Brasil: ataque a campamento cumple un año
Esta martes (21), la Plataforma Dhesca Brasil entrega a las autoridades el informe que investiga las violaciones de los derechos de los trabajadores rurales. Hace un año, el trabajador rural integrante del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra/Vía Campesina, Valmir Mota, fue ejecutado en un campo experimental de transgénicos de la multinacional Syngenta Seeds
En marzo de este año, los relatores Clóvis Zimmermann y Marijane Lisboa estuvieron en el área de conflicto entre trabajadores rurales y la multinacional que cultivaba ilegalmente soja transgénica en el entorno de Parque Nacional de Iguazú. Las denuncias partieron del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), del Forum Estatal de Seguridad Alimentaria y de la organización Tierra de Derechos.
La investigación observó desde la siembra ilegal de transgénicos y la ocupación del área por Vía Campesina hasta el ataque de la empresa de seguridad NF, contratada por Syngenta Seeds, al campamento montado por Vía Campesina, que terminó con la muerte trágica de dos personas y otras cinco heridas. Los relatores concluyeron que los trabajadores rurales del Oeste de Paraná fueron y son sometidos a sucesivas violaciones de derechos humanos por parte de la empresa.
"Es importante mencionar que prácticas y políticas de la empresa Syngenta vienen siendo denunciadas hace algún tiempo por varias entidades y movimientos sociales por atentar contra el medio ambiente y la salud pública, así como una actuación sistemática de milicias paramilitares financiadas por el agronegocio para aterrorizar a trabajadores rurales en Paraná", afirma el informe.
De acuerdo con el documento, los agricultores garantizan que la contaminación ha sido común en todos los pasos de la cadena productiva de soja. "Por fin, los agricultores resaltaron que la cuestión de la producción y contaminación de la soja por transgénicos no afectaría sólo la libertad de elección de los consumidores, sino también su libre iniciativa como productores, pues establecería una competencia desigual con los productores de transgénicos al crear tantos impedimentos que terminarían por hacer inviable la producción orgánica o convencional. En la opinión de los agricultores, le correspondería al Estado actuar para cambiar este cuadro", agrega.
Según el informe, las violaciones de los derechos humanos son producidas por la conjugación entre actuación y omisión de diferentes agentes estatales frente a las reiteradas acciones delictivas de agentes privados, representantes, sobre todo de sectores ligados al agronegocio, como el Movimiento de Productores Rurales y la Sociedad Rural del Oeste. De este modo, el documento hace una serie de recomendaciones a las autoridades y órganos gubernamentales.
"Al Gobernador del Estado de Paraná: que publique un nuevo decreto de expropiación del campo de experimentos de la Syngenta en consonancia con las formalidades previstas en la legislación, a fin de superar los vicios de forma que generaron la nulidad del decreto anterior del Poder Judicial; que destine el área de experimentos a la creación de un centro de referencia de semillas criollas; priorice el proceso de reocupación de las tierras públicas apropiadas ilícitamente y, para ello, que garantice una dotación presupuestaria suficiente al Instituto de Tierras del Paraná", destaca.
Traducción: moc.liamg@leinad.setnarrab