Misión Civil denuncia ataques narcoparamilitares y omisión estatal en Guerrero

Este miércoles (27), mediante conferencia de prensa titulada “Criminalización, exterminio y graves violaciones a los derechos humanos en las comunidades de la montaña baja de Guerrero”, la Misión presentó los primeros hallazgos tras las agresiones contra los pueblos indígenas organizados en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC Pueblos Fundadores).

Acorde a la documentación y testimonios recogidos por la Misión, los ataques fueron realizados con drones y armas de alto poder que destruyeron cultivos y viviendas. En su recorrido registraron municiones de distintos calibres, incluso de armamento de uso exclusivo del ejército; casas y milpas quemadas, animales muertos y comunidades, como Tula, completamente vacías por el miedo de sus habitantes frente a las agresiones armadas. En dicha comunidad, resaltaron que no existen condiciones para el retorno inmediato, “no hay ni un habitante. No hay condiciones, quemaron todo”, afirmaron durante la conferencia.

“Entraban y destruían todo lo que poseían las familias en la comunidad. Era una saña impresionante por aniquilar y que nunca más esto se pudiera poblar nuevamente, su objetivo estaba muy claro”, detalló Malinalli Vega, integrante de la Misión. Integrantes del CNI, que también participaron de la Misión, denunciaron que fueron testigos de un ataque sistemático contra el territorio de los pueblos originarios, agresiones contra “lo que nos hace ser como pueblos, nuestra historia, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de organizarnos, nuestro trabajo”.

Por su parte, la abogada Karla Zamora denunció que el trabajo de la Misión evidencia que no existe por parte del Estado ningún seguimiento a la violencia generalizada contra las comunidades nahuas. Zamora destacó que, pese a la gravedad de las agresiones que calificó como “crímenes de lesa humanidad”, a la fecha no existen investigaciones por parte de las autoridades de ningún tipo, “no hay carpetas de investigación, no hay periciales, no hay detenidos”.

Además, cuestionó la postura del gobierno federal, el cual ha difundido que se trata de un conflicto entre comunidades y que por ello realizará mesas de diálogo. “¿Diálogo con quién? ¿diálogo con los grupos narcoparamilitares?, ¿de qué clase de gobierno estamos hablando, cuando están hablando de de negociar con los grupos del narco?”, inquirió la abogada, para quien la versión oficial es una mentira.

Desprotección

Durante su intervención, la abogada también exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas restituir las medidas a promotores comunitarios de las poblaciones atacadas, así como atender solicitudes pendientes, debido a que la falta de respuesta institucional ya ha derivado en asesinatos, como en el caso de Isaías, promotor comunitario de Tula.

“A él lo asesinaron cuando había solicitado también la incorporación al mecanismo y no se la dieron argumentando que eso era lo que se vivía diariamente en Guerrero; la violencia, una violencia que ya es estandarizada para ellos”, denunció Zamora.

Aunado a estos casos, los integrantes de la Misión también evidenciaron que, pese haber solicitado acompañamiento oficial para ingresar a las comunidades atacadas, conforme a los requisitos del protocolo del Mecanismo de Protección, la respuesta negativa les fue comunicada apenas un día antes del recorrido. Aún cumpliendo con la entrega de la solicitud, con cinco días de anticipación para que las autoridades del estado de Guerrero coordinara con fuerzas de seguridad para el acompañamiento de la Misión, finalmente no se otorgó la protección a los observadores.

Incluso, el profesor Jesús Cuéllar denunció que la Secretaría de Gobernación difundió la versión de que la Misión negó el acompañamiento, al publicar un video editado en el que se les presenta como si hubieran rechazado las medidas de seguridad. Según Cuéllar, lo que pidieron fue que militares y elementos de seguridad se retiraran de la cancha comunitaria de Alcozacán porque habría una asamblea y niñas y niños estaban usando ese espacio, fragmento que fue recortado y difundido sin contexto por parte del gobierno federal para hacer creer que la Misión rechazo las medidas de seguridad.

Pese a los alegatos del gobierno estatal, que argumentó que no contaban con los elementos de seguridad, integrantes de la Misión registraron una fuerte presencia del ejército, Guardia Nacional y policías en la cancha y la comisaría de Alcozacán, así como a la salida de Tula donde atestiguaron un despliegue de más de 40 camionetas de militares pese a que previamente se les había negado el acompañamiento. “Nos dimos cuenta que no querían que entráramos”, sostuvo Cuéllar.

Narcoparamilitares

Ante el cuestionamiento de reporteros sobre por qué calificar al grupo de “Los Ardillos” como un grupo narcoparamilitar, la Misión aseveró que se debe a factores como el tipo de armamento utilizado, la forma de atacar, así como la planeación y estrategia utilizada durante las agresiones que incluyó la quema de cerros para causar terror y provocar la huida de la población.

Según la Misión, hace más de una década desde que “Los Ardillos” han presionado a las comunidades organizadas de la montaña baja de Guerrero para permitir la siembra de amapola, establecer rutas de tránsito de estupefacientes y otras actividades delictivas. Pero las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, afirmaron, se negaron a integrarse a esa estructura criminal.

Debido al rechazo, aunado a su pertenencia a la CRAC-PC Pueblos Fundadores y su defensa del territorio, colocó a las comunidades como opositores del crimen organizado en la región. “Terminan chocando con todo lo que representa el crimen organizado, en tanto que son comunidades que luchan por la defensa de la tierra, del territorio y de la vida”, aseveraron durante la conferencia de prensa.

Otro punto que resaltó la Misión es el impacto en el acceso a la educación, pues en las comunidades del CIPOG-EZ no existen condiciones para que maestros lleguen con seguridad, por lo que una de las demandas es garantizar el retorno de docentes y la apertura de un bachillerato. También señalaron que, ante el riesgo de viajar a Chilapa, controlada por “Los Ardillos”, algunas familias prefieren que niñas, niños y jóvenes no estudien o se desplacen hacia otras ciudades.

Integrantes de la Misión denunciaron además simulación gubernamental en la entrega de apoyos. Según lo documentado, las autoridades estatales difunden visitas y apoyos a comunidades afectadas, pero parte de esa ayuda se entrega en localidades vinculadas a la estructura criminal de “Los Ardillos”, cuando se presenta públicamente como atención a Alcozacán y otras comunidades atacadas por el grupo narcoparamilitar.

Miembros del Congreso Nacional Indígena enfatizaron que lo ocurrido en Guerrero forma parte de un patrón más amplio de agresiones contra pueblos organizados en México, tal como ocurre en Ostula y Sevina en Michoacán, San José Chiapa en Puebla y El Salto, Jalisco. “El mensaje que vemos del capital es que cualquiera que se niegue a ser esclavo va a padecer esta injusticia desde arriba”, sostuvieron.

Actualmente la Misión prepara un informe amplio con entrevistas, testimonios y documentación derivada de su labor, mientras las comunidades exigen la implementación de medidas de seguridad para su retorno, la investigación de los ataques y la restitución de las medidas de protección frente a la estructura criminal que acecha sus territorios.

Fuente: Avispa Midia