Delegación de facultades: ¿otro «paquete» ambiental?
La propuesta del Ejecutivo para modificar normas ambientales y de hidrocarburos podría reabrir la puerta a proyectos extractivos en áreas protegidas y debilitar controles diseñados para prevenir daños irreversibles.
El argumento es el de siempre: hay que eliminar trabas para acelerar las inversiones. Pero detrás de la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo en materia ambiental e hidrocarburos podría estar gestándose un nuevo retroceso en la protección ambiental.
Así lo advierte un análisis de la asociación IDLADS Perú en el que señala que varias de las medidas planteadas reproducen una receta aplicada en el pasado: reducir exigencias ambientales, acelerar autorizaciones y limitar la intervención de entidades especializadas con el propósito de destrabar proyectos extractivos.
El riesgo es que la llamada «simplificación» termine convirtiéndose en desregulación.
Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de aplicar mecanismos como el silencio administrativo positivo o la aprobación automática a determinados procedimientos ambientales.
En un sector donde la finalidad de la evaluación es precisamente anticipar y prevenir daños, permitir que un proyecto avance porque una autoridad no respondió a tiempo puede transformar la prevención en una reacción tardía.
El punto más delicado: las áreas protegidas
La controversia adquiere mayor gravedad ante la posibilidad de modificar las reglas aplicables a las áreas naturales protegidas para facilitar proyectos considerados de necesidad pública o interés nacional.
Esto podría afectar espacios creados precisamente para preservar ecosistemas que no pueden ser reemplazados una vez destruidos.
El caso de Candamo, en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, resulta particularmente sensible. El área ha sido objeto de interés hidrocarburífero y existen antecedentes judiciales que pusieron límites a este tipo de actividades en áreas protegidas.
Por ello, la modificación de las reglas genera una pregunta inevitable: ¿se busca realmente agilizar procedimientos o crear nuevamente condiciones para desarrollar proyectos que encontraron obstáculos legales?
El riesgo para los pueblos en aislamiento
Más grave aún es cualquier flexibilización del régimen de protección de las reservas indígenas destinadas a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).
En estos territorios no está en juego simplemente la protección de un ecosistema. Está en juego la supervivencia de pueblos extremadamente vulnerables al contacto foráneo.
La apertura de sus territorios a actividades extractivas podría generar contacto forzado, enfermedades, desplazamiento y pérdida territorial.
Son daños que, una vez producidos, pueden resultar irreparables.
La verdadera reforma debería ser otra
Si bien el Perú necesita acelerar sus procedimientos ambientales, esto no debe significar de ninguna manera eliminar controles.
La solución debería pasar por fortalecer al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y a las autoridades ambientales.
Asimismo, se requiere mejorar la calidad de los estudios de impacto ambiental, dotar de mayores capacidades técnicas a las entidades encargadas de evaluar los proyectos y garantizar la participación de las poblaciones afectadas.
La experiencia de los llamados «paquetazos ambientales» ha dejado en Perú una lección negativa: debilitar las reglas ambientales no necesariamente acelera las inversiones, pero sí puede aumentar los conflictos y los costos sociales y ambientales.
La discusión sobre las facultades legislativas, por tanto, no debería limitarse a cuánto tiempo demora obtener un permiso.
La pregunta de fondo es mucho más importante: ¿Cuánto está dispuesto el Estado a flexibilizar para atraer inversiones y quién asumirá el costo si esa flexibilización provoca daños que después ya no puedan repararse?
Fuente: SERVINDI
