Defensa del Territorio

La Agencia Nacional de Tierras de Colombia (ANT) presentó el Plan Catatumbo, cuyo objetivo es contribuir a garantizar el retorno del campesinado a esa región del noreste, afectada actualmente por enfrentamientos entre grupos armados, se conoció hoy.

Este documento reafirma la necesidad de la Reforma Agraria Popular en el país para superar la destrucción ambiental, la concentración de la riqueza y la desigualdad social.

Las autoridades comunitarias del primer nivel de Livingston, Izabal, se reunieron con el alcalde municipal Enrique Xol Caal, luego de conocer la llegada de la empresa minera Río Nickel S.A.

Varias comunidades indígenas de Honduras están tratando de establecer la reserva antropológica indígena Warunta, que les permitirá continuar con sus prácticas tradicionales de caza y pesca mientras gestionan el bosque junto con el Gobierno. La reserva abarcará 65 369 hectáreas en el departamento de Gracias a Dios, cerca de la frontera con Nicaragua.

La Red por la Superación del Modelo Forestal, y otras organizaciones socio-ambientales difundieron un comunicado durante el mes de febrero para alertar sobre las causas e impactos de los incendios forestales. A continuación reproducimos el comunicado y los firmantes del mismo.

Esse mês de fevereiro é marcado por algumas vitórias para os povos quilombolas. Na Amazônia, podemos destacar os 7 anos da titulação do  quilombo Pérola do Maicá, em Santarém, no oeste do Pará. Esse é o primeiro e único território quilombola titulado (ainda parcialmente) do município que possui uma história de luta e resistência das 13 comunidades remanescentes de quilombolas.

"El pueblo Borari es un matriarcado: las mujeres son las liderazgos históricas y participan de manera decisiva en la organización de la vida Borari. Siempre que alguien nuevo llega a una aldea Borari, la cacica comienza diciendo que «aquí quien manda es la mujer»".

Tribunales Ambientales deberán determinar el futuro de la minera Collahuasi, que busca extender su operación por 20 años más mientras comunidades aymara acusan que fueron excluidas de la evaluación ambiental. En una causa paralela, comunidades costeras le imputan daño ambiental a la minera en el mar.