Gobierno no responde a demandas comunitarias por temas mineros y se agudiza problemática social en Izabal

Una protesta realizada por una representación de 54 comunidades de Livingston, Izabal, llevó a que la policía reprimiera, la noche de este miércoles, a un grupo de personas que rechazan la aprobación de licencias mineras, frente a la subalcaldía municipal, donde el viceministro Rodrigo Rodas se reunió con pobladores.

Las comunidades tenían 48 horas de manifestación para exigir la cancelación de 10 licencias mineras, aprobadas en 2023, solicitadas por la empresa Río Nickel S.A. subsidiaria de Central American Nickel (CAN), una empresa canadiense con sede en Montreal, Canadá.

Desde enero de 2025, los representantes de las comunidades advirtieron que las licencias fueron otorgadas en el 2023 durante el gobierno de Alejandro Giammattei para la explotación y exploración de minería en la Sierra Santa Cruz, un área de reserva natural ubicada en Izabal y Alta Verapaz.

La mañana del 18 de junio, los comunitarios informaron a Prensa Comunitaria que los comerciantes locales, trabajadores de tiendas y más pobladores se habían sumado al rechazo de la minería, porque dependen de los nacimientos de agua que abastecen a la población de Livingston.

La manifestación inició desde este lunes 16 de junio a las dos de la tarde, después de finalizar una reunión con las autoridades estatales en donde los representantes de las 54 comunidades de Livingston esperaban a los ministros de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Hugo Ventura y Patricia Orantes, para que entregaran un informe sobre la cancelación de las diez licencias mineras ya mencionadas.

Sin embargo, los dos ministros no se presentaron ante las comunidades, como respuesta un grupo de personas cerró la ruta principal hacia Petén, cerca de la comunidad San Antonio Sejá.

Viceministro llega a Livingston

Después del mediodía del 18 junio, los representantes de las 54 comunidades fueron llamados a una reunión a la subalcaldía municipal, con Rodrigo Rodas, viceministro de Ambiente.

A las dos horas de la tarde, Rodas pedía la liberación de la carretera que habían tomado las comunidades por San Antonio Sejá e informó que el MARN presentó las denuncias penales el 10 de junio ante el Ministerio Público contra los exfuncionarios que autorizaron las licencias de las mineras y que estaban a la espera de los procesos que corresponden.

“Queremos respuestas claras, se cancelaron o no”, preguntaba la representación de las comunidades; el viceministro Rodas respondió dijo que no podía responder porque se ponía en riesgo los procesos legales que informó se habían iniciado.

“No decidimos nosotros, nosotros solo representamos a las comunidades, debemos informarles a ellos y nos dirán qué hacer,” decían los comunitarios, mientras que Rodas insistía que los procesos legales están en marcha y que si no llegaban a un acuerdo con las comunidades el mismo día se revocaría el proceso.

“Debemos llegar a una conclusión hoy mismo de lo contrario los procesos legales que con más esfuerzo se esta haciendo se quedan tirados”, indicó.

Mientras el diálogo con las autoridades municipales y el viceministro se realizaba en la subalcaldía, la toma de la carretera por los comunitarios continuaba en jurisdicción de la comunidad San Antonio Sejá, ruta hacia el departamento de Petén.

En redes sociales algunos de los comunitarios transmitían en vivo lo que acontecía y se observaba que varios transportistas de camiones pesados discutían para que se les permitiera el paso, pero los manifestantes informaban que solo darían paso a las emergencias.

Mientras la tensión en la subalcaldía aumentaba, el viceministro Rodas decía a los representantes que en seis semanas enviarían al despacho municipal el informe solicitado y que ellos se encargarían de entregarlo a las comunidades.

En un comunicado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se confirmó que viajaron a Livingston para dialogar con las comunidades sobre las licencias otorgadas en 2023 a diez proyectos de minería metálica en el área de Sierra Santa Cruz. En esa reunión las autoridades se comprometieron para el 30 de julio e informar sobre el proceso administrativo de las licencias.

Reprimen a manifestantes

Alrededor de las 16:00 horas los manifestantes de Río Dulce al ver que en la reunión no se obtenía una respuesta clara, se acercaron a la subalcaldía municipal, pidiendo que el viceministro aclarara el contenido del informe presentado por el MARN el lunes 16.

Las instalaciones de la subalcaldía fueron cerradas y la sede fue resguardada por agentes policiales ya que en el interior se encontraban los funcionarios públicos.

Alrededor de las 6:40 llegó la policía. “Están llegando los antimotines”, gritaban las mujeres al ver la presencia de un contingente de policías que inmediatamente lanzó gases lacrimógenos para dispersar a las personas que estaban frente a la subalcaldía.

Los gases lacrimógenos disparados por los antimotines hirieron a varias mujeres, incluyendo al periodista Raymundo Amador que se desvaneció en el suelo después de recibir un golpe con un proyectil en la frente mientras transmitía los hechos.

José Raymundo Amador, su padre, lo dio por muerto, pero el periodista fue trasladado con vida, herido de gravedad y trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Morales, Izabal.

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, escribió en su cuenta de X que la acción de la policía “se dio conforme a los protocolos y con apego a los derechos humanos” y agregó que se identificaron civiles accionando armas de fuego.

En redes sociales, la población criticó las declaraciones del ministro Jiménez y las acciones de la policía.

Alcalde de Livingston se contradice

Después de una hora de los hechos, desde el IGSS de Morales, Izabal, Enrique Xol, alcalde municipal dijo a los medios locales que en la reunión que se llevó a cabo con los representantes de las comunidades habían llegado a un acuerdo y que la población ya se había retirado de la subalcaldía.

“Llegaron otros grupos paralelos, incentivando a las malas acciones, las 54 comunidades han estado manejado con mucha madurez el proceso. Pero lo que vimos es que hay grupos con otros intereses y desconocemos si es la misma empresa minera que está moviendo algo ahí para salir de control, pero está claro que era para afectar el proceso”, dijo el alcalde.

Sin embargo, en las redes sociales de los comunitarios se leían versiones contrarias a las que ofreció Xol.

“Actuaron a diestra y siniestra, atacaron a la población disparando directamente hacia ellos”, manifestó una mujer del que omitimos su nombre por seguridad.

Xol dijo a los medios locales que los antimotines no recibieron órdenes sino que actuaron en defensa propia y justa. Aunque Prensa Comunitaria intentó comunicarse con él en tres ocasiones, en la primera llamada cortó la comunicación y en las otras dos ya no respondió. El gobernador departamental Carlos Tenas tampoco respondió.

Un largo historial de rechazo a la minería

La represión hacia la población Q’eqchi’, mestizos y garífunas se debe a su oposición las licencias de exploración y explotación mineras en el territorio de Livingston. Las comunidades rechazan las licencias porque amenazan la vida y los recursos naturales.

Desde enero 2025 Prensa Comunitaria ha documentado la movilización social en rechazo a la actividad minera.

Según el MARN, en 2023 aprobó diez licencias mineras en la Sierra Santa Cruz, ubicada entre Izabal y Alta Verapaz. Ocho de estas estarían en Livingston y dos en El Estor.

De acuerdo con el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), las empresas Nichromet Guatemala y Río Nickel S.A, subsidiarias de Central American Nickel (CAN) tienen 11 solicitudes mineras activas, cuatro a nombre de Nichromet y siete a nombre de Río Nickel.

De las 11 solicitudes en trámite se han presentado diez instrumentos ambientales, de los cuales ocho fueron aprobados y dos están en trámite. Todos los instrumentos ambientales fueron aprobados en los últimos meses de 2023 y en los primeros días de 2024, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, señala el OIE.

Fuente: Prensa Comunitaria