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Biodiversidad en América Latina y El Caribe

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Autor Edgardo Araya Idioma Español Pais Costa Rica Publicado 16 septiembre 2015 13:13

Costa Rica: Ley de semillas, ¿para quién?

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A golpe de tambor se abrió el debate. Después de haber estado 8 años sin ningún movimiento, el Poder Ejecutivo convocó el Expediente N° 16098, que contiene una nueva Ley de Semillas.

Cuando en el Frente Amplio nos enteramos, lo comunicamos a las organizaciones de productores y ecologistas, pues nos dimos cuenta de que, al igual que la vez anterior, en esta ocasión tampoco se les había tomado su opinión. En ese contexto y tras analizar más a fondo el proyecto y sus implicaciones, surgen algunas inquietudes que aprovechamos para compartir.

Entre los años de 1960 y 1980, la FAO y el Banco Mundial iniciaron una cruzada por las leyes de semillas, bajo el discurso de que se necesitaba ayudar a la producción, mejorando su calidad. En realidad, en aquel momento “prepararon el terreno para la siembra”… pero de la industria que controla el mercado de la producción y, solamente, ha contribuido a empobrecer más a quienes producen.

Ahora, en un contexto de libre comercio internacional, en el que se han suscrito tanto Tratados de Libre Comercio como Tratados Bilaterales de Inversión, la Ley de Semillas de 1972 resulta obsoleta, por lo que esta nueva propuesta avanza velozmente como parte de la agenda de implementación de los acuerdos comerciales.

En Europa, Asia, África, Costa Rica y el resto de América, todas las leyes se parecen, no porque los sistemas jurídicos sean similares, sino porque el objetivo es el mismo: la apropiación de las semillas.

El fin de la iniciativa de ley es establecer un marco jurídico para la actividad de semillas, que pasa por su producción, comercio y uso. Es decir, hay tres conductas que se regulan, con el pretexto de evitar la venta de semillas engañosas que no produzcan, como si eso no constituyera un delito (estafa) sobradamente conocido por nuestro sistema jurídico.

Entonces para producir, comercializar y usar semillas, hay que estar conforme a las disposiciones de la propuesta de Ley, que se pueden sintetizar en dos obligaciones para las personas agricultoras: i) certificar las semillas, lo que implica un sistema integral de control de calidad en todas las etapas de la producción (según los términos de la Ley) y; ii) registrar obligatoriamente las variedades comerciales.

La redacción actual significa una prohibición total para comercializar semillas sin cumplir con estos requisitos e, incluso, se establecen sanciones por hacerlo. Aplican las mismas exigencias para la agricultura familiar y para las transnacionales de la industria semillera.

Propuesta del ejecutivo:

Según lo que han explicado, la obligación de registrar y certificar semillas no cubriría a las semillas criollas, en el tanto se incluya su venta entre las excepciones que se plantean en la definición de comercialización, que actualmente dice: “el ofrecimiento en venta, la posesión para la venta, la venta y cualquier otra operación comercial (cesión, entrega o transferencia) con fines de explotación comercial, de semillas a terceros, a título oneroso o no. Se exceptúan de esta definición: la entrega de muestras de semillas con fines exclusivos de investigación, la cesión o intercambio entre agricultores de semillas locales, tradicionales o criollas”. Sin embargo, no es tan fácil. Como hemos analizado antes, estamos frente a tres conductas reguladas: producción, comercialización y uso de las semillas.

No se puede pretender regular esas actividades desde un escritorio en San José, sin escuchar a quienes tendrían que sufrir las consecuencias de una Ley que podría prestarse para ilegalizar costumbres ancestrales y la actividad normal de nuestro ya de por si maltrecho campesinado.

Nuestras propuestas:

Frente a una nefasta propuesta de ley y la prisa con la que se quiere aprobar, proponemos dos cosas: primera, repensar la ley. Se deben establecer obligaciones y controles a las empresas que producen semillas, pero para proteger a la pequeña y mediana producción, no para perjudicarles más. En segundo lugar, escuchar.

El Frente Amplio llegó a la Asamblea Legislativa para darle voz a quienes no han sido escuchados. No permitiremos que por intereses de la industria se les dé la espalda a las personas que más necesitan que se legisle a su favor. Exigimos respeto para todas las generaciones que han cuidado y mejorado las semillas, ese conocimiento ancestral no se puede patentar. Los tiempos han cambiado. Ya no pueden hacer lo que quieran.

Fuente: Diario Extra


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