Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Las organizaciones de Derechos Humanos que suscriben, desean expresar su honda preocupación por la posibilidad de que el próximo domingo 14 de diciembre, día de la segunda vuelta de la elección presidencial en Chile, salga electo el candidato de la ultraderecha chilena, José Antonio Kast.

Muy lejos de los campos de Entre Ríos o Santa Fe, los niños campesinos de California trabajan desde los 11 o 12 años, explotados, mal pagados, en territorios fumigados con agrotóxicos y con el terror de ser deportados junto a sus familias de migrantes.

Seguimos atendiendo a mujeres, niños y hombres gravemente heridos tras los ataques aéreos y disparos de drones israelíes del pasado miércoles 19 de noviembre. Pacientes con fracturas abiertas y heridas de bala llegan a nuestras clínicas móviles y hospitales en Gaza, Jan Yunis y Kamal Adwan. Pedimos, una vez más, la protección de la población civil, el personal médico-humanitario y las instalaciones sanitarias, en un contexto de violencia persistente y desplazamiento forzado.

Lea el discurso pronunciado por Samah Abunina, de La Vía Campesina, durante la Asamblea de Mujeres del 3er Foro Global Nyéléni.

En una acción propia de Estados autoritarios, la Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a tres de los principales dirigentes de la Coordinadora de Sin Tierras del Norte y emitieron órdenes de captura contra, al menos, otros cinco referentes. Les acusan de “apología a cometer hechos punibles”, en un evidente intento de criminalizar la lucha campesina por la recuperación de la Estancia Lucipar, un inmueble decomisado al narcotraficante Luiz Carlos da Rocha (Cabeza Branca) y actualmente administrado por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).

En Colonia Aborigen, un pueblo del norte argentino donde hace 101 años se cometió la masacre de Napalpí, los acuerdos de reparación siguen sin implementarse a pesar de la sentencia de 2022. Sus habitantes, descendientes de los indígenas Qom y Mocoit, no se sienten reparados.

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), expresa la más firme e incondicional solidaridad con el hermano pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ante el reciente y provocador despliegue militar del gobierno de los Estados Unidos en aguas del Mar Caribe, los asociados, cuadros y trabajadores de la ANAP, elevamos nuestra voz de protesta y exigencia. Esta acción belicista constituye una flagrante violación del Derecho Internacional, de la soberanía de las naciones en la región y una amenaza directa a la paz y la estabilidad de toda la Patria grande.

La captura corporativa del Estado chileno avanza sin freno: mientras las y los defensores ambientales enfrentan criminalización, violencia y abandono institucional, el poder empresarial se integra en las instancias que debieran proteger la naturaleza. A seis años del Acuerdo de Escazú, la impunidad de industrias como la salmonicultura y los grandes gremios agrupados en la CPC amenaza con vaciar de contenido las políticas ambientales, profundizando un modelo extractivista que pone en riesgo la vida, los territorios y los derechos humanos.