Nuevas consultas mineras en Guatemala
Otras dos comunidades guatemaltecas someterán al mandato popular la posibilidad de habilitar nuevos emprendimientos mineros de extracción de oro a cielo abierto. Los impulsores de este mecanismo de consulta las llaman “jornadas de liberación” de territorios ante la amenaza minera
Solamente en el departamento de Huehuetenango se completará un total de 26 municipios que consultan a sus pobladores acerca de la conveniencia de instalar nuevos proyectos extractivos. El próximo 28 de abril será el turno del municipio de San Rafael La Independencia y el 21 de mayo se realizará otra consulta en el municipio de San Mateo Ixtatán.
En paralelo a estos procesos de consulta, las organizaciones ambientalistas guatemaltecas están siguiendo con mucha atención la discusión acerca de las modificaciones a la Ley de Minería.
La intención de estos cambios en las normativas vigentes apunta a destacar el papel de las consultas comunitarias, un mecanismo ancestral de participación democrática que caracterizó a las comunidades nativas que históricamente han habitado estos territorios.
Las consultas también están previstas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en las normativas municipales. Bajo la promoción de este sistema de democracia directa, los movimientos sociales de Guatemala que resisten a la minería han encontrado una bandera común y un punto de coordinación de acciones a nivel nacional.
Natalia Atz, coordinadora de la Unidad de Incidencia de CEIBA (Amigos de la Tierra Guatemala), comentaba hace algunos días a Radio Mundo Real que en las consultas que se han realizado hasta el momento aproximadamente el 99 por ciento de los participantes han rechazado la minería de oro a cielo abierto.
Como es lógico, las organizaciones sociales que promueven estas instancias comunitarias confían en que la expresión popular tendrá carácter vinculante, es decir que efectivamente tras un rechazo categórico se pueda establecer una moratoria a la actividad minera.
Sin embargo, las autoridades guatemaltecas sistemáticamente han desconocido los pronunciamientos de las comunidades afectadas, lo que para Atz deja claro cuáles son los poderes económicos y los intereses que se mueven detrás de la promoción de esta industria.