Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Desde hace más de diez años la comunidad de Eloxochitlán del Flores Magón, en el territorio del Pueblo Mazateco de Oaxaca, ha sido hostigada, agredida y perseguida por caciques locales enquistados en las instituciones formales y cobijados por el poder del Estado.

"Los agricultores palestinos no son meros actores económicos, son guardianes de la cultura, la memoria y la resistencia. Su acto de cultivar es político. Es una declaración de arraigo contra un régimen de borrado forzoso. Cuando un agricultor del valle del Jordán cuida de su campo de tomates a pesar de las amenazas diarias de incursiones de colonos, o cuando una mujer de Masafer Yatta reconstruye su invernadero después de que haya sido derribado, no están simplemente cultivando alimentos, están defendiendo Palestina".

Los 48 Cantones junto a otros pueblos pidieron la liberación de los exdirectivos Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Además, demandaron cambios en el Ministerio Público y que el Congreso cumpla con la reducción de sus salarios.

La Asociación del Millón de Mujeres Rurales y Sin Tierra , miembro del movimiento La Vía Campesina, sigue con profunda preocupación la situación de las personas migrantes en Túnez, especialmente la de nuestras hermanxs originarios del África subsahariana. Muchas de ellxs se encuentran bloqueadas, habiendo huido de guerras civiles, pobreza, hambruna, epidemias, sequías y catástrofes naturales, en busca de una vida segura y digna.

El ejército israelí quiere movilizar a 30.000 reservistas para una nueva expansión de la ofensiva sobre Gaza. Las organizaciones dependientes de la ONU alertan de la hambruna y las enfermedades en un enclave en el que escasea el agua potable.

"Conocida la detención y grave acusación en contra de José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Säntiz Gómez, los GALEZ investigaron si es que andan metidos en asuntos de secuestro. La estructura organizativa encargada de investigar llegó a la conclusión de que los dos compañeros son inocentes".

Gobierno y Congreso son corresponsables de mantener e incluso ampliar el marco institucional dentro del cual el crimen organizado tiene mayores oportunidades para actuar y mayores posibilidades de impunidad.

La minera canadiense Aclara interpuso un recurso de protección contra defensores ambientales de Penco por criticar su cuestionado proyecto de tierras raras, acusándolos de dañar su reputación. Los denunciados Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo rechazan los cargos, acusando persecución.