes exigen que la OCDE aborde el impacto irreparable causado por Louis Dreyfus Company en la Amazonía.

El pueblo de la Amazonía peruana tiene la meta de construir una justicia autónoma e intercultural que reincorpore el derecho consuetudinario y las sanciones dialogadas que aplicaban los sabios y los ancianos. Para ello, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún intenta limitar las reparaciones monetarias y la privación de la libertad en calabozos que no están preparados para estancias prolongadas. El desafío es que los comunarios confíen en la justicia comunitaria y dejen de acudir a la justicia ordinaria del Estado.