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El Gobierno echó a circular la versión de una reducción de las áreas glaciares protegidas, algo que ya se había rechazado en la Ley Bases. Los riesgos y sociales ambientales de la estrategia para conquistar a los mandatarios de Mendoza, Catamarca, Salta, San Juan y Jujuy.

El pasado martes (11), un día después del arranque de la COP30, el Ministerio de Agricultura y Ganadería brasileño (MAPA, por sus siglas en portugués) difundió una nueva autorización para el registro y uso de 30 plaguicidas en el país sudamericano. 

El canciller Mario Lubetkin firmó este jueves un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones con Arabia Saudita en Riad, la capital árabe, que busca garantizar condiciones de seguridad jurídica para los empresarios sauditas que deseen invertir en Uruguay.

Na quinta-feira, dia 13 de novembro, o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) participou da Reunião Internacional da Via Campesina sobre a Declaração dos Direitos Camponeses da ONU (UNDROP), representado pelo companheiro Marciano Toledo, durante a Cúpula dos Povos, na COP30, em Belém.

“Julia no es la primera. Antes que ella, otras defensoras y defensores ambientales fueron perseguidos, silenciados, desaparecidos o asesinados. Ninguno de esos crímenes ha tenido justicia. Todos han sido encubiertos bajo los mismos mecanismos de montaje, racismo institucional y complicidad empresarial”.

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) rechaza rotundamente la designación del empresario Óscar Mario Justiniano como ministro de Medioambiente, por sus vínculos con el sector del agronegocio que provoca incendios y deforestación agravando la crisis climática.

Las empresas agroexportadoras son las grandes ganadoras del modelo agropecuario centrado en la soja transgénica, apoyado por todos los gobiernos. El presidente Javier Milei es su nuevo gran socio como lo demostró con la decisión de bajar a cero las retenciones para los granos. ¿Qué aprendizaje dejó el caso Vicentin? ¿Qué propuesta pensar desde el campo popular?

La ley fue impulsada por los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet y promulgada en 2023 por el actual gobierno. Su tramitación tardó 13 años en el Congreso, siendo patrocinada transversalmente por los 4 últimos gobiernos, no obstante su diferente signo político. Ha sido un tema de Estado.