Megaproyectos

Si no somos capaces de proteger el medioambiente ante la intervención humana, será la naturaleza la que se encargue de hacerlo. No obstante, esto no quiere ser comprendido por el gobierno y una parte del empresariado, que fragilizan y sobrecargan la de por sí ya débil institucionalidad ambiental chilena, para, en contextos de pandemia, viabilizar proyectos resistidos por las comunidades que habitan los territorios y por todas aquellas personas que creen en la importancia de los derechos humanos, indisolublemente ligados a los de la naturaleza.

"El 1º de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A 26 años, solo miramos, explotación, despojo, represión y desprecio, como parte de una política económica neoliberal Salinista en beneficio de la gran oligarquía nacional e internacional que trajo como resultado, una total subordinación de la política económica mexicana a los dictados de Washington y del gran capital internacional".

Los ojos están puestos sobre la empresa Renova, la subfacturación y el rol de Glencore. La UIF investiga la triangulación de exportaciones que hacía Vicentin a través de las aguas del Paraná, ante la imposibilidad de saber dónde termina Glencore y empieza Vicentin en la firma Renova.

Tras el daño provocado al humedal por el proyecto "Construcción de Costanera Sur de la Laguna Señoraza- Laja" finalmente la Corte de Concepción acogió la reposición y decreta la Orden de no Inovar (ONI), la cual ordena la paralización de las obras ejecutadas sobre el humedal por la empresa Manque Ltda. Esto luego de que abogados y abogadas, en conjunto con organizaciones socioambientales interpusieran una acción legal para paralizar la obra que daña el importante ecosistema.

"Estamos ante un episodio, quizás definitivo, de la voraz colonización interna que ha devorado a lo largo de cinco siglos, siempre con “buenas intenciones”, las tierras, aguas, vientos y litorales de los pueblos originarios. Aún hoy, como de milagro, perviven más de 60 pueblos con sus respectivas lenguas, y en conjunto representan cuando menos la quinta, si no la cuarta parte de la población nacional, que no por minoría es irrelevante".

El megaproyecto denominado Tren Maya es uno de los Proyectos y Programas Prioritarios del ejecutivo guiado por Andrés Manuel López Obrador (2018-2023). Se prevé la construcción de una línea férrea de 1525 km a través de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y la operación de un tren alimentado a biodisel para transporte de carga y pasajeros. Según documentos y declaraciones oficiales, dicha línea potenciará el transporte, principalmente de gasolina y productos que se consumen en la zona turística llamada Riviera Maya en el norte de Quintana Roo; detonará el desarrollo turístico facilitando el acceso a zonas pocos conectadas (como Calakmul) y potenciando la conexión entre distintos polos de atracción turística de masa (Cancún, Chichén Itzá) con otros en vía de desarrollo (Palenque, Bacalar, Valladolid). Asimismo, se planea la edificación de al menos 18 nuevos centros de población (o ampliación de aquellos ya existentes) con vocación turística.

Un total de 66 empresas, en todo el país, multinacionales, agroindustriales, mineras y bancos, fueron condenadas a: restituir la tierra, suspender títulos mineros y anular las hipotecas bancarias. 

El agua es un derecho humano, pero las compañías mineras transnacionales en América Latina, con la complicidad de las autoridades públicas locales, insisten en robar este derecho a la población, especialmente a nuestras comunidades tradicionales. Para aumentar sus ganancias, estas empresas privatizan el acceso a este recurso vital, contaminan y agotan sus fuentes.