Ecuador: defensores de los bosques de Esmeraldas fueron victimados

Idioma Español
País Ecuador

El Sr. José Antonio Aguilar Tinoco, defensor de los últimos remanentes de los bosques tropicales esmeraldeños y su esposa fueron encontrados muertos en condiciones violentas, el día jueves 25 de febrero de 2010.

El predio donde residía el Sr. José Aguilar, en Hoja Blanca, parroquia Malimpia, provincia de Esmeraldas, colindaba con el Bosque Protector "El Pambilar", el mismo que según el Tribunal Constitucional en el año 2002, fuera ilegalmente adjudicado a la empresa maderera Bosques Tropicales S.A., Botrosa, propiedad del grupo empresarial Peña Durini.

Durante más de 10 años, José Aguilar fue un defensor de los derechos de la naturaleza en su localidad y denunció valientemente los atropellos de los cuales fueron víctimas múltiples campesinos. Su testimonio fue recogido en un video elaborado por la organización ecologista Acción Ecológica, disponible aquí.

José Antonio Aguilar Tinoco fue enjuiciado por la compañía Bosques Tropicales Botrosa acusándole de supuestamente organizar seudo-cooperativas e invadir propiedad privada. Esta acción judicial fue archivada mediante la amnistía otorgada por Asamblea Nacional Constituyente en junio de 2008, a favor de personas y líderes sociales criminalizados por defender sus derechos.

Las muertes de José Aguilar y su esposa coinciden con la histórica decisión de la Jueza Victoria Chang-Huang de revertir al Estado el bosque protector El Pambilar en enero de 2010. Esta disposición se dio a raíz de que la Asamblea Nacional conminara al INDA a ejecutar la resolución del Tribunal Constitucional de octubre de 2002, de revertir al Estado el predio Pambilar en octubre de 2002.

Durante todos estos años el predio en mención, según el Tribunal Constitucional, habría estado ilegalmente en manos de la compañía Botrosa, sin embargo pese a la reciente ejecución de reversión mencionada, la empresa se resiste a abandonar El Pambilar, según nota periodística del diario “El Comercio” del 12 de febrero pasado. Un testimonio de José Antonio Aguilar respecto a esta situación fue replicado por radio La Luna, el día 3 de febrero de este año, pocos días antes de su muerte.

En los momentos actuales, el predio El Pambilar se ha convertido en una zona de permanente confrontación por lo que las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente al cumplimiento de la resolución de la Corte Constitucional, esto es que El Pambilar sea efectivamente revertido al Estado, lo que se traduce en que el Ministerio del Ambiente concurra a realizar las acciones tutelares que le corresponden.

Sin embargo, lo que ocurre en el Pambilar no es excepcional en relación con la situación de violencia que vive la provincia de Esmeraldas, que puede efectivamente constatarse en los reportes cotidianos de los medios de comunicación y que representa a todas luces un escenario de vulnerabilidad especialmente para las organizaciones sociales y las comunidades insertas en conflictos de carácter socio - ambiental.

Exhortamos a la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia para que de manera urgente active su competencia de vigilancia activa de los derechos humanos en Esmeraldas y emita las recomendaciones a las autoridades competentes que puedan ayudar a contener los factores de riesgo para los habitantes de la provincia.

Así mismo, solicitamos que la Fiscalía General emprenda una investigación exhaustiva que esclarezca los móviles, autores y circunstancias de la muerte del líder José Aguilar y su esposa, para que estos crímenes no queden en la impunidad y se prevengan ataques contra otros lideres comunitarios y sus familias.

Finalmente, invitamos a los medios de comunicación a monitorear y denunciar la situación de violación de derechos humanos en la provincia de Esmeraldas, el estado en todo el país de los defensores de la naturaleza así como la del proceso de restitución al Estado del Predio Pambilar.

Atentamente,

Elsie Monge
CEDHU

Cecilia Chérrez
ACCIÓN ECOLÓGICA

Sandra Naula
INREDH

Nora Fernández
CDES

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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