El tratado sobre la Carta de la Energía, en el punto de mira de los grupos de presión en la UE

Las empresas han estado utilizando el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), diseñado en 1994 y que entró en vigor en 1998 para proteger las inversiones energéticas en Europa del Este tras la caída del Muro de Berlín, para reclamar compensaciones por cambios en la legislación energética de la UE que, en su opinión, equivalen a una expropiación.

Aunque el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) prohibió el reconocimiento de los laudos del TCE dictados en terceros países, las empresas recurren a tribunales extranjeros para hacer cumplir las decisiones de los paneles de arbitraje creados para resolver litigios.

El último caso es el de la constructora austriaca Strabag, que el pasado 4 de abril presentó en Washington una demanda contra Alemania por 350 millones de euros.

El año pasado, un tribunal de arbitraje internacional de la capital estadounidense concedió esa suma tras varios cambios aplicados a la legislación alemana sobre jurisdicciones extraterritoriales.

Previamente, Strabag obtuvo una indemnización de 3 millones de euros concedida por el Tribunal Constitucional alemán.

Las empresas que han recurrido a tribunales fuera de la UE para hacer cumplir una decisión de arbitraje han visto –entre otros casos- cómo se embargaban en Suiza varios edificios propiedad del Estado italiano, y han reclamado un laudo contra España por el vertido de petróleo del buque Prestige ante las aguas de Galicia en 2002.

"El Tratado sobre la Carta de la Energía sigue siendo el tratado de inversión más peligroso para la transición energética al proteger más de 300 megatoneladas de emisiones de gases de efecto invernadero", aseguró en 2024 la ONG E3G.

"Es un escándalo" que empresas europeas ejecuten laudos arbitrales en tribunales extranjeros, afirma Fabian Flues, de la ONG PowerShift.

Aunque Alemania y Francia, además de la UE, han abandonado el Tratado, más de la mitad de los Estados miembros del bloque comunitario forman parte del acuerdo con la esperanza de que se reforme el TCE.

España se retiró del Tratado en mayo de 2024, tras considerar que ya no era compatible con los objetivos climáticos de la Unión Europea.

Por su parte, Bruselas lleva largo tiempo intentando poner coto a las reclamaciones del TCE.

Su último intento de disuadir las demandas de arbitraje se produjo a finales de marzo pasado, en un caso sobre energías renovables que afecta a España.

Fuente: Bilaterals