Ley de semillas nativas, por un sistema de alimentación solidario y autónomo

“Los especialistas llaman a nuestras semillas informales, ¿por qué? Si somos la mayoría de agricultores que las usamos, los que alimentamos a los mercados locales. Creemos que nos corresponde el apoyo del Estado porque contribuimos alimentando al país, es parte de su desarrollo”, manifiesta Eusebio Vásquez, presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (Anpe). 

El proyecto de ley de Sistemas Tradicionales de Semillas Nativas ingresó en junio a etapa de evaluación en la Comisión Agraria del Congreso. La propuesta, elaborada por el Grupo Impulsor de Semillas Nativas (Grisen), contiene las voces que representan a la mayoría de agricultores peruanos: el 97% de los 2,2 millones de trabajadores del campo son pequeños productores. De estos, nueve de cada diez seleccionan, almacenan y plantan sus semillas siguiendo prácticas milenarias.

El sistema tradicional de semillas nativas se refiere a los procesos y actores involucrados en la conservación, mejoramiento y manejo de los cultivos. Se basa en saberes que desarrollaron los pueblos originarios, aplicados en técnicas de cultivo que se adaptan a las condiciones ambientales. 

“Se fundamenta en principios de solidaridad, reciprocidad y autonomía, con enfoque agrodiverso y agroecológico, orientado a un manejo resiliente de su entorno que minimiza el riesgo de sus ecosistemas, asegurando su producción y la soberanía alimentaria”, indica uno de los artículos del proyecto de ley. 

En América Latina se estima una población campesina de 65 millones de personas, la mayoría agricultores familiares, con acceso a menos de dos hectáreas de tierra, quienes mantienen ecosistemas agrarios diversificados. En menos del 30% de la superficie agrícola ocupada, producen más de la mitad de alimentos básicos para la región.  

La agricultura familiar o de subsistencia proporciona el 80% de alimentos que se consume en el Perú, producidos en alrededor de 1,8 millones de hectáreas de cultivos, principalmente variedades de maíz, papas y otros tubérculos, quinua, yuca, caña de azúcar, arroz, café, frutas.

En la región andina, conformada por las montañas altas del Perú, Bolivia y Ecuador -incluyendo territorios de selva y costa-, se encuentran algunas de las áreas del planeta con mayor biodiversidad de plantas alimenticias y medicinales originarias. 

En el Perú la agricultura de subsistencia se concentra en los andes y la selva. El 41% de hogares agrícolas vive en pobreza monetaria, índice que duplica al de las familias que no se dedican a la actividad agropecuaria. 

Agroindustria contra los pequeños agricultores

Ante estas condiciones, se plantea un marco legal que contribuya a sostener la biodiversidad y elevar la calidad de vida de los pequeños agricultores. La norma en proyecto se enfoca en garantizar su derecho a conservar, producir, almacenar, transportar, intercambiar, donar, comercializar, hacer uso propio y mejorar sus semillas. 

En un panorama de crisis del agro denunciada desde los territorios y de alta inseguridad alimentaria, el Legislativo que ha favorecido a la agroindustria de exportación decidirá si se resguarda la producción de alimentos para consumo interno más sostenible, económica y eficiente. 

El 51,7% de habitantes del Perú vive bajo inseguridad alimentaria moderada o severa, la más alta de Sudamérica. Según datos de la FAO, son 17,6 millones de personas que no cuentan con una dieta saludable. 

“Las semillas nativas son la base de toda producción saludable. Nuestras semillas no necesitan tanto dinero, necesitan la voluntad propia de los agricultores y la protección que nos asegure la producción. Queremos mejorar los cultivos sin distorsionar su calidad. Las semillas modificadas están orientadas a ser dependientes de los insumos, la urea, fosfato, son productos dañinos, contaminantes. Las semillas modificadas son susceptibles a las plagas, no les crece semillas, por eso tiene que hacerse una ley”, añade el dirigente agrario. 

En contraposición al abandono de la agricultura familiar, el Parlamento aprobó en junio, en primera votación, una nueva Ley Agraria que otorga incentivos fiscales a las grandes empresas agrarias.

Entre las modificaciones, se plantea la reducción al 15% del impuesto a la renta para la agroexportación, establecido en 25% entre este año y 2027, y proyectado al 29,5% a partir de 2028. Las agroindustriales, además, pretenden beneficiarse de las compras del Estado a los pequeños productores, mediante el acopio de sus cosechas para ser vendidas a instituciones públicas. 

“Los grandes productores quieren reemplazar a los pequeños agricultores. Hemos luchado por el 30% de compras estatales de alimentos a los agricultores familiares. En la ley ellos proponen que nosotros produciremos y que ellos le entregarán al Estado. Las agroexportadoras no quieren pagar impuestos, quieren que paguemos los mismos intereses de créditos. El ministro es proempresa, hay una alianza de empresarios, con congresistas y el Ministerio de Agricultura para aprobar la ley”, señala el representante de los pequeños productores. 

En ese sentido, el ministro de Agricultura, Ángel Manero, anunció que, de no aprobarse la nueva Ley Agraria en la votación final, el Ejecutivo pedirá este mes facultades legislativas para promulgar dictámenes por decreto.

“La agroexportación requiere mano de obra explotadora”, observa Eusebio Vásquez sobre uno de las industrias con más beneficios tributarios y peores condiciones laborales en el Perú. Las remuneraciones del sector se redujeron en casi 30% entre 2018 y 2023, en contraste con el incremento del 74% de utilidades para el capital agroindustrial, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía. 

Agroecología desde los territorios

En zonas rurales del Perú donde no faltaban alimentos, hoy se ve hambre. Los agricultores también se enfrentan al cambio climático, que recientemente generó grandes pérdidas de cultivos en los andes y la costa. 

Desde los territorios, la respuesta es la agroecología, el conjunto de tecnologías ancestrales y modernas que no necesita costos altos.

La asociación de cultivos, para resistir y controlar plagas, la elaboración de repelentes con plantas, en lugar de agroquímicos y pesticidas, son una muestra de conocimientos antiguos y sostenibles. 

El dirigente relata que han ido incorporando nuevas prácticas para mejorar los suelos, como el uso de la malayerba y restos de cosechas, que ya no se queman, para hacer abonos. Los desperdicios de cocina son reutilizados en el compostaje o para alimento de ganado, cuyas heces se convierten en fertilizantes. 

De esta forma no dependen de insumos de fábrica. La agroecología consiste en una economía campesina circular y autónoma.    

“Hay una ley que dice que los gobiernos deberían promover la agroecología. Debemos organizarnos para comprometer a las autoridades a promoverla. Hay que trabajar juntos productor y consumidor en el reconocimiento de las semillas de nuestros pueblos. Los alimentos que ofrecen en los mercados son dañinos. Las papas, las verduras, las frutas que entran al mercado mayorista de Lima usan agroquímicos y hormonas, eso es peligroso, ya no es comida. Todos tenemos derecho a alimentación digna”, concluye. 

Fuente:  Avispa Midia