Honduras

Ana Núñez, joven trabajadora de Agromeza, propiedad de la transnacional palmera Grupo Jaremar, fue despedida el pasado 12 de diciembre junto a su marido Nelson Urbina. Su delito fue afiliarse al sindicato y exigir el respeto de sus derechos. Ante la difícil situación, Nelson no tuvo otra opción que sumarse a la caravana de migrantes.

Este 2 de marzo se cumplen tres años del asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres. Sin embargo, el proyecto hidroeléctrico contra el que protestaba sigue en marcha y las empresas impunes. 

Coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Zuniga Cáceres es una de las hijas de Berta Cáceres, luchadora social lenca asesinada el 2 de marzo del 2016 en la comunidad La Esperanza. Ojarasca la entrevistó en el marco del XIII Taller Internacional Sobre Paradigmas Emancipatorios “Rebeldías Y Revoluciones”, celebrado en La Habana, Cuba, en enero de 2019. 

"El Bajo Aguan -donde se encuentra ubicado la comunidad de Guapinol- es el escenario de una guerra de baja intensidad que se ha venido librando en la última década, con más de un centenar de campesinos asesinados por las fuerzas de seguridad y guardias privados de las extensas plantaciones de palma africana"

La terquedad del gobierno en mantener vigente la concesión minera a favor de la empresa Inversiones Los Pinares provoca un repunte en las violaciones de los derechos humanos en la Región del Bajo Aguán, informó Johnny Rivas, vocero del Movimiento Campesino del Aguan,(MUCA) y miembro de la Plataforma Agraria.

"En mi país impera la consolidación de muchos poderes fácticos que continúan las políticas golpistas y que tienen que ver con la profundización del modelo económico sustentado en el extractivismo de los territorios, la apertura a empresas privadas nacionales y transnacionales y el contexto represivo y de violencia."

"Actualmente, nuestro país está concesionado aproximadamente en un 80 por ciento. Sólo hay dos departamentos que no están dentro del mapeo que se hizo para la explotación. La ley favorece nada más que el dueño del terreno, al Estado y a la misma minera, que muchas veces son personas extranjeras".

"La propiedad comunitaria es vista por los organismos  financieros internacionales como un obstáculo para el desarrollo, y para ciertas universidades estadounidenses asociadas con el Departamento de Defensa, ven la propiedad comunitaria como informal".