Aldo Santiago

El megaproyecto de infraestructura “tren maya”, promovido por el gobierno federal, cuenta con inversiones alemanas involucradas en su planificación, construcción y puesta en marcha. Entre ellas, las corporaciones DB Consulting & Engineering, SIEMENS y TÜV Rheinland, así como la conexión con empresas de la industria de las armas alemanas.

En las tierras de la península de Yucatán, donde se encuentra la mayor reserva de agua subterránea del país, comunidades indígenas mayas libran múltiples batallas contra la instalación, operación y expansión de mega granjas de cerdos, las cuales proliferan con anuencia de las autoridades pese a las afectaciones al ambiente y la salud de los pobladores de la región.

“Es uno de nuestros sentires pasar del plano de víctima a pasar al plano de sujetas políticas, de acciones concretas (…) ese ha sido nuestro camino y por eso muchas estamos vivas”, compartió Lolita Chávez durante el conversatorio La sanación en la defensa territorial, realizado junto con las también defensoras Egla Martínez y Sebastiana Par, con el acompañamiento del Concejo de Pueblos K’iche’s de Guatemala (CPK).

El lunes 30 de agosto, miles de personas se movilizaron en múltiples ciudades de Honduras para exigir la cancelación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, eje rector del conocido como proyecto ZEDE o Ciudades Modelo.

“Seguimos siendo atacados”. Es el mensaje de la Alianza de Organizaciones del Movimiento Munduruku Ipereg ayu, después que el pasado 9 de junio un grupo de mineros bloqueó el transporte que llevaría a una comitiva indígena, desde la ciudad de Jacareacanga en la amazonía brasileña, hasta la capital Brasilia.

En el 2019, mientras se esparcen movilizaciones en decenas de países para demandar acciones reales para enfrentar las consecuencias del calentamiento global, en México el gobierno federal aumenta la inversión en las industrias más contaminantes del planeta.

Ante las violaciones a sus derechos como pueblo indígena y la invasión a sus territorios, los mayas exigieron un alto a las políticas públicas que, “en un marco de ilegalidad, violan leyes,decretos y acuerdos que ellos mismos han emitido”.

Charlamos con la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín, integrante del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible. Mirtha es la abogada de la familia Chaupe y nos platicó algunos de los detalles acerca de este caso en el que se entremezclan la complicidad del poder judicial peruano con los intereses de la minera Yanacocha y algunos de los magistrados involucrados en el irregular juicio contra Máxima Acuña y su familia.