Desinformémonos

“En estos días, tememos un ataque armado o probable masacre que pueda ocurrir por los grupos criminales que operan en esta región”, alertaron las autoridades de la comunidad tsotsil de Tzajalch’en, Chiapas, durante una jornada de oración ecuménica para pedir acompañamiento tras las agresiones armadas y la criminalización de las que fueron víctimas los pasados 8 y 9 de junio.

Comunidades, pueblos y colectivos indígenas y de derechos humanos convocaron al Segundo Foro en Defensa de Nuestros Territorios contra la Minería para compartir las experiencias de lucha legal y comunitaria frente a la imposición de proyectos extractivos en el Valle de Tehuacán y la Mixteca poblana-oaxaqueña, donde «día con día se intensifica el saqueo».

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) «ha retrasado el cierre» del juicio de amparo contra el Tren Maya promovido por pueblos, comunidades indígenas, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, «a pesar de la solidez de la evidencia presentada» sobre los impactos ambientales en los siete tramos del megaproyecto, denunciaron colectivos y organizaciones.

Los desplazamientos forzados por la violencia en México, principalmente en Chiapas y Sinaloa, se duplicaron en 2024 con alrededor de 26 mil nuevas víctimas, concluyó el informe anual de la ONG Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés).

Desde hace más de diez años la comunidad de Eloxochitlán del Flores Magón, en el territorio del Pueblo Mazateco de Oaxaca, ha sido hostigada, agredida y perseguida por caciques locales enquistados en las instituciones formales y cobijados por el poder del Estado.

Greenpeace criticó el plan integral de restauración que anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tras reconocer que el Tren Maya ha provocado daños ambientales en la Península de Yucatán.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) documentó los casi 16 mil casos de desplazamiento forzado en las comunidades de Chiapas, el despojo territorial contra los pueblos, la violencia contra defensores de la tierra y los derechos humanos, los impactos de la militarización en los territorios y la violencia del crimen organizado en su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”.

Comunidades y organizaciones indígenas agrupadas en los Pueblos en Defensa de la Tonantzin Tlalli (Madre Tierra) exigieron la clausura total y definitiva “de todos y cada uno de los tóxicos basureros o vertederos a cielo abierto, mal llamados ‘rellenos sanitarios’, ubicados dentro de la geografía del estado de Puebla y de todo el país”, por ser fuentes de contaminación, producir enfermedades, afectar a la fauna y la flora y dañar la vida comunitaria.