Desalojo en tierras garífunas reactiva disputa en comunidad con sentencia de Corte Interamericana sin cumplimiento

No obstante, bajo el marco de la nueva Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, cientos de policías dieron persecución a miembros de la comunidad y detuvieron a cinco personas defensoras de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

Reportes de la Secretaría de Seguridad hondureña ratificaron la participación de más de 200 elementos de la Policía Nacional, coordinados con el Ministerio Público, quienes ejecutaron una orden de desalojo sobre un terreno en la comunidad garífuna de San Juan. Autoridades sostienen que la intervención se realizó en cumplimiento de una resolución judicial vinculada con una propiedad privada y que, el inmueble en cuestión, cuenta con documentación de dominio pleno a favor de la sociedad mercantil Promociones y Turismo.

Por su parte, la Ofraneh denunció que el operativo policial utilizó gases lacrimógenos, amenazas y agresiones con disparos de munición letal contra la población garífuna. A esta denuncia se sumaron organizaciones como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y C-Libre quienes reportaron personas heridas, así como afectaciones a infancias y mujeres embarazadas. 

Durante el operativo policial fueron detenidos cinco pobladores garífunas: Deinor Osmany Mejía Arzú, presidente del Comité de Defensa de Tierras de San Juan; Irbin René López Cortés, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Riboberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta Acosta. Horas después fueron liberadas, pero se mantiene la acusación en su contra por el delito de usurpación agravada. 

Para la Ofraneh y organizaciones acompañantes, el desalojo deriva de la reciente aprobación y puesta en marcha de la ley que protege al sector agroindustrial, “que viene a avalar el despojo de los territorios ancestrales y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y garífunas reconocidos por organismos internacionales”, denuncian mediante comunicado avalado por más de una veintena de organizaciones sociales, campesinas y feministas de Honduras.

En ese tenor, las organizaciones exigen una respuesta inmediata de la Corte Suprema de Justicia, ante quien interpusieron una Acción Constitucional de Hábeas Corpus Preventivo para proteger a 217 territorios de comunidades indígenas y campesinas “ante la avalancha de desalojos violentos para favorecer terratenientes y corporaciones por sobre los derechos colectivos ancestrales”, sostiene Ofraneh en su pronunciamiento.

Sentencia sin cumplimiento

Fue en agosto del año 2020 cuando el caso de San Juan se sometió ante la Corte IDH en una demanda que relacionó una multitud de conflictos derivados de la falta de protección de tierras ancestrales, amenazas contra liderazgos comunitarios y otorgamiento de títulos de propiedad a terceros. 

Tres años después, el 29 de agosto de 2023, la Corte IDH declaró responsable al Estado hondureño por incumplir su deber de titular, delimitar y demarcar el territorio de la comunidad garífuna, así como por no garantizar el uso y goce de la propiedad colectiva de las y los pobladores de San Juan.

En la misma sentencia, la Corte declaró al Estado como responsable por vulnerar los derechos de la comunidad garífuna a la participación en asuntos públicos y al acceso a la información pública relacionados con decisiones que afectaron a la comunidad. Estos fueron los casos de la ampliación del casco urbano del municipio de Tela, así como la creación del Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas.

En su sentencia, la Corte IDH ordenó al Estado de Honduras otorgar un título de propiedad colectiva sobre tierras alternativas, tomando como referencia el área reclamada reconocida por el Estado, correspondiente a 674.69 hectáreas, o en su caso, pagar indemnizaciones correspondientes. Además, la Corte dispuso que supervisaría el cumplimiento íntegro de la sentencia hasta su ejecución total. 

La sentencia también documentó un contexto de violencia contra integrantes de la comunidad, protagonizado por terceros y, en algunos casos, por miembros de la fuerza pública. Según la Corte IDH, ese contexto se relaciona con un conflicto territorial que lleva décadas sin resolverse y con la falta de definición estatal sobre el territorio garífuna de San Juan.

A casi tres años, la comunidad garífuna sostiene que el Estado de Honduras no ha ejecutado la sentencia. En contraste, el desalojo en San Juan ocurrió a escasos 10 días de la entrada en vigor de la ley que protege al sector agroindustrial, una norma que, según organizaciones sociales, es utilizada para  frenar recuperaciones de tierras que afecten a diversos sectores productivos.  

Para la población garífuna existe una contradicción entre las diferentes normativas. Rony Castillo, de Ofraneh, cuestionó que la ley hondureña pueda aplicarse en territorios reivindicados por pueblos indígenas y garífunas aún cuando existen sentencias internacionales que avalan sus derechos territoriales ancestrales. “¿Cómo el pueblo indígena, pueblo negro y pueblo garífuna va a invadir un territorio que es suyo?”, declaró Castillo el pasado 30 de junio durante la presentación de un recurso de amparo contra el Decreto 107-2026, mediante el cual fue aprobada la nueva ley.

Según registran medios locales, la ley de protección a diversos sectores productivos acumula más de cinco desalojos en Choluteca, Yoro y Tela y se prevé la ocurrencia de otros más. Acorde al ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, bajo la nueva ley los desalojos pueden ejecutarse en un plazo de solo dos o tres días.

Tras el desalojo en San Juan, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expresó preocupación por el operativo, las detenciones y persecución contra liderazgos comunitarios y de Ofraneh. Organizaciones sociales se sumaron a la exigencia de la población garífuna por el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, así como por la investigación de denuncias por uso excesivo de la fuerza en el operativo policial y el cese de los operativos para desalojar tierras campesinas y de pueblos originarios en Honduras.

Fuente: Avispa Midia