Corredor Interoceánico criminaliza mujeres en Chiapas para imponer la Línea K

Mediante comunicado difundido el pasado jueves (29), el CDH Digna detalla que los organismos federales —encargados por la operación de las líneas férreas que integran el proyecto—, junto con la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT), interpusieron la demanda penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra tres mujeres del municipio de Pijijiapan, así como cuatro mujeres y un hombre del municipio de Arriaga con el objetivo de exigir la entrega del derecho de vía ferroviaria.

Para el Centro de Derechos Humanos, la acción penal constituye un acto de criminalización contra población civil en situación de vulnerabilidad, en su mayoría mujeres, en el contexto de la implementación del CIIT.

En entrevista con Avispa Mídia, Nataniel Hernández Núñez, miembro del centro, sostiene que la criminalización de las familias, quienes viven desde hace más de 20 años en el lugar, tiene su base en el decreto presidencial, emitido en mayo del 2023 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para catalogar a los megaproyectos de infraestructura como el CIIT y el Tren Maya bajo el concepto de seguridad nacional y así acelerar su construcción.

El abogado señala que dicha maniobra dio margen a la modificación posterior de la Ley de Bienes Nacionales, particularmente el artículo 150, el cual establece y tipifica el delito de invasión o de ocupación, “como en este caso particular, sobre el derecho de vía que reclama el megaproyecto ferroviario” y cuya dimensión total es de 30 metros de ancho.

Para Hernández, el andamiaje jurídico, posibilitado por el decreto presidencial, hace uso de dicho delito como una medida preventiva para asegurar el avance de la construcción y puesta en marcha del CIIT. Específicamente,  en la costa de Chiapas atraviesa la Línea K, una vía de 472 kilómetros que conectará el Istmo oaxaqueño con infraestructura portuaria en Tapachula, frontera con Guatemala. “Previendo el escenario, en caso de que la gente se opusiera a entregar de manera voluntaria, tenían que proceder legalmente ante la Fiscalía General de la República; eso es lo que está pasando”, detalla el litigante.

Criminalización

Aunque oficialmente las obras para la rehabilitación de la vía férrea comenzaron en 2023, desde hace cuatro años funcionarios del CIIT intentaron negociar con las familias para desocupar sus casas que se ubican dentro del derecho de vía. No obstante, habitantes de Arriaga y Pijijiapan se han resistido debido a que, argumentan, se les ha querido imponer el plan de reubicación sin contar con condiciones dignas de vivienda.

Entre sus quejas, señala el abogado, se encuentra el hecho de que familias enteras han sido reubicadas en fraccionamientos con viviendas “en pésimas condiciones”, e incluso otras han sido relocalizadas sin considerar si les convenía a las personas desplazarse de un ambiente rural hacia la cabecera municipal o viceversa, alterando con ello sus modos de vida.

“La situación se complicó a finales del año pasado, cuando en noviembre presentaron la denuncia penal ante la FGR. Lo que identificamos en esta criminalización es que se trata de mujeres en su mayoría, señoras en condiciones de edad que oscilan arriba de los 50 años, jefas de familia en condiciones que, básicamente, son el sostén económico y que les ha costado por muchos años poder tener su patrimonio”, complementa Hernández.

De acuerdo con el abogado, la estrategia del gobierno federal busca dos cosas: someter a las personas a un proceso judicial donde se les impondrá una pena, lo que implicaría hasta prisión preventiva, y que además un juez federal ordene un desalojo por la fuerza sin poder garantizar la recuperación del patrimonio de las familias.

El CDH Digna reclama que estos hechos configuran un patrón de criminalización de la pobreza, al utilizar el sistema penal para presionar, intimidar y desplazar a familias en situación de vulnerabilidad, lo cual contraviene los principios de proporcionalidad, mínima intervención penal y justicia social. “Recordamos que los desalojos forzosos sin garantías procesales, sin consulta previa, sin alternativas de reubicación digna y sin reparación del daño constituyen violaciones graves a derechos humanos, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostiene.

Para los defensores chiapanecos, estos hechos se inscriben en un contexto más amplio de implementación de megaproyectos federales, en el cual diversas comunidades han denunciado la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, así como riesgos de despojo territorial, desplazamiento forzado, ruptura del tejido comunitario y afectaciones a medios de vida.

Nataniel Hernández detalla que, a pesar de que se han realizado reuniones con funcionarios del CIIT y ayuntamientos, no existe el compromiso del gobierno para desistirse de la denuncia penal e incluso denuncia el “uso maquiavélico” del sistema de justicia al mantener mesas de diálogo pero continuando con la acción penal.

Según el abogado, durante la implementación y operación del CIIT —cuyo tránsito está suspendido desde el pasado 28 de diciembre tras el  descarrilamiento sucedido en Oaxaca—, el megaproyecto ha presentado irregulares, tanto en la planificación como en su ejecución. Como ejemplo, menciona las problemáticas al pretender dejar solo un par de pasos de vías en las cabeceras municipales, lo cual obtuvo resistencia de comunidades para mantener sus cruces por donde atraviesan las vías férreas. 

También señala que, en el municipio de Pijijiapan existe una resistencia ciudadana que ha frenado el avance de las obras que buscan conectar la línea férrea en dirección del municipio de Huixtla. Sobre todo, pobladores de la región denuncian que la manera en que se han construido las vías elevadas está provocando el bloqueo de los drenes fluviales, con lo cual prevén encharcamientos o incluso inundaciones para la próxima temporada de lluvias. 

Por último, el abogado Hernández hace énfasis en un llamado de solidaridad con el caso de las familias criminalizadas, pues señala que esta es una más de las consecuencias por el despojo que deriva del megaproyecto, en el cual tampoco se realizó una consulta libre, previa e informada, imponiendo por la fuerza y con argumentos como el de seguridad nacional, con las consecuencias que impactan actualmente en las poblaciones campesinas de la costa chiapaneca.

Fuente: Avispa Midia