Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El 1 de diciembre, las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron en las instalaciones de la organización miembro de La Vía Campesina en Ramala y Hebrón. Las unidades militares han acordonado toda la zona, bloqueando todas las carreteras que conducen a las oficinas e impiden cualquier movimiento hacia los lugares.

Más de un mes después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) suspendió las movilizaciones, la organización acude a los tribunales para pedir que la justicia intervenga y autorice la entrega de la información sobre los operativos ejecutados por la Policía y las Fuerzas Armadas en el marco del paro nacional, en los cuales se registraron los fallecimientos de Efraín Fuerez y José Guamán.

Con una segunda fase de alto el fuego parada, los gazaties continúan malvivindo en condiciones infrahumanas.

Las organizaciones de Derechos Humanos que suscriben, desean expresar su honda preocupación por la posibilidad de que el próximo domingo 14 de diciembre, día de la segunda vuelta de la elección presidencial en Chile, salga electo el candidato de la ultraderecha chilena, José Antonio Kast.

Muy lejos de los campos de Entre Ríos o Santa Fe, los niños campesinos de California trabajan desde los 11 o 12 años, explotados, mal pagados, en territorios fumigados con agrotóxicos y con el terror de ser deportados junto a sus familias de migrantes.

Seguimos atendiendo a mujeres, niños y hombres gravemente heridos tras los ataques aéreos y disparos de drones israelíes del pasado miércoles 19 de noviembre. Pacientes con fracturas abiertas y heridas de bala llegan a nuestras clínicas móviles y hospitales en Gaza, Jan Yunis y Kamal Adwan. Pedimos, una vez más, la protección de la población civil, el personal médico-humanitario y las instalaciones sanitarias, en un contexto de violencia persistente y desplazamiento forzado.

Lea el discurso pronunciado por Samah Abunina, de La Vía Campesina, durante la Asamblea de Mujeres del 3er Foro Global Nyéléni.

En una acción propia de Estados autoritarios, la Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a tres de los principales dirigentes de la Coordinadora de Sin Tierras del Norte y emitieron órdenes de captura contra, al menos, otros cinco referentes. Les acusan de “apología a cometer hechos punibles”, en un evidente intento de criminalizar la lucha campesina por la recuperación de la Estancia Lucipar, un inmueble decomisado al narcotraficante Luiz Carlos da Rocha (Cabeza Branca) y actualmente administrado por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).