Ejército peruano asesinó a cinco comuneros en montaje de operación antidrogas

El ataque ocurrió la mañana del sábado (25) en el distrito Colcabamba, en la región Huancavelica, ubicada en el sur andino del Perú. Los militares dispararon alrededor de 60 proyectiles de armas de largo alcance contra el vehículo en que se movilizaban jóvenes campesinos que participaban en celebraciones por el aniversario de su comunidad.

Esta localidad es un corredor de bandas de tráfico de cocaína. El VRAEM abarca territorios de la selva de las regiones Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Cusco, bajo régimen de seguridad especial desde 2007 debido a la violencia del narcotráfico en alianza con remanentes de Sendero Luminoso. 

Según la primera versión de los militares, las víctimas iban armadas y abrieron fuego, pero no se encontraron armas ni drogas en el auto. En la intervención resultaron gravemente heridas dos personas. De acuerdo al acta de detención del ejército, un tercer sobreviviente reconoció dedicarse al traslado de droga.

Ricardo Jampier Acuña Quispe, de 20 años, aclaró que la declaración la realizó bajo amenaza. “Me amenazaron con armas diciendo que me van a disparar, me van a matar”, relató. Denunció, además, que amenazaron con matar a su familia si no firmaba el acta. 

Un dato relevante de su testimonio es que los militares estaban vestidos de civil y con capuchas, por lo que el conductor del vehículo intentó alejarse, creyendo que se trataba de un asalto. Las irregularidades de la intervención, ejecutada sin presencia de policías antidrogas, lo usual en estas acciones, son investigadas por el Ministerio Público. Los ocho militares que participaron en el operativo serán procesados por homicidio y exceso de fuerza. 

La defensa legal de los comuneros solicitará garantías para la seguridad de los tres sobrevivientes de la matanza de Colcabamba, a quienes la Fiscalía de Derechos Humanos cambió su condición de detenidos a agraviados. Desde las comunidades campesinas de Huancavelica denuncian que los familiares de las víctimas, quechuahablantes en su mayoría, tienen inconvenientes para acceder a información en las instituciones públicas.

Por su parte, la policía intenta sostener el relato de criminalización de las víctimas. Según el comandante general de la institución, uno de los abatidos tiene nacionalidad colombiana y antecedentes internacionales por tráfico de armas. 

Criminalización en coyunturas políticas

Esta es la segunda intervención armada en un mes por parte del ejército en la zona de emergencia del VRAEM, en el contexto de las elecciones presidenciales.  

El 29 de marzo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas abatió a dos presuntos narcoterroristas, en la región Ayacucho. Según el Ministerio de Defensa, se trataba de dos integrantes de Sendero Luminoso.

“Las patrullas continúan intensificando las operaciones contra las columnas terroristas en la región. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reafirma su compromiso de seguir informando sobre el desarrollo de las operaciones y felicita al personal participante por su compromiso, valentía y espíritu de servicio, ratificando su misión de garantizar la integridad territorial y la seguridad de la población”, señala un comunicado del gobierno peruano.

El discurso y el despliegue de las fuerzas armadas sobre el terrorismo o narcoterrorismo es utilizado en el Perú en coyunturas políticas puntuales, como una estrategia de estigmatización por ideología asociada a las organizaciones de izquierda. En vísperas de las elecciones de 2011, 2016 y 2021 se registraron supuestos ataques terroristas en la zona de emergencia y la aparición de mensajes subversivos.

Sendero Luminoso abandonó la lucha armada en 1993, tras la captura de su líder, Abimael Guzmán. Lo que subsiste hasta hoy es una facción despolitizada que opera como guardia armada del narcotráfico.  

Los movimientos sociales señalan la matanza en Colcabamba como una táctica institucional. “Este hecho no es un simple error operativo, sino que evidencia una lógica perversa de disparar primero y preguntar después. Revela cómo la violencia estatal golpea a los sectores más empobrecidos y relegados”, manifiestan en un comunicado organizaciones estudiantiles y de los territorios.

Perú, alineado con política norteamericana contra narco y terrorismo

La lucha contra el narcotráfico y narcoterrorismo en América Latina se enmarca en la nueva estrategia regional de Estados Unidos (EEUU), suscrita el 5 de marzo por cerca de 20 países, entre ellos el Perú, segundo productor mundial de cocaína. 

En el acuerdo, Washington subraya su posición de “promover la paz a través de la fuerza” en el hemisferio donde EEUU considera los cárteles de México y Colombia como sus principales objetivos. 

En Ecuador, actualmente soldados estadounidenses asesoran y apoyan a las fuerzas armadas nacionales en operaciones contra el narcotráfico. Así, EEUU extiende el despliegue de su operación “Lanza del sur”, iniciada con los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico de Venezuela en los que suman 170 asesinatos de pescadores señalados como narcotraficantes.

Mientras Estados Unidos sostiene un discurso de lucha contra el narco en Latinoamérica, avala a líderes políticos involucrados en el crimen organizado. Un ejemplo es el caso de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras sentenciado en 2024 por la justicia de EEUU a 45 años de cárcel por narcotráfico, el cual fue indultado por Donald Trump.

Fuente: Avispa Midia