Europa

Los tratados transatlánticos TTIP y CETA, lejos de servir a los intereses de la ciudadanía europea proporcionarán aún más poder a las empresas multinacionales. Y les permitirán ejercer una presión inaceptable sobre el medio ambiente en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos y sobre la población de estos países -y otros.

Ecologistas, consumidores y agricultores se han unido para denunciar los acuerdos entre EE UU y la Unión Europea que, dentro del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), implicarán la entrada de alimentos contaminados por transgénicos no autorizados en la UE.

"La agroecología es la condición para la seguridad y la soberanía alimentaria de todas las personas y todos los pueblos. Buena alimentación es sinónimo de alimentación agroecológica. Para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, es preciso defender la agricultura familiar agroecológica. La agricultura familiar agroecológica necesita del consumo responsable agroecológico."

La compañía italiana semiestatal ENI ha comenzado a producir biodiesel de aceite de palma cerca de Venecia. Aunque el cultivo de palma aceitera implica la destrucción masiva de selvas en Indonesia y Malasia, la Unión Europea fomenta su uso.

Un informe de Amigos de la Tierra revela la necesidad de limitar el uso de biomasa como fuente de energía. A pesar de conocerse como una fuente de energía renovable, el documento señala que, de no establecerse topes y criterios en su definición, la biomasa implicaría un uso excesivo de tierras cultivables y forestales.

La empresa E.on amenaza los bosques del sur de Francia. La empresa eléctrica pretende convertir una vieja central de carbón en una enorme central a base de biomasa. Quemará un millón de toneladas de madera cada año. Esa energía no tiene nada de limpia.

El municipio de Malles está de enhorabuena. Este municipio situado en el corazón del Valle de Venosta en el norte de Italia, cerca de la frontera con Austria y Suiza, es el primer municipio europeo donde no se utilizará ningún plaguicida.

Esta decisión impide a la ciudadanía recoger un millón de firmas para obligar a la Comisión Europea a que revise su política comercial y a que se celebre una audiencia pública en el Parlamento Europeo sobre la materia.