Crisis alimentaria en América Latina: sembrando hambre para alimentar motores

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El continente es el mayor productor alimenticio del mundo, sin embargo millones de personas pasan hambre porque la tierra para sembrar alimentos se destina a producir cultivos que generan combustibles

El mundo del siglo XXI parece estar enmarcado en diversas y futuras crisis. La alimentaria es una de ellas, y es por estos días resuenan mediáticamente las alertas y posibles soluciones ante esta adversidad.

Para poner fin a una catástrofe que supone futuras hambrunas, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se reunió este 26 de abril con delegados centroamericanos y de los países de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), la cual conforman Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y República Dominicana, para buscar formar una alianza de producción y abastecimiento de alimentos a precios justos.

El encuentro de ministros es preparatorio de la cumbre de presidentes de la región y de los países del ALBA, prevista para el 7 de mayo en Managua, convocada por Ortega, la que contará con la presencia del mandatario venezolano Hugo Chávez.

Siguiendo su postura de luchar contra la pobreza y la exclusión social, la iniciativa diseñará una estrategia de largo plazo, pero con acciones a corto plazo, para hacerle frente a la crisis alimentaría que afecta a los países más pobres. Este proyecto se suma a los 156 planes ya existentes para luchar contra el hambre en América Latina y el Caribe.

En la actualidad, América Latina esta viviendo una situación que es denominador común entre la mayoría de los países, y que sin las medidas y las políticas necesarias, que deben llegar por parte del Estado, llevaran al continente a vivir una crisis alimentaría, según advertencias de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FOA).

Gran responsabilidad tienen los gobiernos en este conflicto que perjudica sobre todo a los más pobres, y que está íntimamente relacionado con el boom de los llamados agrocombustibles. De acuerdo a lo que explicó el portavoz de la Conferencia para la Soberanía Alimentaría, Mario Ahumada “la producción de alimentos para crear energía está generando esta crisis de los alimentos y el alza de precios”.

Esto implica que cada vez, menos gente tenga acceso a los alimentos básicos, deteriorándose el nivel de consumo y de nutrición. Pero no sólo el incremento de los costos, en un 45 por cierto, es el problema, sino que también se está poniendo en juego y arruinando la ecología.

Los agrocombustibles son “combustibles renovables” –a diferencia de los derivados del petróleo - que pueden sustituir total o parcialmente a las naftas o el gasoil. Los más utilizados son el bioetanol, que se obtiene a partir de maíz, caña de azúcar, remolacha o de algunos cereales como trigo o cebada; y el biodiésel, para lo cual se suele utilizar entre otros, la soja.

El uso de estos combustibles de origen biológico trae impactos ambientales, tales como la destrucción de espacios naturales, que son talados para el cultivo directo. Si se invetera sustituir solo el 5 por ciento del consumo de petróleo y gas, se necesitaría sacrificar el 20 por ciento de la superficie agrícola total de cultivos y pastos. Pero también, se necesitaría aumentar el consumo de agua, lo que supone disminuir los volúmenes de las reservas y los caudales de los cauces de agua dulce.

El cultivo de soja ya ha causado la deforestación de 14 millones de hectáreas en Argentina y 21 millones de hectáreas de bosques en Brasil. Por estos días la soja -junto a la caña de azúcar- ocupa un territorio mayor que cualquier otro cultivo en Brasil, con un 21 por ciento del total del área cultivada, teniendo en cuenta que el territorio total utilizado se ha multiplicado 57 veces desde 1961.

Es debido a la falta de políticas concretas y correctas, que en diferentes países latinoamericanos se están llevando a cabo protestas y movilizaciones, que alzan la voz en busca de justicia social, exigiendo a sus respectivos gobiernos que le quiten apoyo a las empresas que producen agrocombustibles y que consecuentemente destruyen la salud ambiental y dan paso al hambre.

Estos movimientos vinculados al campo, piden por una protección de los recursos, para producir alimentos destinados al consumo local. Son estos grupos los que representan una fuerte oposición a los grandes sectores agropecuarios que ven la tierra sólo como un recurso de utilización mercantil, y que la trabajan con el sólo objeto de enriquecerse, sin importar los daños ambientales que provocan por el uso de fertilizantes que llenan el suelo de ácido, quitándole nutrientes a la tierra y favoreciendo a la desertización.

En Argentina el cultivo intensivo de soja ha llevado a un masivo agotamiento de los nutrientes del suelo. Se ha estimado que la producción continuada de soja ha provocado la pérdida de un millón de toneladas métricas de nitrógeno y 227.000 toneladas métricas de fósforo a nivel nacional. El monocultivo de soja en la Cuenca del Amazonas ha tornado infértil parte de los suelos.

El relator de la ONU para el derecho de la alimentación, Jean Ziegler acusa que desviar alimentos para generar combustibles, en momentos de crisis mundial como la que se está viviendo, es un “crimen contra la humanidad”. Esta acusación se debe a que el comercio internacional de agrocombustibles provoca un impacto negativo en la soberanía alimentaría.

La canasta básica de alimentos, que incluye carne, harina y leche, según FOA, subió un 57 por ciento entre marzo de 2007 y marzo de 2008. Estos aumentos significan menos alimentos, pobreza y por ende más hambre y desnutrición en los sectores vulnerables.

América Latina produce el 40 por ciento de los agrocombustibles del mundo, lo que implica poner en riesgo gran parte de la tierra cultivable; saquear las riquezas naturales para convertir comida en combustibles, que además se utilizan para mantener el estilo de vida de las clases medias y altas de los países desarrollados.

En ese contexto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, al igual que su par de peruano Alan García, creen que la producción de agrocombustibles es una amenaza y un suicidio para la humanidad, ya que puede provocar en los próximos años que el hambre domine al mundo.

Haití, es el país más pobre de Latinoamérica y el Caribe, la esperanza de vida no alcanza los 52 años; casi las tres cuartas partes de la población vive en la pobreza y la mitad de los niños padecen desnutrición; dos tercios de los haitianos no tienen acceso a energía eléctrica y la mitad tampoco a agua potable.

En ese país, el 80 por ciento de la población vive con 2 pesos diarios. Teniendo en cuenta esta situación, es lógico pensar y entender las protestas sociales que se estuvieron llevando a cabo, al igual que en otros países de la región, contra el alza del precio de los alimentos. Haití es un claro ejemplo de las consecuencias que puede traer un modelo de desarrollo insostenible ecológicamente y además incompatible con las necesidades de la población.

Sin embargo, para el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, de acuerdo al discurso que dio en el Foro de la FOA “los agrocombustibles no son el villano que amenaza la seguridad alimentaría”, y en su defensa agregó que “desarrollados de acuerdo con la realidad de cada país, pueden sacar a los países de la dependencia energética sin afectar su alimentación”.

Es necesario resaltar que Brasil tiene alrededor de 347 plantas productoras, en su mayoría de etanol, convirtiéndose hasta el momento, en uno de los principales productores mundiales de etanol a base de caña de azúcar. Es por ello que este país defiende la economía basada en la producción a gran escala de combustibles biológicos.

Estados Unidos, es el otro gran productor de etanol. Durante la presidencia de George W. Bush se planteó la meta de alcanzar los 132 millones de litros de “combustibles alternativos”, para lo cual se necesitan nada más y nada menos que 320 millones de toneladas de maíz. Es inevitable pensar que a partir de esta cifra, cuántas personas podrían comer con tanto maíz. Pero el capitalismo es cada vez más feroz, por lo que la tierra se ha convertido en una mercancía a explotar al máximo, sin importar que esto supone un incremento de precios, que pone en aprietos a las economías de los países más débiles.

La UNESCO plantea que América Latina necesita evolucionar hacia un sistema agrario innovador que incorpore a pequeños productores, indígenas y ecoagricultores, que representan entre el 57 y el 77 por ciento del empleo agrícola en el continente. También recomienda llevar a cabo una revisión de las políticas de acceso y de propiedad de la tierra, ya que es “la región que tiene una estructura de la tierra con mayor desigualdad del mundo".

A este pedido se suman los diferentes movimientos del continente que piden reconocimiento sobre las propiedades que trabajan. Estos grupos defienden la soberanía alimentaría, el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaría. Por lo cual rechazan las políticas en favor de los agrocombustibles, ya que la superficie que se utiliza para esta producción, podría ser destinada para cultivos de alimentos de primera necesidad.

Entre las muchas organizaciones que priorizan la producción agrícola local para alimentar a la población y que están a favor de una producción diversificada, Vía Campesina en Brasil está formada por mujeres que defienden la reforma agraria y un modelo de agricultura basado en la agroecología, la producción para el fortalecimiento del mercado interno y la agricultura familiar y campesina.

Al igual que los brasileños, en Argentina el Grupo de Reflexión Rural (GRR) considera que los agrocombustibles son los responsables de la apropiación de territorios y recursos por parte de las grandes corporaciones internacionales, que al mismo tiempo se enriquecen gracias a las leyes del mercado que se imponen por sobre el derecho a la alimentación de las personas.

En este conflicto que pone en escena a los alimentos, son varios los factores que aparecen como responsables, además de los agrocombustibles. Uno de ellos tiene que ver con el aumento del precio del petróleo, que como consecuencia encarece la cadena productiva: aumenta el precio de los combustibles utilizados por las maquinas agrícolas y los transportes, así como también el precio de los fertilizantes, afectando directamente la economía de los productores.

El problema climático es otro factor, no menos importante, ya que las sequías, inundaciones y demás complicaciones meteorológicas repercuten sobre los cultivos y consecuentemente sobre la seguridad alimentaría.

 

América Latina, es una región que produce el 40 por ciento más de los alimentos necesarios para abastecer a su población, sin embargo, el número de subnutridos asciende a 50 millones, de acuerdo a lo explicado por el representante de la FAO para América Latina y el Caribe, el brasileño José Graciano.

Lo cierto es que ante la posibilidad de que 15 millones más de latinoamericanos caigan en la indigencia, los países deben replantearse la producción de agrocombustibles hechos con productos agrícolas que sirven para la alimentación.

No basta con que organismos internacionales alerten sobre una posible hambruna en un futuro no muy lejano. Es necesario que los Gobiernos de la región implementen medidas que frenen el aumento escandaloso de la producción de agrocombustibles, para evitar la miseria de los pueblos.

Al mismo tiempo los Estados deben retomar su papel en el campo –que se redujo notablemente en los años 90- y redoblar el apoyo a la agricultura familiar, planteando un marco legal que garantice el derecho a la alimentación, a partir de políticas públicas adecuadas, que prioricen la seguridad alimentaría de la región.

La autora de esta nota es alumna del Seminario “Periodismo en Escenarios Políticos Latinoamericanos” que actualmente dicta la Agencia Periodística del Mercosur (APM) en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

Agencia Periodística del Mercosur, Internet, 3-5-08

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