En territorio Yaqui, pueblos reafirman compromiso en la defensa del agua y la vida

“Nos encontramos estos dos días para escucharnos, mirarnos y sabernos en resistencia, para identificar a los enemigos que tenemos en común, organizarnos y unirnos para defendernos y luchar por la vida”, se lee en la Declaratoria de la Sexta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio difundida durante el cierre de este evento el pasado domingo (19).

Durante dos días, representantes de pueblos yaquis, nahuas, mixe, otomíes, purépechas, tseltales, rarámuris, mayas peninsulares, e incluso mapuche y otras comunidades, alertaron de una situación común que experimentan en sus territorios: mientras el despojo avanza, la represión y criminalización se extiende sobre quienes los defienden.

“El enemigo del pueblo hermano es también nuestro enemigo”, advirtieron los pueblos reunidos sobre el reconocimiento del despojo en distintas geografías de México. En su declaración, señalaron a las instituciones del gobierno federal y estatal —CONAGUA, SEMARNAT, PROFEPA, CFE, SENER, INPI— como “saqueadoras” al servicio de empresas como Grupo México, Constellation Brands, Bonafont-Danone, Nestlé, Coca-Cola, Abengoa y AUDI, entre otras.

“Todos ellos son criminales que generan planes para despojar de manera masiva y dejar despoblados y destruidos los territorios”, sostuvieron los pueblos reunidos en la Asamblea.

Las comunidades denunciaron que estas empresas mantienen un rol destacado al participar en la construcción del “Plan México”, una estrategia impulsada por el gobierno “servil a los intereses de Estados Unidos”, que busca convertir al país en “la nueva fábrica del mundo en un desierto tóxico”.

Los nuevos rostros del despojo

La declaración de la Asamblea también señala que el Plan de Expansión y Fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, promovido por el gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum, profundiza la entrega de energía y agua al capital mediante gasoductos que importan gas fósil desde Texas, termoeléctricas y megaproyectos de energía “verdes” en estados como Veracruz, Morelos, Sonora y Baja California.

Asimismo, denuncian que los Planes de Justicia y el Plan Hídrico Nacional operan como mecanismos de cooptación que dividen comunidades y reactivan proyectos contra los que los pueblos han luchado por años: presas, acueductos, canales y represas en Zacatecas, Nayarit, Sonora y Guanajuato. “Los planes de justicia y los planes de restauración de ríos son estrategias del Estado para garantizar la gobernabilidad en el país, para dividir a los pueblos y así asegurar las inversiones y la implementación de megaproyectos en los mismos lugares despojados y devastados a través del saqueo del agua y el territorio durante décadas”, sostienen.

Criminalización y exigencias

Las delegaciones de pueblos y comunidades participantes destacaron sus exigencias sobre distintos casos de represión y criminalización que ocurren a lo largo y ancho de México.

Entre sus principales demandas, la Asamblea exige libertad inmediata para las y los presos mazatecos de Eloxochitlán, Oaxaca; para los presos tseltales de San Juan Cancúc, Chiapas, encarcelados por oponerse a la imposición de la carretera San Cristóbal-Palenque y contra la militarización. También reclamaron por el fin de la persecución contra defensores en Puebla y Xochimilco, en la Ciudad de México.

A estas demandas, se suma la exigencia de cancelación del gasoducto Puerta al Sureste, en Veracruz; justicia para Estela Hernández, torturada en Querétaro, y el retiro de las concesiones mineras de Grupo México responsables de la contaminación del río Sonora, uno de los mayores ecocidios ocurridos en el país. Además, la Asamblea exigió que México rompa relaciones con el Estado de Israel y reiteró la exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes el pasado septiembre cumplieron 11 años de su desaparición.

Victorias y próximas convocatorias

Además de enunciar los despojos, la Asamblea rememoró las victorias locales que se han convertido en símbolos nacionales. Por ejemplo, en Mexicali, la organización popular logró expulsar a la cervecera Constellation Brands. En Juan C. Bonilla, Puebla, la resistencia detuvo la extracción de agua de Bonafont-Danone y clausuró una de sus instalaciones. En el mismo estado, en Metlapanapa, frenaron el vertido de desechos industriales. Y en Xochimilco, CDMX, las comunidades recuperaron su agua y convirtieron el espacio Tlamachiloyan en un centro de enseñanza para niños y cuidado colectivo de la naturaleza.

“Venimos hasta esta tierra para llevarnos la palabra escuchada, para compartirla con nuestros pueblos, venimos para llevarnos trabajo, para en común expulsar al enemigo y asegurar que no vuelva. Es momento de que los pueblos nos unamos en un solo corazón, un solo sentir y celebremos nuestros logros, desde los cuales resurgimos como pueblos”, expresa la Declaratoria.

El encuentro cerró con una declaración de profundo sentido espiritual: “Declaramos la defensa del agua y la vida, y que defender la vida es defender todo un universo común desde y para los pueblos. Declaramos el sentir profundo común del agua como un ser con espíritu vivo y como tal la vamos a defender hasta las últimas consecuencias”. Por último, la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio convocó a una jornada nacional de lucha contra CONAGUA para realizarse el próximo 22 de marzo de 2026. También instó a preparar el camino hacia los 30 años del Congreso Nacional Indígena (CNI), al convocar a que, a partir de ahora, todas las acciones de resistencia en los diferentes territorios, sea en el marco de las jornadas permanentes rumbo al aniversario de la fundación del CNI y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG).

Fuente: Avispa Midia