Estado colombiano reprime la movilización agraria y popular

El estado colombiano, en desarrollo de su estrategia de terror militar y paramilitar, retiene ilegal y arbitrariamente, señala, estigmatiza, aterroriza y atenta en contra de humildes ciudadanos campesinos, indígenas, afrocolombianos y estudiantes y sus organizaciones; los cuales vienen haciendo parte del proceso de movilización nacional agraria y popular que se desarrollará los días 10, 11 y 12 de octubre de 2007, a lo largo y ancho de la geografía colombiana.

Todas estas acciones de terrorismo de estado van dirigidas a afectar, a través de la acción legal e ilegal del estado colombiano, los procesos de movilización en contra del actual régimen de terror y miseria en que esta sumida la inmensa mayoría de colombianos

De acuerdo a denuncias recibidas:

Desde el mes de agosto de 2007, integrantes de las fuerzas regulares (Fuerzas Militares y de Policía y organismos de seguridad del estado) e irregulares (paramilitares autodenominados Águilas Negras) han hecho presencia, señalado y estigmatizado, retenido ilegalmente y asesinado a humildes ciudadanos colombianos integrantes de organizaciones agrarias y populares, que conforman el proceso de Coordinación de Organizaciones Agrarias y Populares de Colombia y vienen preparando las jornadas de movilización nacional del 10 al 12 de octubre.

Estas acciones que a diario se desarrollan especialmente contra organizaciones campesinas y populares en Colombia, son ejecutadas sistemática y combinadamente como política de estado, bajo la cobertura de lo que el régimen llama “seguridad democrática” mediante la cual se persigue un modo de pensar y se expropia al pueblo colombiano de su tierra, sus bienes, sus derechos, su organización, su cultura, sus líderes naturales, en la pretensión por aniquilar la resistencia al actual régimen de terror y miseria.

Responsabilizamos al estado colombiano en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez, a los gobernadores de los departamentos del Cauca, Valle, Putumayo, Santander, Antioquia, Bolívar y Tolima y a las Fuerzas Militares y de Policía por las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos en contra de los ciudadanos asentados en el departamento del Cauca, municipios Miranda y Popayán; departamento del Valle del Cauca, municipio de Cerrito; departamento del Putumayo, municipio de Orito, departamento del Tolima, municipios de Dolores, Planadas, Prado, Alvarado y Rioblanco; departamento de Antioquia, municipio de Yondó; departamento de Bolívar, municipio de Cantagallo y departamento de Santander, municipio de Barrancabermeja.

Hechos:

3 de agosto de 2007

En el centro de Colombia, departamento del Tolima, ingresó por la vía Los Mangos - San Pedro - Las Vegas (municipio de Dolores) un convoy con fuerzas especiales del ejército que venía escoltando ingenieros de dos compañías que realizan el estudio para el arreglo de la carretera y la apertura de la vía a Galilea, municipio de Villarrica. Hacia la 1:20 pm, en el caserío Las Vegas se produjo un enfrentamiento entre la insurgencia y los soldados, quedando la población civil en medio del fuego cruzado. Luego de los hechos, un capitán del ejército detuvo durante una hora a un campesino de Las Vegas, a quien amenazó y acusó falsamente de ser conocedor del ataque.

7 de agosto de 2007

En el centro de Colombia, departamento del Tolima, en la vereda Balcanes, municipio de Prado, a las 5:30 am, miembros del ejército del Batallón de Contraguerrillas N° 6 “Pijaos” de la Sexta Brigada del Ejército Nacional irrumpen violentamente en la casa del campesino Gustavo Roncancio, a quien amenazan con un arma y le retienen los documentos. Al mismo tiempo, a la casa del campesino Adolfo Tique (quien viene siendo perseguido desde el 25 de diciembre de 2003) arribaron tres hombres de civil y encapuchados, quienes patearon las puertas de la vivienda. Los hombres preguntaron por Adolfo, quien no se encontraba en el momento. Luego se retiraron del lugar. Estos hechos se presentan en medio de la completa militarización de la región.

16 de agosto de 2007

En el centro de Colombia, departamento del Tolima, a través del periódico tradicional de circulación departamental El Nuevo Día, el coronel Iván Pineda, comandante de la brigada Móvil No. 8 del ejército, en declaraciones pretendió justificar el siguiente listado de asesinatos en los municipios de Chaparral y Rioblanco: Miguel Ipus Medina, asesinado el 20 de noviembre de 2006 en la vereda La Pradera, de Rioblanco; Heremildo Valero Bedoya, Virginia Hernández Valero y Abelino Rada Vargas, asesinados el 29 de noviembre de 2006 en la vereda Maracaibo, de Rioblanco; Harsai Yate Urbano, asesinado el 20 de mayo de 2007 entre las veredas La Cristalina y El Cambrín, de Rioblanco; Camilo Avilés Morales y Jesús María Riaño, asesinados el 19 de julio de 2007 en la vereda Espíritu Santo, de Chaparral; e Isaúl Buitrago, asesinado el 7 de agosto en Gaitán, Rioblanco.

El alto oficial afirmo: “Para nadie es un secreto que en esta región nacieron los grupos armados ilegales, quienes decidieron quedarse fueron únicamente aquellos que comulgaban con sus actuaciones”.

23 de agosto de 2007

En el centro de Colombia, departamento del Tolima, municipio de Chaparral, vereda San Pablo, finca Las Delicias, a las seis de la mañana, irrumpe un grupo de militares colombianos a la casa del ciudadano campesino Rubén Darío Luna Triana, de 48 años de edad, padre de seis hijos. El grupo de militares obligó a salir al patio de la casa al señor Rubén y en presencia de su esposa y sus hijos, lo torturó y asesinaron, utilizando como medio para el acto una puñaleta con la cual le abrieron el pecho y el estómago y finalmente con proyectil de arma corta tipo pistola fue impactado en la cabeza.

Posteriormente es reportado por las Fuerzas Militares colombianas como “guerrillero dado de baja en combate”.

19 de septiembre de 2007

En el centro de Colombia, departamento del Tolima, municipio de Planadas, en operaciones por aire y tierra del ejército de Colombia, militares colombianos distribuyeron volantes que contenían el siguiente texto: “No participe en actos de terrorismo. No permita que lo sigan utilizando como carne de cañón. No vaya a la movilización que las FARC van a hacer. No se convierta en cómplice de terroristas y asesinos”.

En el departamento del Tolima, municipio de Alvarado, integrantes activos del ejército de Colombia ingresaron violentamente a la vivienda de un líder agrario, posteriormente lo señalaron de ser auxiliar de la insurgencia colombiana.

En el transcurso de ese mismo mes hace presencia un grupo de hombres armados, quienes se identifican como integrantes del grupo paramilitar de las autodenominadas “Águilas Negras”, quienes manifiestan estar dispuestos a ejercer represalias contra quienes se sumen a la protesta.

8 de septiembre de 2007

Al suroccidente de Colombia, departamento de Putumayo, municipio de Orito, vereda El Amarradero, a las 3:30 pm, miembros del ejército de Colombia, pertenecientes a la Brigada No. 13, retuvieron ilegal y arbitrariamente a los ciudadanos colombianos Simón Corena, identificado con la cedula de ciudadanía No 78’587.032 de 36 años de edad y a Gentil Yascuaran Pai identificado con la cedula de ciudadanía No 18.144.688 de 35 años, campesinos oriundos del departamento del Putumayo, afiliados a Fundaprogreso, filial de Fensuagro.

Al suroccidente de Colombia, departamento de Putumayo, municipio de Orito, vereda Ranchería, entre las 4:00 y 4:30 pm, miembros del ejército de Colombia, pertenecientes a la Brigada No. 13, retienen ilegal y arbitrariamente al ciudadano campesino Feliciano Obando, identificado con la cedula de ciudadanía No 87.415.043 de 30 años de edad, también afiliado a Fundaprogreso.

Domingo 9 de septiembre de 2007

Al suroccidente de Colombia, departamento de Putumayo, municipio de Orito, base militar del ejército de Colombia, humildes campesinos colombianos indagaron por el estado y los cargos que se le imputaban a los ciudadanos colombianos Simón Corena, Gentil Yascuaran Pai y Feliciano Obando.

Uno de los militares que atendió a los campesinos, manifestó “que no los tenían en su poder, pero que tenían conocimiento de enfrentamientos en la región y que había tres guerrilleros dados de baja en combates”.

La comunidad no ha podido establecer el paradero de los campesinos hasta la fecha.

12 y 13 de septiembre de 2007

Al suroccidente de Colombia, departamento del Valle del Cauca, municipio de Cerrito, corregimiento de Tenerife, finca La Cumbre, cerca de las tres de la tarde un grupo de militares colombianos pertenecientes al Batallón de Ingenieros “Agustín Codazzi”, a cargo de un sargento primero de apellido Díaz, llegaron hasta el lugar en donde el ciudadano colombiano, agricultor y coordinador de la Escuela Campesina de Agroecológia El Encanto, William Díaz, estaba realizando labores agrícolas. Lo señalaron de ser colaborador de la insurgencia, lo retuvieron arbitraria e ilegalmente durante cerca de 19 horas y luego de someterlo a esfuerzos físicos, a agresiones físicas y psicológicas, desnudarlo e interrogarlo ilegalmente, finalmente lo dejaron en libertad.

Al suroccidente de Colombia, departamento del Cauca, municipios de Corinto y Miranda, cascos urbanos y veredas Los Pinos, Monte Redondo, Guatemala y Calandaima, desde el día 12 de septiembre del 2007 han sido observados grupos de hombres fuertemente armados y vestidos de negro a bordo de camiones y motocicletas, que se identificaron como Águilas Negras.

18 de septiembre de 2007

Al suroccidente de Colombia, departamento del Cauca, municipio de Popayán, sede de la Universidad del Cauca, se distribuye un panfleto que señala a las organizaciones estudiantiles de tener vínculos con organizaciones políticas y militares de la insurgencia colombiana y a los ciudadanos colombianos John Eduardo Jurado (estudiante de cuarto semestre del programa de Agrozootecnia en la Facultad de Ciencias Agropecuarias) y Maya Samsara Galíndez (estudiante de tercer semestre del programa de Historia en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales), de estar realizando un estudio para secuestrar a familiares de algunos directivos universitarios y a Residencias Universitarias de ser el nido de la insurgencia y sitio en donde se planean acciones.

El estudiante John Eduardo Jurado hace parte del consejo estudiantil de la facultad de Ciencias Agropecuarias y de la Coordinadora Estudiantil “Tuto González”. En la actualidad es el representante estudiantil ante el consejo de facultad de Ciencias Agropecuarias y vocero de la facultad en el marco del proceso de movilización estudiantil. La estudiante Maya Samsara Galíndez hace parte del comité estudiantil de la facultad de Ciencias Humanas y Sociales y de la Coordinadora Estudiantil “Tuto González”, acabó de cumplir su periodo como representante estudiantil ante el consejo de facultad de Ciencias Humanas y Sociales y en la actualidad es vocera de la facultad en el marco del proceso de movilización estudiantil.

El contenido íntegro del panfleto es el siguiente:

«Los estudiantes de la Universidad del Cauca; las mayorías, quienes no estamos ni queremos estar involucrados con las prácticas irregulares que indignados vemos ocurren al interior de nuestra universidad denunciamos la presencia de grupos insurgentes dentro de los colectivos y grupos de “trabajo estudiantil”.

Los integrantes y cabecillas del colectivo Territorio Libre permeados por el ELN, los comités estudiantiles de Ciencias Humanas y Agropecuarias compuestas en su mayoría por integrantes del Movimiento Bolivariano, brazo político de las FARC, han “logrado” que perdamos un semestre sin ningún resultado preciso, todo para dentro de una absurda pelea de egos demostrar ante sus dirigentes guerrilleros quién tiene el poder en la universidad. No contentos con semejante fracaso ahora han empezado una serie de actividades delictivas con las que pretenden extorsionar, manipular, presionar…

Los estudiantes honrados de la Universidad del Cauca rechazamos los actos irresponsables y delincuenciales de quienes sin pudor alguno se han denominado “líderes estudiantiles”, denunciamos a los voceros que por supuesto hacen parte del ELN y las FARC, ya que son ellos quienes más se han perfeccionado en estas prácticas delincuenciales y han tomado las residencias universitarias como el nido de las guerrillas urbanas y desde se planean y se traman sus futuros golpes y asquerosas estrategias, reuniones que llevan a cabo en compañía de sus “jefes”.

Por esto alertamos a funcionarios como Juan Manuel Quiñones, decano Villa y decano Olmedo, les están haciendo un estudio para secuestrar a sus familiares: ¿Quiénes? Las fuerzas oscuras con las que trabajan el estudiante John Eduardo Jurado y la estudiante Maya Samsara Galíndez, representantes estudiantiles de Agropecuarias y Humanidades. ¡Esos son nuestros representantes!

No necesitamos extorsion ni secuestros para defender nuestros derechos.»

20 de septiembre de 2007

Barrio La Esmeralda, municipio de Popayán, departamento del Cauca, aproximadamente a las once de la mañana, el ciudadano colombiano John Eduardo Jurado, se percata de que es seguido por dos individuos, minutos después de haber acompañado hasta el lugar de residencia a la ciudadana colombiana Maya Samsara Galíndez.

Los dos individuos se aproximaron a cerca de dos metros de distancia de John Eduardo, y vociferaron “Sí, esos son los términos que utilizamos en las guerrillas”, “pero a buena hora nos dijeron”, finalmente: “Sí, este es el hijueputa”.

Segundos más tarde, John Eduardo recibe una advertencia de una persona conocida, quien a bordo de un automóvil le grita que se suba, a lo cual el estudiante accede. Ya en el automóvil es informado de que al momento en que fue advertido, los dos individuos habían levantado dos cuchillos y se aprestaban a atentar contra su humanidad.

Cerca de las dos de la tarde, el ciudadano colombiano John Eduardo Jurado advierte que es seguido por los dos individuos nuevamente.

26 de septiembre de 2007

Al nororiente de Colombia, departamento de Bolívar, región Sur, municipio de Cantagallo, integrantes del ejército de Colombia al mando del teniente Mahecha, entre quienes se encontraban varios encapuchados, arribaron a la finca del señor Salvador Martínez, a las diez de la noche, en la vereda Muriba, y lo acusaron de colaborar con la insurgencia, posteriormente lo agredieron física y verbalmente a él y a su familia. Finalmente, el grupo de militares hurtó del lugar la suma de 5.080.000 pesos.

27 de septiembre de 2007

En el centro de Colombia, departamento del Tolima, municipio Rioblanco, militares colombianos asesinaron a un campesino e hirieron de gravedad a otro. En la vereda Maracaibo, integrantes de la Brigada Móvil Contraguerrilla No. 8 del ejército de Colombia irrumpieron en la casa de habitación de los ciudadanos campesinos John Jairo Valero, de 20 años, y Andrés Mendoza, de 15 años, y luego de agredirlos físicamente, a través de proyectil de arma larga de fuego asesinaron al ciudadano campesino John Jairo Valero.

29 de septiembre de 2007

Al nororiente de Colombia, departamento de Bolívar, región Sur, municipio de Cantagallo, en la vereda El Cagüí, en la ciénaga de San Lorenzo, agentes del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), retienen a los ciudadanos colombianos Andrés Gil, Evaristo Mena y Óscar Duque, miembros de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), quienes se encontraban en una reunión con la comunidad. Ante la oposición de los campesinos, los agentes realizaron disparos indiscriminados al aire.

Al nororiente de Colombia, departamento de Santander, municipio de Barrancabermeja, cerca de las cuatro de la tarde, agentes del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) en compañía de 50 militares colombianos, allanaron la oficina regional de la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra, ubicada en el edificio La Tora.

Posteriormente es retenido en su residencia el ciudadano colombiano Mario Martínez, directivo de la ACVC.

Los ciudadanos colombianos Andrés Gil, Evaristo Mena y Óscar Duque se encuentran detenidos en las instalaciones del Batallón Nueva Granada en Barrancabermeja, mientras que Mario Martínez fue llevado a la sede del DAS. Los líderes de la ACVC fueron detenidos bajo la acusación de ser colaboradores de la insurgencia.

2 de octubre de 2007

Al suroccidente de Colombia, departamento del Cauca, el gobierno departamental señala, “que en el norte del Cauca las FARC-EP han decretado un paro armado, y que quienes participen de la movilización en el Norte lo harán al lado de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las FARC-EP”.

5 de octubre de 2007

Al suroccidente de Colombia, departamento del Cauca, municipio de Miranda, vereda Guatemala, sector de El Tierrero, dos hombres fuertemente armados a bordo de una motocicleta detuvieron el turno de transportes terrestres entre el municipio de Miranda y la vereda Monte Redondo. Bajaron al chofer del vehículo de nombre Carlos Alberto Urbano, un humilde campesino presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Caraqueño e integrante del comité coordinador de las juntas de acción comunal campesinas de la zona alta del municipio de Miranda y le dispararon en repetidas ocasiones en presencia de los pasajeros entre quienes se encontraban su esposa y su hijo.

El grupo armado ilegal, luego de este crimen, se dirigió a todos los ocupantes del vehículo profiriendo amenazas con nombre propio contra los presidentes de las asociaciones pro constitución de zona de reserva campesina de los municipios de Miranda y Corinto. Finalmente en su huida se dirigen en dirección del municipio de Miranda a la zona en donde se encuentra un destacamento del ejército de Colombia.

Municipio de Santander de Quilichao, el campesino Carlos Alberto Urbano fue trasladado de urgencias a la sede del Hospital, con el objeto de que se le realizara una intervención quirúrgica.

Municipio de Popayán, el campesino Carlos Alberto Urbano fue trasladado de urgencias a la sede del Hospital Universitario “San José”, con el objeto de que se le realizara una intervención quirúrgica. Antes de llegar al centro hospitalario murió, como resultado de seis impactos de arma de fuego que le produjeron graves daños en los pulmones, riñones e hígado.

Al nororiente de Colombia, municipio de Yondó, vereda San Francisco, en la zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra, tropas del batallón Calibío, de la 14a. Brigada del ejército de Colombia, destruyeron la publicidad alusiva a la movilización nacional agraria y popular que se prepara para el 10 de octubre.

Posteriormente, militares colombianos manifestaron “que si llegan a encontrar afiches de la movilización en las viviendas campesinas, procederían a quemar las casas, y que la orden es no permitir el desarrollo de la protesta en la región”.

6 de octubre de 2007

Centro de Colombia, departamento del Tolima, municipio de Planadas, a la una de la tarde, integrantes del ejército de Colombia, pertenecientes a la base militar de Planadas, retienen al ciudadano colombiano y líder comunal Ernesto Soto.

La retención se realizó presuntamente por portar plegables y afiches de la movilización Nacional Agraria y Popular del 10 al 12 de octubre.

7 de octubre de 2007

Centro de Colombia, departamento del Tolima, municipio de Planadas, el ciudadano colombiano Ernesto Soto fue puesto a disposición de la Fiscalía, acusado del delito de “rebelión”.

Ante el hecho evidente de presiones y hostigamientos por parte de grupos estatales militares y paramilitares, quienes aplican medidas represivas con el fin de afectar el proceso organizativo y de acción política que las organizaciones hemos venido preparando; y que sabemos que hoy como ayer el ejercicio de derechos civiles y políticos desencadenarán una violenta acción por parte del estado colombiano, hoy esperamos que a diferencia de ayer los pueblos del mundo rompan el silencio y se solidaricen de todas las formas que tengan a bien en contra de las acciones que este régimen ha aplicado históricamente contra el pueblo colombiano.

Ante el temor expresamente fundado de las comunidades frente al inicio de la arremetida militar, policial y paramilitar a lo largo y ancho de la geografía colombiana, la cual de acuerdo a nefastos precedentes tiende a intensificarse.

Exigimos

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y de los derechos internacionales de los derechos humanos.

Al estado colombiano

El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos han formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.

Detener las medidas represivas y el amedrentamiento al que están siendo sometidas las comunidades de los municipios de Dolores, Planadas, Chaparral, Alvarado y Rioblanco; Yondó, Cantagallo, Barrancabermeja; Miranda, Popayán; Cerrito, Orito; en los departamentos de Tolima, Antioquia, Bolívar, Santander, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo, por parte de las fuerzas regulares e irregulares del estado colombiano.

Garantizar los derechos a la vida, la integridad física y psicológica, a la libre movilidad, a la libertad de asociación y a la protesta, de los ciudadanos de los departamentos de Tolima, Antioquia, Bolívar, Santander, Cauca y Putumayo, por parte de las fuerzas regulares e irregulares del estado colombiano.

A las gobernaciones del Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Tolima, Bolívar, Santander y Antioquia

Detener las medidas represivas y el amedrentamiento al que están siendo sometidas las comunidades de los municipios de Dolores, Chaparral, Planadas, Alvarado y Rioblanco; Yondó, Cantagallo, Barrancabermeja; Miranda, Popayán; Cerrito, Orito; en los departamentos de Tolima, Antioquia, Bolívar, Santander, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca, por parte de las fuerzas regulares e irregulares del estado colombiano.

Garantizar los derechos a la vida, la integridad física y psicológica, a la libre movilidad, a la libertad de asociación y a la protesta, de los ciudadanos de los municipios de Dolores, Chaparral, Planadas, Alvarado y Rioblanco; Yondó, Cantagallo, Barrancabermeja; Miranda, Popayán; Cerrito, Orito; en los departamentos de Tolima, Antioquia, Bolívar, Santander, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo por parte de las fuerzas regulares e irregulares del estado colombiano.

A la Defensoría del Pueblo

Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales de la vida de las comunidades asentadas en los municipios y departamentos mencionados, por parte de las fuerzas regulares e irregulares del estado colombiano.

Solicitamos

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del estado colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

Instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alerta frente a la crítica situación de derechos humanos que están afrontando los departamentos de Tolima, Antioquia, Bolívar, Santander, Cauca y Putumayo, y en especial ante la inminente represión y el riesgo en el que se encuentran los líderes y organizaciones que participarán de la movilización nacional agraria y popular de octubre de 2007 en Colombia

Comisión de Derechos Humanos de la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares de Colombia

Instituciones a donde se deben dirigir las comunicaciones:

Álvaro Uribe Vélez

Presidente de la República

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá

Fax. 5662071

oc.vog.aicnediserp@ebirua

Francisco Santos

Vicepresidente de la República

Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

oc.vog.aicnediserp@sotnasf

Juan Manuel Santos

Ministro de la Defensa

Avenida El Dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

oc.vog.asnefednim@nedis, oc.vog.asnefednim@locotorpfni, oc.ten.elbac@ndm

Carlos Holguin Sardi

Ministro del Interior y de Justicia

Avenida El Dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

Fax. 2221874

oc.vog.aicitsujnim@ortsinim

Mario Iguarán

Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.

Fax. 570 20 00

oc.vog.ailacsif@otcatnoc, oc.vog.ailacsif@eicnuned

Wólmar Antonio Pérez Ortiz

Defensor del Pueblo

Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.

Fax. 640 04 91

oc.gro.airosnefed@airosnefed, moc.liamtoh@adavirp_airaterces

Edgardo José Maya Villazón

Procurador General de la Nación

Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.

oc.vog.aicnediserp@n3B%3C%icpurrocitna, oc.vog.aDA%3C%rudarucorp@nogyer

Carlos Franco

Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario

Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.

Fax. 337 46 67

oc.vog.aicnediserp@ocnarfec, oc.vog.aicnediserp@arrabif

Nota:

Favor remitir al siguiente correo los oficios, gestiones e informes de las acciones que adelanten con base en esta información: moc.liamg@7002noicazilivomhdnoisimoc

Fuente: Prensa Rural