Defensa del Territorio

Comunidades y organizaciones indígenas agrupadas en los Pueblos en Defensa de la Tonantzin Tlalli (Madre Tierra) exigieron la clausura total y definitiva “de todos y cada uno de los tóxicos basureros o vertederos a cielo abierto, mal llamados ‘rellenos sanitarios’, ubicados dentro de la geografía del estado de Puebla y de todo el país”, por ser fuentes de contaminación, producir enfermedades, afectar a la fauna y la flora y dañar la vida comunitaria.

El extractivismo en México tiene profundas implicaciones económicas, sociales y ambientales, lo que lo convierte en un tema de relevancia. Aunque históricamente ha sido presentado como un motor de crecimiento económico, este modelo ha resultado en un despojo sistemático de recursos naturales y en el debilitamiento del desarrollo socioeconómico en diversas regiones (Azama & Ponce, 2014). Lejos de fortalecer las economías locales, estas actividades suelen beneficiar a grandes corporaciones extranjeras, mientras dejan tras de sí problemáticas sociales y ambientales de gran envergadura (Azama & Ponce, 2014).

El pasado martes (4/3) se difundió un comunicado de numerosas personas, organizaciones y comunidades en apoyo al la Lof Che Buenuleo. La comunidad mapuche habita a los pies del Cerro Ventana, en la nacientes del Arroyo Ñireco, Bariloche. En el 2020 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas le reconoció la ocupación actual, tradicional y pública a la Comunidad sobre 481 hectáreas en la zona del cerro. Sus familiares se demostró, habitaron allí desde 1880.

Por segunda vez, las fuerzas de seguridad pública ingresaron a la comunidad Río Tebernal, Livingston, para desalojar a las familias Q’eqchi’ asentadas en ese lugar desde 2019. En el desalojo se pudo ver a Byron Matta, supuesto propietario de la finca, acompañando a las fuerzas de seguridad. La organización campesina CCDA señala que hay un amparo vigente por lo que el desalojo no debió llevarse a cabo.

“Desde 2008, Temacapulín ha sido el epicentro de una resistencia que trasciende fronteras. Sus habitantes han defendido su tierra, tradiciones y medio ambiente contra la construcción de la presa El Zapotillo, un proyecto cuyo diseño original habría implicado la inundación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para abastecer de agua a otras regiones del estado de Jalisco”.

Las mujeres en la Amazonía y Orinoquía colombiana siguen siendo estigmatizadas, amenazadas, desplazadas y criminalizadas por su labor en la defensa del territorio, como muestra este especial periodístico a través de las historias de cuatro defensoras en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Meta. Diversas organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo han advertido que la violencia contra las defensoras ha tenido una escalada de agresiones desde 2022.

Los agronegocios están expandiéndose en la Amazonía peruana. Un reciente informe publicado por la organización Oxfam indica que el modelo de agricultura a gran escala que se ha instalado en Perú está convirtiendo bosques amazónicos en áreas agrícolas, ocasionando altos costos sociales, ambientales y climáticos.

La localidad mendocina de Uspallata es epicentro del intento de imponer un proyecto minero de cobre, oro y plata. A pesar de la vigencia de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas, el gobierno provincial avanza junto a la multinacional Solway Holding e incluye represión y criminalización. Detenciones y allanamientos arbitrarios, asambleas y movilizaciones, y una decisión vecinal: no es no.