Brasil: Ley antiterrorista contra movimientos sociales
"Es evidente que la casta política, de derecha y de izquierda, del gobierno y de la oposición, tiene un objetivo claro: impedir la protesta y, para ello, transformar la revuelta en crimen con penas de más de 20 años de cárcel".
Por Raúl Zibechi.
El año 2013 abrió un ciclo de manifestaciones populares que aún no ha terminado, señala el relatorio de la ONG brasileña Artigo 19, titulado “Las calles bajo ataque”, dedicado a analizar a lo largo de casi 200 páginas las protestas de 2014 y el primer semestre de 2015. “El impacto de aquellas manifestaciones en la cultura política brasileña está en proceso de debate y análisis por académicos y movimientos sociales, pero es fácilmente perceptible que la ocupación de las calles paso a formar parte del cotidiano de la población de una manera que no era común en los años anteriores”, puede leerse en el primer capítulo (p. 14).
El pasado 29 de octubre el Senado de Brasil aprobó la ley antiterrorista enviada por el gobierno de Dilma Rousseff, anulando las enmiendas aprobadas en diputados que preveían que las conductas individuales o colectivas durante protestas sociales y políticas no pudieran caer en la tipificación de terrorismo. Sin embargo, el gobierno aplicó una táctica sorprendente: indicó al senador socialdemócrata Aloysio Nunes (PSDB), uno de los partidos más neoliberales del país, para ser el relator del proyecto.
En el debate, el senador Nunes manifestó que la caracterización de un acto como terrorista exige cuatro elementos: atentar contra personas, mediante violencia o “grave amenaza”, motivado por “extremismo político, intolerancia religiosa o preconcepto racial, étnico o de género”, con el objetivo de “provocar pánico generalizado” (Carta Maior, 29 de octubre de 2010).
La ley fue aprobada por 38 votos contra 18, el Partido de los Trabajadores votó dividido y algunos de sus miembros defendieron con vigor la polémica norma. El senador Nunes destacó el apoyo del gobierno de Dilma a la ley antiterrorista, así como los ministerios de Hacienda y Justicia.
Un comunicado firmado por 23 organizaciones, entre ellas la Asociación Jueces para la Democracia, Ibase, Asociación Nacional de Defensores Públicos, MST y diversos organismos de derechos humanos, asegura que la ley salida del Senado es “un enorme retroceso político-criminal y una grave amenaza a las libertades democráticas”. Como ejemplo, señala que una persona que arroje una piedra contra un vidrio de un banco puede ser acusado terrorismo. El MST fue acusado varias veces de terrorista por la ocupación de tierras.
Pero además, la norma “no prevé mecanismos que posibiliten la protección de los derechos de asociación y expresión” de quienes integran movimientos sociales, que pueden ser uno de los principales blancos de la legislación. El texto incluye como terrorismo el “extremismo político”, pero al no definirlo deja su tipificación a los miembros del poder judicial, cuestión que, por “la ambigüedad o vaguedad de su formulación y por la severidad de las penas”, puede intensificar la criminalización de los movimientos sociales.
Guilherme Boulos, de la coordinación nacional del MTST (Movimiento de Trabajadores Sin Techo), dijo que “el año pasado las policías brasileñas mataron por lo menos 3.022 personas”, por lo cual se pregunta “¿Quiénes son los terroristas?” (Folha de Sao Paulo, 30 de octubre de 2015). El dato no es menor porque desde 2013 hay cientos de manifestaciones contra el Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos de 2016, contra Dilma y contra las masacres en las periferias.
Según Boulos, es vergonzoso que el proyecto de ley haya sido redactado por el gobierno de Dilma, que en su momento fue acusada como terrorista. “Pero más vergonzoso fue el argumento del gobierno de atender una exigencia del GAFI (Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo), que impone sanciones que podrían afectar el grado inversor a los países que no tengan legislaciones contra el terrorismo”. La cuestión es grave cuando el único terrorismo existente en Brasil es, dice, el terrorismo de Estado. “Un Estado que extermina miles de jóvenes negros en las periferias todos los años merecería esa calificación”, concluye el dirigente del MTST.
El filósofo Vladimir Safatle recuerda que la ley define terrorismo, entre otras, como “provocar terror generalizado mediante tentativa de ofensa a la salud”, lo que en su opinión es cómico, ya que en ella entraría la famosa emisión de radio de Orson Welles anunciando un ataque de marcianos (Folha de Sao Paulo, 30 de octubre de 2015).
Es evidente que la casta política, de derecha y de izquierda, del gobierno y de la oposición, tiene un objetivo claro: impedir la protesta y, para ello, transformar la revuelta en crimen con penas de más de 20 años de cárcel. Dicho de otro modo: meter miedo a la población para que no se atrevan a volver a las calles como sucedió en junio de 2013.
El informe de Artigo 19 compara la dura represión contra las manifestaciones del Movimiento Passe Livre (MPL) en 2013 y 2014, contra los que protestaban contra el Mundial y contra los habitantes de las favelas, con la mesura policial cuando se trató de contener a los manifestantes que pedían la caída del gobierno de Dilma y un golpe de Estado, en los primeros meses de este año. “Son tipos de manifestaciones distintas, que provocan reacciones distintas del Estado”.
Fuente: Desinformémonos