Aldo Santiago

Mientras el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presume que es el “segundo estado más seguro del país”, las agresiones contra defensores, periodistas y activistas aumentaron 29% en lo que va del año 2025, revela un informe elaborado por el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas (El Obse).

A dos semanas del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), a realizarse en la ciudad brasileña de Belém, en la región amazónica, un grupo de gobiernos de países industrializados y ONGs con perfil corporativo promueven un nuevo fondo de inversión internacional que busca movilizar cientos de miles de millones de dólares para “recompensar” la conservación de los bosques tropicales.

A un año del asesinato del defensor del territorio, regidor y religioso católico, Juan López, en Honduras, cientos de campesinos e integrantes de movimientos sociales, provenientes de todo el país centroamericano, se dieron cita en la capital, Tegucigalpa, para instalar el “Campamento Justicia para Juan López”. El defensor fue  acribillado al salir de una iglesia en Tocoa. 

A un mes de cumplir un año de su asesinato, el pasado 14 de agosto estaba prevista la realización de la audiencia preliminar por el  caso del defensor del territorio Juan López, religioso y líder social quien participó en diversas luchas por la recuperación de las tierras campesinas en el Bajo Aguán, norte de Honduras, así como por la defensa de la montaña Botaderos y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos donde destaca la industria minera.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió semana pasada un dictamen dirigido al gobierno de México en el cual confirmó la criminalización y detención arbitraria de los defensores de derechos humanos tzeltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco.

La región del Bajo Aguán, norte de Honduras, vive una crisis de violencia exacerbada. Ante ello, miembros de cooperativas agropecuarias y empresas asociativas campesinas, organizadas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), protestaron este martes (3) frente al Ministerio Público (MP), en Tegucigalpa, para denunciar la impunidad de grupos armados que operan en la zona.

El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), integrado por comunidades originarias de una docena de municipios en Chiapas, denunció lo que considera un proceso de imposición del gobierno estatal para la construcción de la autopista que conectaría las ciudades de San Cristóbal de las Casas y Palenque.

Ante la ola de desalojos  anunciados para ser ejecutados en la región norte de Guatemala, organizaciones sociales solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la crisis humanitaria la cual son objeto familias campesinas e indígenas víctimas de desplazamiento forzado.