En Honduras, garífunas resisten desalojos y criminalización por la defensa de sus territorios

Este martes (8), tras una asamblea extraordinaria celebrada en el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, donde más de 35 comunidades y organizaciones garífunas mantienen movilizaciones frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, Honduras, se emitió una declaratoria de desobediencia organizada: decidieron no presentar ante la justicia hondureña a cinco miembros de la comunidad de San Juan Tela, quienes enfrentan un proceso penal por el presunto delito de usurpación agravada.

El resolutivo de las comunidades garífunas apunta a denunciar un operativo violento realizado en julio de 2026 contra la comunidad de San Juan que también ha derivado en persecución contra los defensores del territorio Deinor Osmany Mejía, Irbin René López, Carlos Enrique Guzmán, Onil Hernández y Zara Abigail Acosta Acosta.

Mientras la Secretaría de Seguridad sostiene que el operativo cumplió una orden judicial, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y organizaciones de derechos humanos denuncian que se realizó un operativo violento con uso de gases lacrimógenos, disparos y la detención de las cinco personas, entre quienes se encuentra Deinor Osmany Mejía Arzú, presidente del Comité de Defensa de Tierras en San Juan.

Las comunidades garífunas resaltan que el conflicto territorial sucede en tierras donde, en agosto del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado hondureño por violaciones al derecho a la propiedad colectiva de la comunidad garífuna de San Juan y cuyas medidas de reparación al pueblo afroindígena no han sido implementadas.

Actualmente las comunidades y organizaciones garífunas mantienen protestas como las que, desde el 10 de agosto, realizan en el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna -junto al Campamento Feminista Viva Berta- ubicado en las inmediaciones del máximo tirbunal de justicia en Honduras. Desde ahí mantienen la exigencia para el cierre definitivo del proceso penal contra las cinco personas de San Juan Tela aunque reportes señalan hostigamiento policial y amenazas de desalojo contra el plantón, como el ocurrido el 17 de agosto cuando se desplegaron antimotines en sus alrededores.

Un conflicto de escala nacional

El escenario en la comunidad garífuna en la Bahía de Tela se inserta en un escenario más amplio de disputas por tierras y territorios en todo Honduras. Comunidades campesinas, indígenas y garífunas han denunciado desalojos, criminalización y el aumento de la violencia en variadas regiones del país.

La razón señalada por las comunidades yace en el nuevo marco legal promovido por el Decreto Legislativo 107-2026, publicado el 26 de junio como Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras. Según sus críticos, dicha ley promueve desalojos de tierras al declarar de orden público y prioridad nacional a protección de esta actividades, en detrimento de las comunidades.

De esta manera, uno de los primeros desalojos sucedió contra la comunidad garífuna de San Juan Tela, por lo que el caso pasó a ocupar un lugar central en la discusión sobre la aplicación del nuevo régimen legal.

^{Cocina comunitaria una de las señas de identidad del campamento. Foto: Wadani.}

En el contexto más amplio, el 4 de septiembre, expertos de Naciones Unidas exigieron al Estado de Honduras detener de inmediato la ejecución de más de 1,000 órdenes de desalojo emitidas durante julio con el respaldo de la nueva ley. Acorde a ellos, la norma fue aprobada sin consulta a las comunidades que podrían resultar desplazadas, por lo que advirtieron sobre los efectos negativos para las comunidades campesinas, indígenas y garífunas.

“Una ley redactada sin haber realizado una sola consulta a las comunidades que se verán desplazadas no puede servir de base para desalojar a miles de familias”, afirmaron los expertos, quienes sostienen que “estos desalojos son fáciles de ejecutar, pero casi imposibles de revertir”.

En el pronunciamiento, los expertos de distintos grupos de trabajo de la ONU señalaron específicamente el desalojo ocurrido contra la comunidad garífuna de San Juan, por lo que pidieron al gobierno de Honduras para investigar los hechos y cumplir íntegramente la sentencia de la Corte Interamericana emitida en 2023.

Por ahora, las comunidades garífunas resolvieron no presentar a los cinco perseguidos ante la audiencia a realizarse el próximo 11 de septiembre, mientras mantienen las movilizaciones permanentes en la capital del país para exigir la defensa de sus territorios ancestrales.

Fuente: Avispa Midia