Defensa del Territorio

Su más reciente informe evidencia que la violencia contra los defensores de derechos humanos persiste en Latinoamérica.

Las instituciones que componen y representan el Estado de Derecho son tolerantes, permitiendo que el control paramilitar se desarrolle a todas anchas como una nueva cultura de sociedad que legitima la ilegal.

Mientras se presenta un Alto al Fuego como parte de lo que se conoce como el “Plan Trump”, ofrecemos una bienvenida muy cautelosa y condicionada. Nuestra bienvenida es humanitaria y temporal: cualquier pausa a los asesinatos es bienvenida por las vidas que pueda salvar. Pero no aceptaremos un marco que trate el intercambio y la liberación de detenidxs en una primera “fase” aislada como sustituto de un verdadero fin de la violencia. Priorizar una “Fase Uno” centrada en el intercambio de prisionerxs sin garantías vinculantes y verificables de manera independiente para un cese permanente y global de hostilidades, retirada de las fuerzas, levantamiento incondicional y duradero del bloqueo, y mecanismos transparentes de investigación y rendición de cuentas, corre el riesgo de convertir un alivio momentáneo en un pretexto para una masacre renovada. Las vidas no pueden usarse como fichas de negociación mientras la impunidad perdure.

Este artículo se escribe a raíz de las declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, quien afirmó que “la minería es hoy una aliada del ambiente”, en el marco del lobby minero destinado a debilitar o modificar la Ley de Glaciares y así profundizar el modelo extractivista en el país sobre la base del interés de EE.UU. por los minerales críticos de la Argentina a partir de la disputa que hay con China.

"Los ataques químicos contra Guyraroká son realizados por medio de maquinarias y aviones agrícolas, resultando en la pérdida de toneladas de alimentos producidos por los indígenas y frecuentes enfermedades de los ancianos, niños y jóvenes, incluyendo casos de hospitalización".

Declaraciones de la fiscal regional cuestionando el rol de Julia Chuñil como defensora ambiental despertaron discrepancias del Ministerio de Justicia, aludiendo al fallo de la CIDH que insta a tratar el caso bajo esa lógica. Un informe enviado a fiscalía en marzo también detalla la labor de defensa ambiental de la dirigenta.

El caso de la criminalización de 20 defensoras y defensores de la reserva natural de Tariquía, por haber rechazado las operaciones petroleras, ha sido contemplado en el informe regional.

Las organizaciones de la CLOC-Vía Campesina de la región Caribe, miembros de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, comparte sus acciones en defensa a América Latina y el Caribe como Zona de Paz.