Edición génica: ¿innovación científica o desregulación biotecnológica?
¿Quién decide qué tecnologías pueden liberarse al ambiente y bajo qué condiciones? La pregunta parece técnica, pero es profundamente política. Hoy vuelve a plantearse en Costa Rica con la edición génica, presentada como una innovación capaz de transformar la agricultura. Sin embargo, detrás de ese discurso reaparece un viejo debate: cómo conciliar la innovación con la bioseguridad, la transparencia y el interés público cuando persisten incertidumbres científicas.
Hace tres décadas, la industria biotecnológica prometió que los cultivos transgénicos reducirían el hambre, disminuirían el uso de plaguicidas y harían la agricultura más sostenible. La realidad fue distinta. El hambre persiste, el uso de agroquímicos continúa siendo elevado y el mercado mundial de semillas y plaguicidas está cada vez más concentrado en un reducido grupo de corporaciones.
Hoy esa misma industria promueve la edición génica bajo expresiones como “biotecnología de precisión” o “nuevas técnicas de mejoramiento”. El cambio de lenguaje no es casual: además de reflejar avances científicos, procura desvincular estas tecnologías de la controversia asociada a los organismos genéticamente modificados.
La reciente Declaración Latinoamericana en Defensa de las Semillas, la Biodiversidad y la Soberanía Alimentaria frente a la Edición Génica, aprobada por organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientales, académicas y ciudadanas, sostiene que la innovación no puede justificar el debilitamiento del principio precautorio ni de las normas de bioseguridad.
Costa Rica forma parte de este debate. El Decreto Ejecutivo N.° 44244-MAG incorporó la edición génica al marco regulatorio nacional mediante criterios que excluyen determinados organismos editados de evaluaciones de bioseguridad exigidas a otros organismos genéticamente modificados. La reforma es cuestionada por la ausencia de una amplia deliberación pública y por no solicitar el criterio de la Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad (CTNBio). Más que una actualización normativa, introduce una tendencia hacia la desregulación biotecnológica al flexibilizar controles.
La ausencia de ADN proveniente de otras especies no elimina los riesgos. Diversos estudios han documentado modificaciones no previstas, pérdidas de fragmentos de ADN y reordenamientos cromosómicos. Por ello, numerosos especialistas sostienen que estos organismos deben seguir sujetos a evaluaciones independientes y rigurosas, caso por caso y paso a paso, conforme al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.
Pero el debate trasciende la biología molecular. Las semillas constituyen un patrimonio biológico construido durante milenios por pueblos indígenas, comunidades campesinas y agricultores. Cuando este pasa a depender de patentes y tecnologías controladas por oligopolios, se concentra el poder sobre el sistema alimentario.
Las falsas promesas de mayor productividad, adaptación al cambio climático y menor uso de plaguicidas son las mismas que las formuladas para los transgénicos. La experiencia histórica aconseja prudencia. El hambre no obedece a la falta de ingeniería genética, sino a la desigualdad, la pobreza, la concentración de la tierra y modelos agrícolas orientados prioritariamente al mercado internacional.
El principio precautorio no frena la innovación, la hace socialmente legítima. Cuando existen incertidumbres científicas sobre posibles daños irreversibles para la biodiversidad o la salud, corresponde demostrar primero la seguridad de una tecnología antes de autorizar su liberación.
La discusión sobre la edición génica no enfrenta a la ciencia con el ambientalismo. Enfrenta dos concepciones del desarrollo: una que privilegia la desregulación para acelerar la incorporación de tecnologías patentadas y otra que exige que la innovación avance con transparencia, evidencia independiente y responsabilidad con las generaciones presentes y futuras. Ese es el debate que definirá quién decide el futuro de nuestras semillas, de nuestra biodiversidad y, en buena medida, de nuestra soberanía alimentaria.
Jaime E. García González , Profesor catedrático jubilado, UCR-UNED | biodiversidadcr@gmail.com
Fuente: Semanario Universidad
